El grupo Cartes, a través de los legisladores que le apoyan siempre en el Congreso, se vio obligado a admitir implícitamente que necesita proteger al contrabando de cigarrillos –y al consecuente lavado de dinero que proviene de él, según se desprende del informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)–. Tal es lo que pudo percibirse en dos votaciones que hubo en la Cámara de Diputados sobre el tema de la inclusión de la industria tabacalera entre los sujetos obligados por la ley que combate el lavado de dinero.
La cosa ya despertaba sospechas desde que una mayoría de integrantes de la Cámara Baja del Congreso, funcional al citado grupo, logró que el proyecto, del diputado liberal Édgar Acosta, no sea tratado siquiera en todo el periodo 2013-2018.
Pero pasó a la categoría de prueba y confesión durante este periodo, 2018-2023, en el que lo rechazaron en una primera ocasión alegando una desafortunada recomendación de la propia Secretaría para la Seprelad; luego una segunda vez, con el argumento de que se estaba “sobrelegislando”; y el 22 de junio, después de que el proyecto hubiera tenido entrada por el Senado, que lo aprobó con comodidad, con el argumento de introducirle modificaciones.
Y, sin embargo, esas modificaciones lo explican todo para los pocos que aún abrigaban dudas, lo aclaran todo, y son una confesión de parte que debe agregarse a la enorme evidencia que existe sobre la presunta protección que tiene el contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero en el Paraguay.
Los que parecen ser agentes del grupo Cartes en la Cámara Baja modificaron dos cuestiones en el proyecto, que desnudan impúdicamente los intereses que parecen manejar muchos de quienes están detrás del negocio de los cigarrillos: eliminaron la obligación de reportar operaciones sospechosas a los agentes de “distribución” del tabaco, es decir, protegieron específicamente a los que se dedican al contrabando de cigarrillos paraguayos y eliminaron a la Seprelad como órgano de recepción de los reportes de operaciones sospechosas, para depositar dicha responsabilidad en una repartición no idónea, el Ministerio de Industria y Comercio, es decir, dando en la práctica la impresión de que protegieron específicamente el lavado de dinero proveniente de aquel negocio ilegal.
Con este tipo de actitudes, muchos cartistas se han venido expresando desde siempre como que defienden el contrabando de cigarrillos, pero dada la creciente presión que existe para poner punto final a estos delitos continuos, se han visto obligados a hacerlo con mayor desparpajo y asiduidad, para escándalo de la mayoría decente de nuestro país.
Édgar Ortiz, diputado del sector de Blas Llano –eterno aliado del cartismo–, empezó el 19 de mayo diciendo que “hoy está justificado el contrabando”, ya que, a su criterio, el Estado no brinda alternativas a la población. Siguieron otros llanistas y cartistas, y el 12 de junio lo sostuvo abiertamente el candidato de Cartes a la Presidencia de la República Santiago Peña (los cigarrillos “dan mano de obra en el Paraguay” y aquí “no hay” lavado de dinero), y luego, el 15 de junio confirmó la línea el diputado cartista Walter Harms (“no me importa que ese producto salga de contrabando” “siempre y cuando esa empresa cumpla con las leyes”). Señor diputado Harms: el contrabando está penado por las leyes.
En síntesis, las acciones y los discursos en defensa del grupo son coherentes entre sí, consistentes entre sí, integran una misma articulación lógica, y así transmiten la fuerte impresión de que hay una protección al contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero proveniente de él.
La pregunta es por qué un grupo, que pretende hacer creer que es respetable, se ve constreñido a proteger en público, a través incluso de sus figuras que deberían ser las más cuidadas, actividades delictivas como el contrabando y el lavado.
A este paso, con sus actitudes y declaraciones, estas figuras dan la sensación de que el grupo Cartes debe proteger esas actividades ilícitas porque depende de ellas totalmente.