La nota, fechada el 19 de agosto de 2026 e ingresada por Mesa de Entrada de la Presidencia de la República y dirigida al jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, llega después de que ambos profesionales participaran, el jueves 13 de agosto, de la primera sesión de la llamada Mesa Eléctrica, convocada por el Poder Ejecutivo para debatir la nueva institucionalidad del sector con miras al año 2050.
Según relatan en el documento, asistieron “con mucha expectativa” esperando que se trataran los temas urgentes que hoy comprometen al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Sin embargo, señalan que ninguno de esos puntos fue abordado con propuestas, planes de acción o cronogramas concretos.
En su lugar, afirman, el Gobierno expuso la intención de crear las dos nuevas instituciones sin una exposición de motivos basada en una necesidad técnica real, y sin que los anteproyectos de ley fueran presentados en la reunión. Los borradores llegaron recién al día siguiente.
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Los riesgos que enumeran
El documento detalla una serie de problemas que, según Ferreira y Cáceres, no admiten postergación:
- La incorporación de nuevas fuentes de generación, indispensables para evitar un déficit hacia 2030-2032.
- La definición de la tarifa de Itaipú a partir de 2027 y la eventual extensión del Acuerdo Operativo de 2007.
- El fin del acuerdo operativo de Itaipú, que tras 24 años obligaría a un aumento significativo en la contratación de potencia de la ANDE, con impacto también sobre Yacyretá.
- Un posible encarecimiento de la compra de energía por sobrecontratación: recuerdan que en 2003 la potencia contratada cayó de 713 MW a 400 MW, una reducción del 56%.
- La indefinición sobre los contratos de suministro del grupo de consumo intensivo especial (criptomonedas), que representan cerca de 1.300 MW y vencen a fines de 2027.
- El financiamiento insuficiente del Plan Maestro de la ANDE, con un déficit de inversión que superaría los US$ 600 millones anuales.
Como ejemplo de ese rezago, mencionan la Línea de 500 kV Yguazú-Valenzuela (200 km), obra clave para el sistema Central y Metropolitano cuya habilitación estaba prevista para 2025 y que, en el mejor escenario, recién entraría en servicio hacia fines de 2027. Agregan que ninguna obra de generación prevista en el Plan Maestro desde 2025 fue siquiera iniciada.
También citan que el crecimiento de la demanda supera el 18% anual, por encima de la capacidad de expansión de la infraestructura, y que el acuerdo tarifario de Itaipú de 2024 estableció la eliminación de los fondos sociales de la binacional a partir de 2027, de los cuales “solo una mínima parte” fue destinada hasta ahora a infraestructura del SIN.
Cuestionan la creación de nuevas instituciones
Para Ferreira y Cáceres, avanzar con el Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos y el Ente Regulador de Energía en el contexto actual sería, textualmente, “un error estratégico, una medida extemporánea y distractora”, que solo llevaría a “la pérdida de un tiempo valioso que el país no puede darse el lujo de desperdiciar”.
Sostienen que la conformación de ambas instituciones exige “un contexto de estabilidad, confianza y credibilidad política” que permita construir consensos amplios y sostenidos, condición que —según su lectura— no estaría dada mientras persista la crisis operativa y financiera del sistema eléctrico.
“El Paraguay exige soluciones ahora, no estructuras nuevas que prolongarán la inacción en un momento en que el sistema eléctrico exige respuestas rápidas, responsables y técnicamente fundamentadas”, plantean en las conclusiones de la nota.
Piden transparencia total en el sector
El documento reitera además un pedido de transparencia en el manejo de la información del sector, al que califican como “condición indispensable para cualquier proceso regulatorio serio”. Puntualmente solicitan:
- Que las resoluciones de los consejos de las binacionales sean publicadas de manera regular y accesible. Mencionan un pedido de copia de una resolución de Itaipú del 9 de mayo de 2024 que, según afirman, lleva más de 10 días sin respuesta.
- Que los consumos por nivel de tensión y por estación del SIN estén disponibles en línea, con datos actualizados y verificables.
“No es posible regular un sistema cuyos datos permanecen opacos. La transparencia es, en sí misma, la primera forma de regulación”, destacan en la nota, dirigida y firmada por ambos ingenieros ante el Gabinete Civil de la Presidencia.