La exministra de Turismo, Angie Duarte, recordó que el 10 de marzo de este año, cuando todavía estaba al frente de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), llevó al Banco Central del Paraguay (BCP) y a la Superintendencia de Seguros una propuesta para exigir un seguro de caución a las agencias de turismo. Su objetivo, explicó, era evitar perjuicios a los viajeros que caigan en manos de agencias inescrupulosas.
“Hoy me reuní con Adriana Bernal, superintendenta de Seguros, para evaluar avances en el desarrollo de instrumentos que permitan fortalecer las garantías y la seguridad de los servicios turísticos contratados por los consumidores”, había publicado entonces Duarte.
Señaló que el objetivo era avanzar hacia un sistema que brinde mayor confianza tanto a los turistas como a los prestadores de servicios, asegurando que las agencias y proveedores del sector ofrezcan productos con las debidas garantías ante posibles incumplimientos.
Participaron de aquella reunión Marco Tulio Benítez Gadea, intendente de Estudios Técnicos; Federico Flores Rejalaga, intendente de Normas de Seguros y Reaseguros; Juan Heinichen, director general jurídico; y Paolo Brítez, director de Sumarios y Normas de Reglamentación.
Esta iniciativa vuelve a cobrar actualidad por lo que ocurrió después del 3 de noviembre, cuando el BCP inició la resolución de Ueno Bank por una solvencia por debajo de la mitad del mínimo exigido. Tres días más tarde, Uela, la agencia de viajes del Grupo Vázquez, cerró sus oficinas, dejó sin trabajo a unos 130 empleados y dejó colgados a cientos de viajeros que pagaban sus vacaciones por adelantado.
Una exempleada de Uela reveló además que la agencia siguió vendiendo viajes tras la caída del banco, pese a deudas con proveedores. Algunos agentes llegaron a pagar de su bolsillo o a negociar con hoteles para que aceptaran igual a los clientes, según comentaron.
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Entre los damnificados, la exministra
Duarte es una de las afectadas por la caída de Uela. Su grupo, del colegio Lumen, ahorraba desde hace más de un año para el viaje de egresados de sexto grado a Foz de Yguazú. Son casi 80 familias. El paquete costaba entre G. 5 y 7 millones y ahora cada madre pondrá unos US$ 120 más para que el viaje se concrete.
Parte de lo pagado, explicó, no se computó, sobre todo los pagos hechos entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre. Quienes sostienen la gestión son empleados de Comdetur, agencia absorbida por Uela, que trabajan sin cobrar. Con la ayuda de mayoristas como DTP y Maral, el grupo logró encaminar la salida.
Mientras tanto, el 11 de noviembre la Senatur suspendió las nuevas operaciones de siete empresas, entre ellas Uela, Intertours y Comdetur, tras casi 100 denuncias de viajeros. La Asatur reúne una “carpeta de damnificados” para sumarla al expediente fiscal.
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El seguro, en papel
El borrador se titula “Seguro de caución para agencias de turismo y viajes”. Define tres figuras: el tomador (la agencia), el asegurador y el asegurado, que es el usuario del servicio turístico. Cubre el incumplimiento de las obligaciones económicas de la agencia, hasta la suma indicada en las condiciones particulares, que no figuran en el documento.
Lo central es el derecho que se le reconoce al viajero. El texto le da un derecho “propio, directo e independiente” para intimar a la agencia, denunciar el siniestro, intervenir en el trámite y cobrar la indemnización hasta el límite asegurado. Si la agencia no paga la prima o comete omisiones, el derecho del viajero no se ve afectado.
El procedimiento empieza con una intimación fehaciente a la agencia, con un máximo de tres días hábiles para cumplir. Si vence sin respuesta, se configura el siniestro y el viajero tiene tres días para denunciarlo por escrito, con la constancia de la intimación, la descripción del incumplimiento y la documentación básica del contrato.
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Cómo se cobraría
La aseguradora designa un perito o liquidador, sin pedir gestiones adicionales al viajero. Con su informe, paga directamente al asegurado, hasta el límite de la suma asegurada, “sin exigir trámites, autorizaciones ni validaciones adicionales”.
El borrador excluye multas y penalidades, demoras, guerra, terrorismo, huelgas generales, desastres naturales, pandemia o epidemia y casos de fuerza mayor. Un endoso aparte detalla las exclusiones por guerra, terrorismo y conmoción civil.
Dos exclusiones tocan de cerca el tipo de casos que hoy preocupan. Una es la “mala fe del Tomador y/o Asegurado por fraude y/o estafa”. Otra son las consecuencias económicas de la insolvencia de terceros que frustren servicios en los que intervino la agencia.
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Lo que todavía falta
El documento no establece la suma asegurada, la prima, quién exigiría la póliza a las agencias ni cómo se controlaría su cumplimiento. Remite a unas condiciones particulares que no están, y no lleva fecha, firma ni membrete.
Duarte admitió que el seguro “probablemente” no habría resuelto los casos a consecuencia del cierre de Uela, por ejemplo, “al cien por cien”, pero sostuvo que “iba a mitigar bastante”. Aseguró que, tras su salida de la Senatur, el 28 de abril, el proyecto “nunca más” se impulsó. Dijo conservar el archivo y pidió saber qué se hizo desde entonces.