La operación, denominada Operación Sicarius, sigue en curso y está siendo ejecutada por la Receita Federal en alianza con la Policía Federal para desarticular a los lavadores de dinero vinculados a contrabandistas paraguayos y brasileños.
Conforme a la investigación, los integrantes de la organización criminal transnacional, especializada en el contrabando de cigarrillos y agroquímicos, actuaban principalmente en la frontera entre Brasil y Paraguay, en la ciudad de Guaíra, estado de Paraná.
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Durante las investigaciones, se descubrió que integrantes de la organización estarían involucrados en actos de ocultamiento, disimulación y conversión de valores ilícitos provenientes de sus actividades criminales.
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Se identificó la participación de un cambista que habría movilizado un monto superior a 375 millones de reales entre 2019 y 2024. El investigado controlaba cuentas a nombre de personas interpuestas y de empresas de fachada. Se concluyó que el cambista sería una figura central en las operaciones de lavado de dinero de la organización criminal, habiendo movilizado solo en sus cuentas bancarias personales unos 114 millones de reales en el período citado.
Inicio de las investigaciones
Las averiguaciones se iniciaron tras identificar a miembros de la organización involucrados en diversos delitos, quienes fueron detenidos en flagrancia, principalmente mientras transportaban cigarrillos de contrabando desde Paraguay.
A partir de los análisis realizados, se identificaron infracciones penales que podrían encuadrarse como delitos precedentes al lavado de dinero.
Emitieron 120 órdenes judiciales
Durante la Operación Sicarius se emitió un total de 120 órdenes judiciales, de las cuales 62 corresponden a órdenes de allanamiento e incautación de bienes, 44 a órdenes de prisión preventiva y 14 a órdenes de prisión temporal.
Los procedimientos se realizaron en los estados de Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás y Pará, por disposición del 1º Juzgado Federal de Guaíra.
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La Justicia también determinó la realización de procedimientos fiscales en empresas que recibieron aportes financieros provenientes del cambista investigado, además de la cancelación de cuentas de personas físicas y jurídicas involucradas en los esquemas fraudulentos.