El Estado paraguayo deberá garantizar un pago anual mínimo de unos US$ 50 millones a la Sociedad de Objeto Específico (SOE) que pretenden conformar entre la estatal emiratí Etihad Rail, con el 75% de participación, y Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa), con el 25%, para viabilizar el proyecto del tren de cercanías entre Asunción e Ypacaraí.
Según Fepasa, una vez que el sistema entre en funcionamiento, el Estado deberá asegurar ese desembolso durante unos 15 años, plazo en el que prevén cancelar la deuda que se contrajo para la construcción y puesta en operación del sistema.
Parte de los recursos provendría de la recaudación del propio sistema, estimada entre US$ 10 millones y US$ 14 millones anuales, considerando una tarifa inicial de G. 5.000 por pasaje. El monto restante, alrededor de US$ 40 millones por año, deberá ser cubierto con subsidio estatal.
De este modo, la subvención al tren de cercanías sería cercana a la que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) destina actualmente al subsidio de todo el sistema de transporte público del área metropolitana de Asunción. En 2024, el Estado pagó G. 347.408 millones (US$ 44,5 millones al cambio de ese momento) a los transportistas, mientras que el año pasado el monto ascendió a G. 402.980 millones (US$ 63,9 millones al cambio actual), de acuerdo con los datos oficiales.
El presidente de Fepasa, Facundo Salinas, señaló que, una vez cancelada la deuda estimada entre US$ 400 millones y US$ 450 millones que demandará el proyecto, los aportes estatales disminuirían y el sistema podría sostenerse con los ingresos por pasajes, cubriendo los costos operativos y de mantenimiento.

Fideicomiso para garantizar pagos
Salinas explicó que la Ley N.° 7.434 “De la reforma del tren de cercanías” autoriza al Poder Ejecutivo a constituir uno o más fideicomisos de garantía y liquidez para cumplir con las obligaciones derivadas del proyecto, esquema que se mantendrá.
El instrumento permitirá cubrir compromisos firmes y contingentes del Estado y de Fepasa, así como eventuales costos derivados de controversias contractuales durante la ejecución del plan.
En el fideicomiso deberán depositarse los ingresos provenientes de la venta de pasajes, de la explotación comercial del servicio y del subsidio estatal anual necesario para sostener el sistema.
La normativa establece que el fideicomiso será administrado financieramente por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), en un patrimonio separado conforme a la Ley N.° 921/96 de Negocios Fiduciarios, mientras que el Estado actuará como fideicomitente a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que deberá garantizar los subsidios requeridos.
Salinas defendió el esquema al afirmar que el fideicomiso brinda seguridad a los inversionistas, ya que los recursos destinados a recuperar la inversión quedan separados de la administración estatal directa.
Indicó que el modelo es similar al utilizado en proyectos viales, como las rutas PY02 y PY01, concesionadas mediante Alianza Público-Privada (APP), donde los ingresos se concentran en cuentas específicas para garantizar el repago de las inversiones (la mayor parte de los pagos también subvenciona el Estado).

Plantean modificar la ley para adjudicación directa
El Poder Ejecutivo pretende modificar la Ley N.° 7.434 para habilitar la adjudicación directa del proyecto mediante un acuerdo de “gobierno a gobierno” (G2G) con Emiratos Árabes Unidos, lo que permitiría conformar la sociedad entre Fepasa y Etihad Rail sin un proceso licitatorio.
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Actualmente, la normativa establece que el proyecto debe ejecutarse mediante licitación pública, por lo que el Gobierno impulsa el cambio legal para concretar la alianza con la estatal emiratí.
En la práctica, el modelo planteado replica mecanismos utilizados en proyectos de Alianza Público-Privada, aunque en este caso se propone modificar la normativa para evitar el proceso competitivo.
El titular de Fepasa señaló que el aporte estatal podría disminuir si se generan ingresos adicionales, por ejemplo mediante la explotación comercial de estaciones, publicidad, estacionamientos y desarrollos inmobiliarios vinculados al proyecto.
