En un análisis sobre la situación de las empresas electrointensivas, el experto Ricardo Canese sostiene que “se está vaciando al sistema eléctrico y vendrán los tarifazos”. Plantea que Paraguay debería exigir a los grandes consumidores que generen su propia energía, como ya se hace en otros países de la región.
Según Canese, incluso en la Argentina de Javier Milei, donde rige “el más absoluto neoliberalismo y extractivismo”, se exige que los data centers y las nuevas electrointensivas dispongan de hasta el 115% de la energía firme que van a requerir.
Esa exigencia consta en la Resolución 264/2026 de la Secretaría de Energía argentina, que modifica la Resolución 400/2025, según informó Infobae el 25 de setiembre. Para los data centers pide potencia firme equivalente al 115% de su demanda máxima.
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Qué exige Argentina y qué pasa en Paraguay
El umbral fijado en Argentina es el 0,5% de la demanda media, unos 80 MW. Canese afirma que Brasil adoptó una medida similar.
En Paraguay, en cambio, “Peña no exige ningún tipo de autogeneración”, afirmó el analista. Recordó que el presidente Santiago Peña firmó memorandos de entendimiento con X8-Cloud por 250 MW y con Taiwán por 1.000 MW.
Esa energía debería ser provista por la ANDE “a tarifas por debajo del costo”, según los decretos 5306, 5307, 5860 y 5861/2026, luego derogados por el propio Ejecutivo. Canese advirtió que el Gobierno “persiste en la misma idea de regalar nuestra energía, quizás por otros medios, como el Ente Regulador de Energía”.
Añadió que más del 90% de la potencia contratada por data centers corresponde a bloques de 100 MW o más. Una norma como la argentina afectaría a casi todos. Citó el caso de HIVE, que contrata 300 MW y declara 250 empleados, es decir, 0,83 empleos por MW.
Piden 10 años más de tarifa
Las electrointensivas contratan hoy 1.300 MW a US$ 44 por MWh y piden extender esa tarifa por 10 años, según publicó ABC el 3 de setiembre. Los contratos vigentes vencen el 31 de diciembre de 2027, como había prometido el Gobierno. Además, hay solicitudes por otros 6.300 MW.
Canese sostiene que Atome, que proyecta una planta de hidrógeno verde en Villeta, quiere “energía aún más regalada”, a US$ 30 por MWh.
Cabe recordar que Atome PLC notificó el 17 de setiembre un aviso de controversia con la ANDE y anunció que irá al CIADI si no hay acuerdo en tres meses. La empresa ofreció entre US$ 30 y 36, frente a los US$ 44 del pliego tarifario de la ANDE.
Por qué piden autogeneración
Según Canese, generar energía firme y ampliar la transmisión son procesos costosos. “La solar y la eólica son muy lindas, pero no proveen energía cuando no hay sol ni viento”, señaló.
Un data center necesita energía “las 24 horas del día los 365 días del año”. Si dependiera solo de energía solar con baterías, eso costaría “por encima de 200 dólares/MWh”, detalló.
Por eso, afirma, las electrointensivas no quieren autogenerar el 100% de su consumo, “sino extraerle la energía firme al sistema eléctrico nacional/ANDE, vaciándolo a tarifas regaladas”.
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El riesgo de faltante
El analista proyecta que, con las electrointensivas actuales y las nuevas solicitudes, la demanda seguiría creciendo al 14,4% anual. Con ese ritmo, faltaría energía hidroeléctrica en 2030, y hasta en 2029 o 2028 en condiciones desfavorables.
Sin electrointensivas, con el crecimiento histórico de 6% anual, el país se autoabastecería hasta 2039. “¿Qué significa perder 10 años de autonomía hidroeléctrica y, al mismo tiempo, estresar nuestras redes de transmisión?”, se preguntó.
Su respuesta: “Significa adelantar las inversiones de generación y transmisión, o bien endeudarle al país en unos 20.000 M US$”. Si el sobrecosto recayera sobre 3.500 MW a precio de mercado (US$ 100/MWh), el impacto superaría los US$ 2.500 millones por año.
La propuesta
Canese cuestionó también el aporte laboral del sector. Según su cálculo, el promedio de las empresas del país genera 721 empleos por MW contratado, frente a los 0,83 de HIVE.
Su propuesta es “que las empresas electrointensivas que quieran instalarse que se instalen, pero que autogeneren el 100% de la energía que requerirán, sin afectar al sistema eléctrico nacional”.
Ese sistema, agregó, “permite crear todo el empleo que hay en la República” (3,3 millones de puestos según estadísticas oficiales) y proveer electricidad “a costos razonables a la ciudadanía”.