Eddie Jara renunció hoy como presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar) y el presidente de la República, Santiago Peña, nombró en su reemplazo como titular interino a William Wilka, quien ya se desempeñaba como mano derecha de Jara. Wilka es conocido en el ámbito como el “eterno jefe interino” de la estatal en tiempos de crisis.
La gestión de Jara se caracterizó por mantener cerradas las puertas de la institución a la transparencia y estuvo marcada además por denuncias de posibles hechos de corrupción que se detallan a continuación.
Del caso Lafarja a la firma catarí
Apenas un mes después de asumir el cargo, su administración ya fue salpicada por apurar una contratación por la vía de la excepción para la compra de gasoíl a la empresa AP SA, de la corredora de rally Andrea Lafarja Bittar, por un monto máximo de US$ 51,5 millones.
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Dicha firma no pasaba de ganar contratos por montos ínfimos para proveer alfombras, decoración y mobiliario, pero fue beneficiada con el millonario contrato rubricado el 28 de setiembre de 2023. El acuerdo finalmente fue rescindido por incumplimiento y la garantía del fallido contrato, por US$ 1,5 millones, al parecer nunca se recuperó. El caso fue judicializado y no se conoce el acuerdo al que se llegó con la compañía de la corredora de rally para el recupero de la caución.

Tras el fracaso de esta compra de gasoíl, a más de un año la administración de Jara volvió a contratar, el 30 de setiembre de 2024, a otra empresa desconocida para la provisión del combustible. Esta vez fue la firma catarí Doha Holding Group LLC, ligada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
La compañía extranjera ya acumula un año y medio sin entregar una sola gota del gasoíl que debía proveer por más de US$ 61 millones. Pese a ello, Jara le otorgó 10 prórrogas a la firma, la última hasta el 30 de abril, con lo que se ha venido evitando la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, superior a US$ 3,5 millones.
Pero pese a estos incumplimientos, Jara no aprendió la lección de contratar empresas posiblemente “de maletín”, pues el 7 de abril de 2025 volvió a adjudicar la provisión de gasoíl a otra dudosa compañía, cuyo contrato también fue rescindido por incumplimiento.
Otro fallido contrato
Se trata de Evolution Group, una firma desconocida de Emiratos Árabes Unidos a la que adjudicó la provisión de gasoíl por US$ 24 millones, pero que nunca cumplió con el suministro. La poco transparente Petropar tampoco informó si llegó a ejecutar la garantía de fiel cumplimiento por US$ 1.204.652 del fallido contrato.

Firma de limpieza que funcionaba en un “copetín”
Otro de los escándalos que salpicó a Jara fue la contratación de la empresa Faluci SA, representada por Carmen Sosa Said (firmante del contrato), para el servicio de limpieza de sus oficinas. El contrato fue rubricado el 8 de agosto del 2025.
Un equipo de ABC visitó la dirección declarada por la compañía en la ciudad de Villa Elisa, a la que la estatal adjudicó un contrato por G. 4.220 millones. En lugar de encontrarse con un edificio corporativo de una empresa que manejaría casi medio millón de dólares en un solo contrato, el equipo periodístico halló una humilde edificación donde funcionaba un “copetín” y se realizaban servicios de fotocopias y activación de líneas telefónicas.
El polémico tren de molienda
Otro cuestionmiento en Petropar fue el lanzamiento de una nueva licitación a comienzos de este año, por más de US$ 20 millones, para “terminar” el tren de molienda de caña de Troche, pese a que gran parte de la obra y de los equipos ya estarían ejecutados, según la empresa contratista EISA, cuyo contrato fue rescindido.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) incluso ordenó modificar el pliego, pero tras una medida cautelar que favoreció a la anterior contratista, existe incertidumbre sobre lo que ocurrirá con la nueva planta, en medio de amenazas de movilizaciones de los cañicultores.

Entre otros llamados cuestionados de Petropar también figura el caso de las denominadas “bolsas de oro”, una licitación de octubre del 2024 con precios sobrefacturados para la compra de artículos de “promoción de productos y servicios”.
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La petrolera pública pretendía gastar hasta G. 2.000 millones en esta convocatoria y tenía previsto pagar, por ejemplo, G. 98.333 por una bolsa con su logo que en el mercado costaba menos de G. 4.000. Finalmente, el llamado fue cancelado.
Análisis de declaración jurada estaría listo la próxima semana
La renuncia de Eddie Jara se da en medio del análisis documental y financiero que realiza la Contraloría General de la República (CGR) sobre sus Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR), cuyo informe estaría listo la próxima semana.
Fuentes del ente de control señalaron que el proceso está en su etapa final y que solo faltan algunos datos vinculados a la camioneta Toyota Land Cruiser utilizada por la diputada Johana Vega para repartir flores, hecho que también fue incorporado al análisis.
“El informe está en un 90%. Faltaban algunos informes de la DNIT sobre ciertas cuestiones financieras y el hecho nuevo de la camioneta. Se pidió información tanto para él como para la diputada. Ese es el último informe que estamos esperando. Creemos que en las próximas semanas estaremos emitiendo el documento”, explicó esta tarde el subcontralor Augusto Paiva.
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Entre las seis observaciones formuladas, la Contraloría destaca autoasignaciones de viáticos sin respaldo migratorio, depósitos en efectivo por montos millonarios, transferencias desde cuentas de Petropar a su cuenta personal y un nivel de gastos que excede ampliamente sus ingresos declarados.

La Contraloría detectó depósitos en efectivo por G. 1.001 millones en cuentas de Eddie Jara en los bancos Itaú y Basa, montos que no guardan relación con salarios ni ingresos declarados. Asimismo, identificó transferencias mensuales ordenadas desde la cuenta de Petropar en Itaú a favor de Jara, acreditadas en su cuenta del Banco Basa, por un total de G. 496 millones.
El informe también menciona movimientos de alto valor en su cuenta del Banco Itaú, con operaciones por G. 890 millones, G. 433 millones y G. 600 millones en plazos breves y sin documentación que justifique su origen o destino.
Además, entre 2023 y 2025 la CGR detectó erogaciones por más de G. 3.099 millones frente a salarios verificados por G. 1.136 millones, lo que deja un déficit cercano a G. 1.963 millones, que “indicaría la existencia de otras fuentes de financiamiento de origen desconocido o aún a determinar”.
El organismo también señala transferencias desde su cuenta del Banco Basa a terceros por más de G. 1.152 millones sin respaldo documental. En su declaración jurada de 2023, Jara además consignó G. 250 millones en efectivo y G. 3.500 millones en “cuentas a cobrar”, entre ellas un préstamo de G. 2.800 millones a Edith Marilin Ayala de Macchi, cuyo esposo opera un servicentro de Petropar en Caacupé.


