El Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN 2027) con un presupuesto deG. 166.322.078.980.116 (unos US$ 25.754,4 millones), con más recursos para salud, educación, seguridad, infraestructura y protección social.
El exministro de Hacienda, Germán Rojas, analiza en esta entrevista con ABC Color los puntos ciegos y los mayores riesgos del PGN 2027. Si bien reconoce que el incremento en partidas a salud responde a demandas sociales urgentes, advierte que la falta de reformas tributarias y del gasto rígido amenaza la convergencia fiscal.
Rojas también habla, de los ingresos proyectados y el peligro de sacrificar la inversión pública en años electorales, detalla qué cuentas hay que sincerar y qué debería cuestionar el Congreso para evitar que la brecha estructural del Estado siga creciendo. La conversación tuvo el siguiente desarrollo:
1. El Gobierno presenta un presupuesto que aumenta con fuerza y, al mismo tiempo, eleva temporalmente el déficit fiscal. ¿Estamos ante un presupuesto que responde a las necesidades reales del país o ante una estrategia para postergar decisiones fiscales difíciles?
El aumento que presenta el presupuesto, de unos US$ 1.900 millones, responde a necesidades reales, en especial en el área de salud, donde destaca un incremento de US$ 260 millones destinados a insumos y medicamentos.
Sin embargo, estas adiciones, sumadas a la regularización de las deudas acumuladas con proveedores que se vienen gestionando, evidencia cómo se posterga el ajuste y la convergencia hacia el cumplimiento de la regla fiscal. En ese sentido, la trayectoria del déficit proyectada puede interpretarse efectivamente como una postergación de decisiones fiscales difíciles, aunque impostergables. Sin una reforma tributaria integral, solo se administra la brecha del déficit sin resolver el problema de fondo.
2. Si el Estado necesita recurrir a un déficit de hasta 3,9% del PIB para cubrir obligaciones acumuladas, ¿qué dice esto sobre la calidad de la gestión presupuestaria de los últimos años? ¿El PGN está sincerando las cuentas o simplemente trasladando el problema hacia adelante?
Por un lado, se están sincerando las cuentas y aplicando mecanismos de control más rigurosos para reducir la brecha estructural a niveles administrables, buscando mayor rigurosidad presupuestaria.
Por otro lado, la deuda flotante, que en esencia es un mecanismo de diferimiento de pagos, volvería a niveles razonables para evitar una acumulación excesiva que obstaculice la convergencia fiscal. En este proceso, el déficit ocasionado por la regularización de partidas no registradas es lo que termina originando este endeudamiento adicional.
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3. ¿Dónde ve el principal riesgo de este PGN: en el nivel de gasto, en la capacidad del Estado para recaudar los ingresos previstos o en el crecimiento del endeudamiento? ¿Qué cifra del proyecto le genera mayor preocupación?
El mayor riesgo reside en la estimación de la recaudación, tal como quedó expuesto en la ejecución presupuestaria de este año. Como en todo flujo de fondos proyectado, los gastos e inversiones se basan en cifras definidas, mientras que los ingresos, especialmente los tributarios, se construyen sobre supuestos macroeconómicos que no siempre se cumplen.
Un claro ejemplo es el menor ingreso asociado a la variación del tipo de cambio y a la dinámica económica: al cierre del primer semestre, el crecimiento del ingreso tributario estuvo ligeramente por encima del 2%, cuando se estimaba superior al 8%. Ante esta brecha, asumir endeudamiento adicional implica acumular un nivel de deuda más elevado que requiere un plan de recomposición de ingresos riguroso y creíble; de lo contrario, se activarán señales de alerta en las calificadoras de riesgo.
4. El Gobierno asegura que volverá al déficit de 1,5% del PIB en 2028. ¿Qué tendría que ocurrir para que esa meta sea creíble y qué tan probable es que nuevamente se termine justificando una postergación del ajuste?
La meta es exigente pero realizable, siempre que se generen iniciativas estructurales que sustenten el retorno a la regla fiscal. Me refiero concretamente a una reforma tributaria integral que amplíe la base de ingresos y a una reforma del gasto rígido, donde la más urgente e impactante es la reforma previsional.
Dado que estamos en un contexto donde se aproximan periodos electorales, este tipo de ajustes de gran calado tienden a postergarse. Por ello, no debe descartarse que el plazo de convergencia se amplíe o que la meta se cumpla sacrificando la inversión pública, lo cual sería altamente indeseable debido al atraso acumulado en infraestructura.
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5. ¿El aumento del presupuesto está generando mayor capacidad del Estado para prestar servicios o estamos frente a un crecimiento del gasto rígido, con poco margen para mejorar la calidad del gasto público?
Una parte del aumento se basa en una ampliación genuina de servicios, como se observa en la asignación al Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) y el refuerzo de partidas para insumos médicos.
Sin embargo, el grueso del incremento se concentra en una mayor rigidez: servicios personales (remuneraciones), transferencias corrientes y compromisos preasumidos, todo esto agravado por el escaso margen de reasignación interna. Por esta razón, resulta indispensable una mejora sustantiva en la calidad del gasto, respaldada por una revisión estricta y auditoría de los programas por resultados.
6. Si usted tuviera que recortar G. 1 billón del PGN, ¿de qué partida lo sacaría y por qué? Y, al contrario, ¿en qué área considera que el Gobierno debería gastar más?
Recortaría los gastos tributarios y exoneraciones que no cuentan con una contrapartida o beneficio social/económico verificable, así como los recursos destinados a funciones duplicadas en entidades públicas con superposición administrativa.
Ese ahorro lo reasignaría a dos pilares estratégicos: la inversión en infraestructura pública y la atención a la primera infancia (educación inicial y nutrición).
7. ¿El PGN refleja las prioridades que necesita el país para crecer o las prioridades políticas del Gobierno de turno? ¿Qué partidas permiten identificar con mayor claridad esa diferencia?
Refleja ambas. Por ejemplo, el énfasis en el sector salud responde a una necesidad real del país y a un reclamo social legítimo, pero al mismo tiempo atiende a presiones y negociaciones con los gremios del sector.
Un presupuesto genuinamente orientado a la productividad tendría una composición distinta: el país requiere, de manera impostergable, señales de inversión mucho más contundentes en infraestructura clave, educación técnica superior, investigación y desarrollo.
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8. ¿Qué debería cuestionar el Congreso durante el estudio del presupuesto y qué modificaciones al proyecto podrían terminar agravando el problema fiscal en lugar de solucionarlo?
El Congreso debería enfocar su revisión en tres ejes críticos:
- La validez de los supuestos macroeconómicos sobre los que se proyecta la recaudación.
- La ausencia de un cronograma explícito de reformas tributarias y del gasto que respalde la trayectoria de convergencia fiscal.
- La evaluación del gasto rígido mediante la revisión de la efectividad de cada programa.
Por otro lado, lo que terminaría agravando la situación fiscal sería que el Congreso Nacional apruebe modificaciones que incrementen la rigidez, tales como aumentos salariales generalizados sin fuente de financiamiento, la creación de partidas permanentes sin ingresos identificados o la apertura de nuevas instituciones públicas. Esto, lejos de solucionar el problema, consolidaría y ampliaría la brecha estructural del Estado.
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