La Corte Suprema de Justicia (CSJ) defendió su presupuesto para el 2027 ante la Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP) el último lunes. En la oportunidad, los legisladores reclamaron demoras de juicios, controles dentro del Poder Judicial, solicitaron la protección a mujeres víctimas de violencia y refirieron demoras en la implementación efectiva del Registro Unificado Nacional (RUN) .
Alberto Martínez, presidente de la Corte, defendió las medidas de la institución, respondió ciertas consultas y dejó datos pendientes de remisión a la CBP.
Cuestionan demoras y repetición de juicios
El senador Líder Amarilla sostuvo que más del 70% de las personas privadas de libertad aún no tenía condena. También cuestionó la anulación de juicios que obliga a repetir actuaciones y exige nuevos recursos. Planteó que ese tiempo podría destinarse a causas que todavía esperan una resolución.
Martínez presentó cifras sobre los procesados: 39,6% con condena y 60,4% sin ella. Aclaró que dentro del segundo grupo existen personas que no están en prisión. Por eso, sus porcentajes no describían el mismo universo que el señalado por el senador.
Sobre las demoras, citó los informes que los jueces deben presentar cada cuatro meses acerca de expedientes pendientes de sentencia o resolución. Explicó que la Corte realiza inspecciones por sorteo para verificar esos datos.
También mencionó la falta de titulares en juzgados laborales de Asunción. Según su respuesta, solo tres de los seis juzgados de primera instancia tenían titulares, quienes debían cubrir los otros tres.
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Corte diferenció el atraso de una sentencia del tiempo total del juicio
Martínez sostuvo que una sentencia puede salir dentro del plazo legal y, aun así, el proceso completo durar varios años. Atribuyó parte de esas demoras a las posibilidades de dilación que permiten las reglas actuales.
“Yo sé cuándo entro al Poder Judicial, pero no cuándo salgo”, expresó, como ejemplo del reclamo ciudadano.
Defendió las notificaciones electrónicas como una herramienta que acorta los trámites y advirtió sobre un proyecto de ley que, a su criterio, podría afectar ese avance.
En la respuesta a Amarilla no explicó de forma específica el cuestionamiento sobre la anulación de juicios y la repetición de actuaciones.
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RUN: Corte reportó avances en trámites de inmuebles
Por su parte, el diputado Emilio Pavón consultó por los plazos de los trámites de propiedades y las dificultades que, según señaló, enfrentan los escribanos.
Martínez informó que el Registro Unificado Nacional (RUN) recibió 232.886 requisitorias de inmuebles entre enero y julio y que todas fueron atendidas. Aclaró que aún existían trabajos pendientes de agosto, septiembre y octubre, además de documentos que volvieron tras observaciones.
Sobre los certificados, afirmó que el plazo pasó de un promedio de quince días hábiles o más a quince días corridos. También anunció la digitalización de 70 millones de hojas, con un plazo máximo previsto de cinco años.
Explicó que la unión de Catastro y Registro permitirá identificar títulos que se superponen sobre un mismo inmueble. “Después, un juez va a decir quién tiene mejor derecho sobre esa tierra superpuesta”, señaló. Aclaró que el registro permitirá detectar el problema, pero no resolverá automáticamente las disputas entre propietarios.
Piden metas para reducir expedientes atrasados
A su vez, el senador Ignacio Iramain solicitó resultados concretos para evaluar el desempeño de la Corte en 2027. Preguntó cuánto se reducirán los plazos de los juicios y los expedientes atrasados, con una situación inicial, un costo y un responsable para cada meta.
También pidió cifras de audiencias suspendidas durante los últimos doce meses y el tiempo necesario para fijar una nueva fecha. Consultó cuántos expedientes estaban fuera de plazo en los informes de abril y agosto, y qué medidas se adoptaron.
