El proceso de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Caja Fiscal) entró en una fase de negociación política tras la postergación de su estudio en el Senado para el 25 de marzo.
En este escenario, el economista Julio Fernández, jefe senior del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), subrayó que la transparencia técnica es una condición indispensable de responsabilidad macroeconómica.
“Cada modificación en edad, aportes, tasas de sustitución o transición altera la trayectoria financiera del sistema. Debatir una reforma de esta magnitud sin cálculos actuariales públicos introduce un riesgo fiscal innecesario. Las decisiones previsionales impactan a 10, 20 o 30 años. No pueden adoptarse sin evidencia cuantitativa verificable”, expresó el profesional en una entrevista con ABC.
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Para Fernández, es natural que el proyecto transite desde una etapa técnica hacia una negociación política en el Legislativo. Sin embargo, advirtió que el peligro radica en perder el “ancla actuarial” que justifica la reforma.
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Más allá de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó en su web el pasado 13 de febrero el informe actuarial que respalda la versión aprobada ocho días antes por la Cámara de Diputados, el economista sostiene que la premisa de transparencia debe mantenerse vigente ante las nuevas modificaciones que se perfilan en la Cámara Alta.
El objetivo central del proyecto actual, desde la óptica de Fernández, es realizar un “control de daños” para evitar que el déficit fiscal de la Caja “se vuelva explosivo en el corto plazo”.
En ese sentido, explicó que si el Senado introduce ajustes que diluyen este propósito sin un respaldo técnico claro, el margen de maniobra del país para estabilizar sus cuentas se reduciría peligrosamente.
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Expectativas para el 25 de marzo
Ante la consulta sobre “el mejor escenario” tras el estudio del proyecto de Ley en la Cámara Alta, Fernández consideró que será con la definición de un texto que sea “técnicamente consistente, con respaldo actuarial claro, y con parámetros que efectivamente estabilicen el déficit en términos relativos”.
Argumentó que si se logra contener el crecimiento del rojo fiscal mientras la economía crece, el tamaño relativo del problema disminuye, lo que daría un respiro al sistema y evitaría tensiones macroeconómicas.
Paralelamente, Fernández manifestó que su preocupación radica que, ya sea por razones políticas o electorales, se diluyan los ajustes necesarios para la contención del déficit.
En este caso, detalló que la problemática, lejos de desaparecer, se trasladaría a otros sectores.
“Primero impacta en la macroeconomía (mayor presión fiscal, menor espacio presupuestario, pérdida de credibilidad), y luego termina afectando la microeconomía: a través de inversión, empleo y poder adquisitivo”, sostuvo el economista, apuntando a que las crisis previsionales “siempre empiezan como un problema contable y terminan como un problema económico general”.
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Plazos y costos de la demora
Sobre la postergación del estudio hasta el 25 de marzo, Fernández planteó que el tiempo puede ser un aliado si se utiliza para recalcular escenarios y transparentar supuestos.
No obstante, recordó que en materia previsional “el tiempo no es neutral”, ya que cada día de retraso aumenta el stock de la deuda y agrava la crisis.
De acuerdo a los datos del MEF, el déficit del sistema de jubilación del sector público aumenta en US$ 1 millón diarios, y que, en un escenario sin reformas, el 100% del déficit de la Caja en 2028 deberá ser cubierto con impuestos generales, que pagamos todos los ciudadanos.
Dicho saldo negativo representaría aproximadamente US$ 683 millones según las estimaciones actuariales de la cartera económica.
Parte de la argumentación del ministerio para impulsar los cambios propuestos es que, con ese monto estimado, calculan que se podrían financiar la construcción de 10 hospitales de alta complejidad, la pensión para el 86% de la población adulta mayor, la refacción de 350 centros educativos, la pavimentación de más de 3.200 kilómetros de rutas asfaltadas y la ejecución de 16.000 hectáreas de alcantarillado sanitario.