Si bien con el conflicto de Medio Oriente y el bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte del gobierno Iraní, el precio del barril de crudo de Brent cerró a US$ 94, alcanzando picos históricos de aumento, aún no se define como impactará en los precios del combustible de Paraguay, aunque algunos emblemas anunciaron un aumento desde el lunes.
Históricamente, por cada aumento de G. 200 del precio del diesel, el precio del pasaje aumenta G. 50, por lo que si se registra un aumento del combustible, impactaría directamente en el precio del pasaje del transporte público, sobre todo influiría en la tarifa técnica.
César Ruiz Díaz, titular de Cetrapam, aseguró que la tendencia es alcista, pero que eso es algo que no siente el pasajero, ya que por lo general se cubre con el subsidio que da el Estado Paraguayo al pasaje. Agregó que, considerando que hasta ahora el Viceministerio de Transporte no cuenta con la tarifa técnica del pasaje del año 2025, recién se modificaría en cuatro o cinco meses después de la nueva suba del combustible.
“Tanto la alza, como la baja la absorbe el subsidio. Entonces, lo que sube o lo que baja es el monto del subsidio y no lo que paga el pasajero. Estamos en un año político electoral, no existe político que se anime a ponerte la tarifa para arriba de los pasajeros que tienen que pagar. Van a tocar el subsidio, obviamente”, aseguró.
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Ruiz Díaz tilda de “mentiroso” a viceministro
Consultado sobre si existen conversaciones con el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, respondió que no, porque “no nos gusta hablar con gente que miente”.
Citó que una de esas mentiras fue la promesa de contar con una tarifa técnica en la que se establecería una estructura de costos para determinar el pasaje ya en julio del año pasado; sin embargo, a marzo de este año, aún no cuentan con la misma, ni como tampoco existen indicios de la aplicación o reglamentación de la reforma del transporte público.
“Está pasando lo que presagiamos, donde el proyecto de ley lo que hacía era insuflar ánimos a la ciudadanía, creyendo que al salir la ley, al día siguiente viajábamos todos en platillos voladores. Eso es lo que se pintó. Esa es la realidad. Hoy todo sigue igual, porque es un proceso donde castigaron al transporte público por espacio de 10 años y va a tardar otros 10 años en sobrevivir, en reponerse y hoy le siguen haciendo daño porque hay empresas que siguen quebrando”, criticó.
Agregó que esta situación se da porque el gobierno está lleno de paracaidistas (personas que caen en cargos sin preparación), ya que incluso no pudieron sostener un carril exclusivo para ómnibus en la ruta Transchaco, mientras que destacó que el sistema de transporte público nocturno, conocido como Búho, es administrado por el sector privado.
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“Claro que funciona bien, pero ¿por qué?, porque se paga por kilómetros recorridos a la persona, a la empresa de transporte que hace Búho no le importa si lleva 1 ó 5.000 pasajeros, porque cobra por kilómetros recorridos y esa es la prueba de lo que yo siempre digo. Vos querés un servicio de excelencia, cuesta dinero, cuesta plata”, señaló.
El sistema Búho actualmente es manejada por un consorcio integrado por la empresa Ñandutí y Automotores Guaraní S. R. L., los cuales pusieron a operar 22 ómnibus, 10 por San Lorenzo y Eusebio Ayala y 12 por la avenida Mariscal López, además de que para el lunes entrarían en el ramal de la avenida Aviadores del Chaco.
Tarifa técnica no se actualiza desde el 2025
Ruiz Díaz reconoció que el subsidio existe en todo el mundo y se implementa a fin de evitar que el pasajero pague una tarifa cara, además de que “el problema no es que el pasaje sea caro, el problema es que el sueldo es bajo”.
Agregó que el plan de la reforma del transporte público está en cámara lenta porque tienen que reglamentarla, además del déficit fundamental ante la definición de la fuente de financiamiento para una inversión necesaria de aproximadamente US$ 300 millones, más en un contexto en el que el gobierno está atrasado con el pago a constructoras, vialeras, farmacéuticas, etc.
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Solo en concepto de subsidio a las empresas de transporte el gobierno debe aproximadamente US$ 5 millones, que corresponde a una compensación del año 2025 y a enero de este año.
“Ellos se dan cuenta de que tienen que pagar cuando los ómnibus empiezan a parar”, concluyó.