La situación de las empresas constructoras frente la deuda del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) comenzó a mostrar una mejora en los últimos meses, principalmente a partir de una mayor inyección de recursos para atender los certificados de obras pendientes.
Aunque el Gobierno aceleró el desembolso de recursos, los compromisos pendientes todavía representan un fuerte peso para el Estado. Es que los certificados de obra por pagar se redujeron, pero los intereses derivados de los atrasos continúan acumulándose.
Según explicó a ABC José Luis Heisecke, presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), entre abril y mayo el Gobierno destinó unos US$ 150 millones al sector. A esto se sumaron otros US$ 50 millones en junio y alrededor de US$ 100 millones en julio, que consideró un empuje bastante fuerte.
En total, según el representante del gremio, la inyección de recursos entre abril y julio habría alcanzado unos US$ 300 millones, lo que permitió reducir de manera importante el volumen de certificados pendientes de pago.
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Deuda a constructoras: el monto actual
Heisecke señaló que actualmente la deuda correspondiente a certificados ronda los US$ 120 millones, aunque aclaró que el monto varía constantemente debido a los pagos que se van realizando.
“Respecto a las deudas, el MOPC, desde que hubo un cambio de ministro de Economía y Finanzas, un poco ha cambiado sus políticas financieras y económicas. Ha dado un espacio a las empresas constructoras”, afirmó.
Sin embargo, el descenso de la deuda por certificados no significa que el problema haya quedado resuelto.
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Los intereses, la otra cuenta que sigue creciendo
El principal reclamo de las constructoras actualmente está puesto en los intereses generados por los atrasos en los pagos.
Heisecke explicó que las empresas tienen contratos en los que se establecen plazos de pago de 60 o 90 días, dependiendo de cada caso. Cuando esos plazos no se cumplen, las constructoras deben recurrir al sistema financiero para sostener sus operaciones mientras esperan el pago del Estado.
“Vos sabés que si nosotros no cobramos a los sesenta o noventa días, dependiendo de cada contrato, nosotros tomamos crédito financiero en los bancos”, explicó.
Por eso, el gremio reclama que el Estado reconozca los intereses establecidos contractualmente.
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“Lo único que solicitamos es que esos intereses sean reconocidos, porque así dice el contrato”, sostuvo el titular de Capaco.
Según el representante de las constructoras, esta cuenta ya supera ampliamente el monto de los certificados pendientes. Estimó que actualmente los intereses rondan los US$ 160 millones.
De esta manera, entre los aproximadamente US$ 120 millones correspondientes a certificados y los US$ 160 millones de intereses, la obligación acumulada se ubicaría en torno a los US$ 280 millones, de acuerdo con los datos proporcionados por Capaco.
Heisecke insistió en que el reclamo por los intereses es actualmente uno de los principales puntos de preocupación del sector.
“Estamos un poco empujando de que podamos cobrar eso, así también nosotros poder cumplir con el sector financiero”, afirmó.
El aumento de la ejecución del MOPC
El escenario se produce mientras el MOPC viene acelerando la ejecución de su presupuesto destinado a inversiones. la cartera llegó al cierre de julio con una ejecución presupuestaria del 55% en el Nivel 500, correspondiente a principalmente a inversiones en obras, de acuerdo con el último reporte.
El Plan Financiero vigente para este nivel asciende a G. 4,85 billones (aproximadamente US$ 700 millones al cambio actual). De este monto, la cartera estatal ejecutó G. 2,64 billones (US$ 452,7 millones) hasta julio, mientras que todavía tiene un saldo de aproximadamente G. 2,20 billones (US$ 337 millones) para los últimos cinco meses del ejercicio fiscal.
De esta manera, el comportamiento de julio muestra además un fuerte salto en comparación con el mismo mes del año pasado.
Durante el séptimo mes de 2026, el MOPC ejecutó G. 606.740 millones en el Nivel 500, frente a los G. 243.487 millones registrados en julio de 2025.
La diferencia representa un incremento interanual de aproximadamente 149%. Es decir, en julio de este año la cartera de Obras Públicas ejecutó más del doble de recursos que en el mismo mes del año pasado.
El aumento de la ejecución contribuyó a acelerar los pagos a las empresas, pero no elimina las obligaciones generadas durante el periodo en que los certificados permanecieron pendientes.
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Una salida que ahora está en manos del Estado
Mientras las constructoras reclaman el pago de los intereses acumulados, el Congreso avanzó con una iniciativa del Ejecutivo que busca establecer un mecanismo para que el MOPC pueda hacer frente al pago de los intereses.
La Cámara de Diputados dio ayer la sanción al proyecto de ley “Que autoriza el pago de intereses por certificados de obra y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”.
La propuesta tiene como objetivo autorizar al MOPC el pago de intereses moratorios derivados de obligaciones que no fueron canceladas dentro de los plazos establecidos en los respectivos contratos.
El proyecto establece el reconocimiento de intereses moratorios de hasta una tasa máxima del 9,9% anual.
Pero la propuesta no se limita a reconocer los intereses. También autoriza la emisión y colocación de títulos de deuda del Tesoro Público, con los que se buscará captar los recursos necesarios para afrontar estas obligaciones.
Los diputados utilizaron como base para el tratamiento de la iniciativa el dictamen de la Comisión de Presupuesto, que recomendó, en mayoría, la aprobación del documento.
De esta manera, el Estado avanza hacia una alternativa para atender una cuenta que se originó precisamente por los atrasos en el cumplimiento de sus compromisos contractuales.
Sigue el problema de la deuda
El problema de la deuda a las constructoras actualmente no se limita a cuánto debe actualmente el MOPC por certificados de obra.
El Gobierno consiguió reducir el monto de los certificados pendientes mediante una mayor ejecución y una aceleración de los pagos. Pero mientras esa deuda disminuía, los intereses derivados de los atrasos continuaron acumulándose.
Para las constructoras, el reconocimiento de esos intereses es fundamental para poder cubrir los costos financieros que asumieron durante la espera.
“Para nosotros un gran hecho fue que el Fondo Monetario Internacional pidió primero que se sinceren las cuentas y segundo que se honren esos compromisos”, señaló Heisecke cuando se le consultó respecto a que la meta de déficit fiscal se haya sincerado en 3,2% para este año y 3,9% para el año que viene.