El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) desembolsó más de US$ 150 millones entre abril y mayo y canceló la mayor parte de la deuda correspondiente a 2025 con recursos del presupuesto de este año, según afirmó a ABC la ministra Claudia Centurión.
No obstante, el pago de los intereses generados por los retrasos sigue en proceso, mientras el sector constructor reclama previsibilidad financiera para sostener la ejecución de las obras.
La alta funcionaria señaló que la institución estableció un cronograma de pagos con las empresas contratistas y aseguró que se cumplió. Como resultado, indicó que una parte importante de las obligaciones acumuladas el año pasado fue cubierta con fondos previstos para 2026.
En ese sentido, Centurión destacó el nivel de ejecución presupuestaria del MOPC. A agosto, la inversión en obras, correspondiente al Nivel 500, alcanzó G. 2,89 billones, equivalentes a unos US$ 453 millones. Este monto representó el 59% del presupuesto vigente y, según la ministra, constituyó el mayor porcentaje de ejecución acumulada a ese mes en los últimos diez años.
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¿En qué avanzó el pago de intereses tras la aprobación de una ley?
Sin embargo, más allá de los desembolsos realizados, todavía queda pendiente resolver el pago de los intereses derivados de los atrasos. Al respecto, Centurión recordó que el 14 de agosto se promulgó la Ley Nº 7.699, que autoriza la cancelación de estos compromisos mediante la emisión de títulos de deuda pública.
De acuerdo con la ministra, las empresas contratistas que se adhirieron al mecanismo ya presentaron sus solicitudes, que actualmente son verificadas por los administradores de cada contrato. Paralelamente, el MOPC conformó una mesa técnica con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Procuraduría General de la República para elaborar la reglamentación correspondiente.
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Plazos y previsibilidad
Además de atender las obligaciones acumuladas, el desafío para la institución es evitar que los atrasos vuelvan a repetirse. Para ello, Centurión sostuvo que el compromiso es cumplir los plazos de pago establecidos en los contratos, que contemplan períodos de 30, 45 o 60 días desde la presentación de la factura, según las condiciones de cada licitación.
A su vez, precisó que el MOPC dispone de 15 días para aprobar o rechazar cada certificado de obra. “De cara a los próximos años, el principal desafío será sostener un nivel elevado de inversión en infraestructura sin volver a acumular atrasos con las empresas contratistas. Para eso trabajamos con una planificación financiera más rigurosa, priorizamos los proyectos estratégicos y aseguramos que el ritmo de contratación sea consistente con la capacidad de financiamiento del Estado”, expresó.
Inversión de US$ 1.000 millones en 2027
De cara al próximo año, Centurión anunció que el MOPC prevé una inversión física de US$ 1.000 millones. Asimismo, señaló que el financiamiento multilateral pasará a representar el 50% de los recursos de la institución, frente al 36% contemplado en el presupuesto inicial de 2026.
Según explicó, el mayor peso de estos fondos permitirá sostener una cartera importante de proyectos con financiamiento de largo plazo. Al mismo tiempo, la institución apunta a desarrollar obras mediante mecanismos de participación privada, con el objetivo de ampliar la capacidad de inversión sin incrementar en la misma proporción el endeudamiento público.
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La ministra sostuvo que estas alternativas cobran relevancia en un escenario en el que el Estado debe preservar la sostenibilidad de sus finanzas y cuidar la trayectoria de la deuda pública. En esa línea, afirmó que la combinación de recursos presupuestarios, financiamiento multilateral y participación privada permitirá mantener el ritmo de las inversiones en infraestructura.
No obstante, la sostenibilidad de ese plan también dependerá de que el Estado pueda cumplir sus compromisos con las empresas ejecutoras. Para las contratistas, la regularización de las deudas acumuladas y el pago oportuno de los certificados son factores determinantes para sostener las obras y evitar que los atrasos vuelvan a trasladarse al sector privado.
Cavialpa espera pago total para fin de año
El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, señaló en una entreviosta reciente con ABC que el Estado arrastró de 2025 a 2026 una deuda superior a US$ 250 millones con las constructoras, a la que se sumaban unos US$ 100 millones en intereses por los atrasos.
Si bien el gremio reconoció avances en el cumplimiento del cronograma de pagos, el saldo pendiente por certificados de obras se situaba entre US$ 130 millones y US$ 150 millones. En ese contexto, Sarubbi destacó el compromiso de pagar los certificados mensualmente y reducir la deuda acumulada en los meses de mayor recaudación, a fin de año.
No obstante, remarcó la importancia de mantener la previsibilidad para que las empresas puedan cumplir con sus proveedores y sostener el ritmo de ejecución de las obras.