El rector de la Universidad Nacional de Concepción, Clarito Rojas Marín, advirtió a la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) que los fondos que reciben las instituciones no acompañan el aumento de estudiantes. También reclamó la revisión de los límites impuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Durante la audiencia ante la CBP, realizada este jueves, el rector de la Universidad Nacional de Concepción (UNC), Clarito Rojas Marín, abrió la exposición en representación de las instituciones educativas del interior. Explicó que las universidades enfrentan dificultades para sostener sus servicios debido al aumento de las matrículas y las limitaciones de sus ingresos.
Uno de los principales reclamos fue la falta de actualización de las compensaciones que reciben las universidades por la aplicación de la Ley de Arancel Cero, vigente desde el 2020.
“Este arancel tuvo una escala de aplicación desde el año 2020 sin variación alguna”, afirmó Rojas ante los legisladores y señaló que esta situación afecta la capacidad para atender a nuevos estudiantes sin reducir la calidad de la enseñanza.
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Universidades públicas dependen hasta un 92% de recursos del Tesoro
Otro de los puntos que resaltó Rojas es que las instituciones públicas del interior antes dependían en menor medida de los fondos del Tesoro Nacional. Según los datos que presentó, las universidades podían sostener entre el 18% y el 19% de sus presupuestos mediante recursos propios, identificados como Fuente 30.
Sin embargo, ese margen se redujo después de los cambios legales que limitaron el cobro de aranceles universitarios. Actualmente, entre el 90% y el 92% de los recursos de estas universidades proviene de la Fuente 10, es decir, del Tesoro Nacional. Los ingresos propios representan apenas entre el 8% y el 9%, de acuerdo con lo expuesto ante la CBP.
Esta mayor dependencia de los fondos estatales reduce la capacidad de las instituciones para financiar necesidades que no cuentan con asignaciones presupuestarias suficientes.
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Cuestionan límites del MEF y deudas de ejercicios anteriores
Otro problema expuesto por el rector fue el límite aplicado por el MEF durante la preparación del presupuesto para el 2027.
En el caso de la UNC, Rojas indicó que el tope representó una reducción de entre el 2% y el 2,2%, equivalente a aproximadamente G. 1.500 millones. A esta situación se suma la deuda flotante, que corresponde a obligaciones de un ejercicio fiscal que quedan pendientes de pago y pasan al año siguiente.
El rector explicó que las universidades suelen enfrentar dificultades para obtener sus planes de caja hacia finales de octubre. Como resultado, deben utilizar parte de los recursos del nuevo ejercicio para cancelar compromisos anteriores.
Según su exposición, las universidades públicas registran niveles de ejecución presupuestaria de entre el 92% y el 95%, aunque algunas instituciones presentan porcentajes de entre el 88% y el 90%. Por esta razón, solicitó a los legisladores revisar las restricciones aplicadas por el MEF y restituir los recursos afectados.
Docentes universitarios reclaman nivelación salarial
La situación de los salarios universitarios ocupó otra parte de la exposición. En esa línea Rojas recordó que en el presupuesto del 2025 se inició una política de nivelación salarial, con atención a las necesidades particulares de cada universidad.
Algunas instituciones utilizaron los recursos para mejorar los ingresos de sus funcionarios administrativos. Otras dieron prioridad a los docentes. Sin embargo, el rector sostuvo que el proceso no pudo continuar durante el ejercicio 2026 por falta de margen presupuestario.
También mencionó que existen rubros docentes sin modificaciones desde el 2012, situación que afecta la carrera académica y las posibilidades de promoción salarial. “Precisamos continuar con esa política implementada en el año 2025 en Mesa Técnica de la Bicameral del Congreso”, reclamó.
Las universidades solicitaron retomar ese mecanismo de trabajo para evaluar las diferencias salariales y determinar qué necesidades pueden atenderse con los recursos del PGN 2027.
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UNC solicita G. 13.000 millones adicionales
En su exposición particular sobre la Universidad Nacional de Concepción (UNC), Rojas planteó un incremento presupuestario de aproximadamente G. 13.000 millones para el 2027.
Los recursos solicitados permitirían atender el aumento de estudiantes en distintas unidades académicas, mejorar las condiciones de los docentes y financiar obras.
La institución también pretende ampliar sus ofertas educativas en áreas vinculadas a las necesidades productivas de la región norte del país. Entre los proyectos mencionados figuran nuevas propuestas de formación en el sector agroforestal y el fortalecimiento de las filiales de Yby Yaú y Fuerte Olimpo.
El rector explicó que las nuevas carreras requieren personal docente y recursos para garantizar su funcionamiento. “La presencia de la UNC en la región norte del país es una presencia al servicio del Estado y precisa potenciarse”, sostuvo.
En el interior hay 52.000 estudiantes y piden inversión tecnológica
Durante la defensa presupuestaria, Rojas comparó la cantidad de estudiantes de las universidades públicas del interior con la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Señaló que esta casa de estudios había informado una matrícula de 53.000 estudiantes y que su presupuesto era casi tres veces superior al de las diez universidades públicas del interior mencionadas en su exposición.
A su vez, afirmó que estas instituciones reúnen 52.000 estudiantes de pregrado, grado y posgrado. El rector sostuvo que la infraestructura tecnológica es una necesidad para mejorar la enseñanza y ampliar los proyectos de investigación.
También solicitó recursos para sostener obras de infraestructura física que forman parte de programas de inversión de varios años.
Piden que universidades públicas no paguen por acreditaciones
Otro planteamiento presentado ante la CBP fue mantener la gratuidad de las evaluaciones que realiza la agencia nacional de acreditación de la educación superior.
Rojas solicitó que se restituyan los recursos necesarios a la institución evaluadora para evitar que las universidades públicas deban asumir esos costos. En caso de que esta opción no sea posible, propuso asignar fondos directamente a las universidades para cubrir los aranceles de evaluación.
Finalmente el rector afirmó que las instituciones públicas del interior cumplen los procesos de evaluación de sus carreras y programas académicos.
Rojas además de su propia casa de estudios representó a las autoridades de ocho universidades públicas que son los rectores de la Universidad Nacional del Este (UNE), José Sánchez Martínez; de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (Unves), Simón Benítez Ortiz; y de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), Hermenegildo Cuéllar. También participó la vicerrectora de la Universidad Nacional de Pilar (UNP), Gladys Báez Caballero.
La delegación estuvo integrada, además, por la rectora de la Universidad Nacional de Caaguazú (Unca), María Gloria Martínez; el rector de la Universidad Nacional de Canindeyú (Unican), Mariano Adolfo Pacher; el rector de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay (UPTP), Jorge Duarte; y el rector de la Universidad Nacional de Misiones (Unamis), Pedro Gerardo González.