El titular de la Corte afirmó que la digitalización acortó los procesos, pero no presentó las metas numéricas solicitadas. Sobre las audiencias suspendidas, mencionó dificultades del Poder Judicial y de otras instituciones. Citó, entre ellas, la falta de vehículos para trasladar a personas privadas de libertad.
Propuso ampliar el uso de audiencias a distancia, con una comunicación privada entre el acusado y su abogado. Se comprometió a enviar los datos que no respondió durante la audiencia.
Mafia de los pagarés: qué puede hacer la Corte
Iramain también preguntó por el estado de los sumarios vinculados al caso conocido como “Mafia de los pagarés” y por los controles ante notificaciones irregulares o pérdidas de expedientes.
Martínez sostuvo que la Corte no puede levantar todos los embargos mediante una resolución administrativa, porque cada causa depende de un juez.
Explicó que la institución reforzó los juzgados con funcionarios y horas extras. También instaló el expediente electrónico en juzgados de paz y promovió la intervención de la Defensa Pública. “Solamente el juez puede hacerlo”, afirmó sobre las decisiones dentro de cada proceso.
El ministro defendió el expediente digital como una herramienta para reducir el riesgo de pérdidas y verificar quién accedió al sistema y qué actuación realizó. No detalló el estado actualizado de los sumarios que el senador solicitó.
Caso Rivas y acción de Kattya González
Sobre el caso de Hernán Rivas, el presidente de la Corte explicó que la institución recibe títulos y constancias de otros organismos para otorgar la matrícula profesional.
Informó que la matrícula de Rivas está suspendida y que sus accesos al expediente electrónico están cancelados.
Añadió que el sumario administrativo quedó pendiente de sentencia. Según su explicación, una disposición interna exige esperar el cierre de la causa penal con sentencia firme antes de resolver el proceso administrativo.
Iramain también cuestionó la demora de la acción de Kattya González, que situó entre febrero de 2024 y junio de 2026.
Martínez atribuyó el retraso a la ampliación de la Sala Constitucional, las inhibiciones de ministros y dos recusaciones. Sin embargo, no respondió de forma específica al cuestionamiento del senador sobre una presunta reunión con el Ejecutivo.
Piden juzgados especializados en violencia contra las mujeres
La senadora Esperanza Martínez anunció su intención de impulsar otra vez, junto con Lilian Samaniego, un proyecto para crear juzgados especializados en violencia contra las mujeres.
Consultó por el uso de tobilleras electrónicas y sistemas de alarma para proteger a las víctimas.
El titular de la CSJ respondió que, si el Legislativo y el Ejecutivo crean esos juzgados, la Corte dará prioridad a su puesta en marcha y solicitará los fondos necesarios.
También propuso alertas que avisen a la víctima cuando el posible agresor se acerque. Aclaró que los juzgados especializados, por sí solos, no resolverán todo el problema y que las medidas deben abarcar a otras instituciones.
Caso Deisy Paola: reclaman controles en Juzgados de Paz
En la última consulta de la audiencia, Yolanda Paredes pidió reforzar los Juzgados de Paz tras el feminicidio de Deisy Paola.
Reclamó respuestas rápidas ante las denuncias de violencia y controles sobre el envío de las órdenes de protección a la Policía. También pidió capacitación y directivas concretas para los magistrados. “Ni la mejor ley del mundo va a funcionar” si el Poder Judicial no ofrece una respuesta inmediata, advirtió.
Martínez indicó que la acordada 1506, del 10 de marzo de 2021, ya establece un protocolo de atención a casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar.
Explicó que la auditoría solicitada por el ministro Eugenio Jiménez Rolón busca determinar si existió una falla en su aplicación, incluido el envío de las comunicaciones correspondientes.
El presidente aseguró que los Juzgados de Paz recibieron más personal y tecnología, además de horas extras. Ofreció remitir las cifras a la senadora. La investigación deberá establecer si el protocolo se cumplió en el caso de Deisy Paola o si hubo una transgresión.