El precandidato a presidente por el movimiento Fuerza Republicana, vicepresidente Hugo Velázquez, consultado sobre el preacuerdo que trascendió este fin de semana para conceder un aumento salarial a los funcionarios públicos, aclaró que la reunión fue con el objetivo de instalar una mesa de trabajo que analice la factibilidad de otorgar el aumento salarial del 15% solicitado por los servidores del Estado.
Aseguró que tras consultas con el Ministerio de Hacienda actualmente es imposible aumentar los gastos rígidos del presupuesto, ya que eso tendría efectos negativos en las finanza públicas y por ende en la misma ciudadanía.
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“Por encima de una consecuencia en el ámbito proselitista existe la imposibilidad de que nosotros estemos aumentando los gastos rígidos en el presupuesto que le va a perjudicar a toda la ciudadanía”, expresó Hugo Velázquez, según refiere el portal estatal IP Paraguay, citando a la radio 780 AM.
El vicepresidente Velázquez cuestionó el supuesto de que el Estado tiene más funcionarios de los que necesita afirmando que el 75% de los funcionarios públicos están dentro del esquema de salud, de educación y de seguridad. “Lo que yo creo que tenemos que hacer es reorientar los recursos humanos, porque sí seguimos con faltantes en esas áreas de salud, educación y seguridad”, manifestó.
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Evitar aumento a actuarios
Por otra parte, Velázquez también anunció que el Ejecutivo solicitará a la Cámara de Senadores rechazar el aumento salarial a actuarios judiciales, ya aprobado por la Cámara de Diputados. “Me pidió ya el ministro de Hacienda y el jefe de gabinete ir a hablar en el Senado para evitar el aumento a los actuarios judiciales. Ellos ya van a venir a explicarme el problema que está ocasionando y en base a eso tener el argumento para hablar con los legisladores”, anunció Velázquez en entrevista con radio 1080 AM.
El proyecto de ley que establece el aumento salarial a los actuarios judiciales ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Con esta disposición, un total de 804 actuarios judiciales de G. 4.135.750 pasan de percibir G. 12.135.750. Su eventual sanción generará un impacto presupuestario de G. 43.226 millones que descoloca el Presupuesto General de Gastos. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aseguró que no es momento para aumentos.
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Antecedentes
En la nota firmada por la representante de la coordinadora de funcionarios públicos y entes descentralizados, Porfiria Ocholasky, y que fue viralizada en redes sociales, la misma informa sobre una mesa de trabajo con representantes de dicho gremio y autoridades del Gobierno, donde se acordó –entre otros beneficios– un reajuste salarial del 15% para todos los funcionarios públicos, en pleno año electoral.
Según la nota, la citada mesa está integrada por el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez; el asesor político del presidente Mario Abdo Benítez, Mauricio Espínola; la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carla Bacigalupo; un representante del Ministerio de Hacienda y la presidenta de la coordinadora del gremio de funcionarios, Porfiria Ocholasky.
En la primera reunión llevada a cabo en la quincena de marzo se acordaron varios puntos relacionados a los trabajadores de instituciones estatales, entre ellos un reajuste salarial del 15% para todos los funcionarios públicos del Estado paraguayo estimado con ampliación presupuestaria del ejercicio 2023, también se acordaron la desprecarización laboral, reposición de beneficios adquiridos por cada institución para sus funcionarios y la conformación de la mesa de trabajo.
La nota menciona que esa primera reunión se constituyó en un hecho histórico, instando a los funcionarios públicos a “acompañar” para la obtención de los beneficios y las reivindicaciones señaladas. Además se fijó la fecha para la primera reunión de la citada mesa de trabajo que se dio lugar el 29 de marzo último en la sede social de los jubilados bancarios, según consta en afiches de invitación que se hicieron correr en redes y donde supuestamente se firmó el acuerdo entre las partes. Incluso también circulan fotos del encuentro donde se puede ver a las autoridades mencionadas en plena firma de un documento.
Desde la Coordinadora de Gremios de Funcionarios Públicos, su representante Porfiria Ocholasky confirmó la veracidad del documento y el encuentro realizado con autoridades del Gobierno sobre el citado acuerdo.
Despilfarro en año electoral
Sin considerar aún el supuesto acuerdo señalado, ya hay propuestas de aumentos salariales que están actualmente en el Parlamento para su estudio y aprobación, los cuales tendrán un costo adicional de US$ 142,9 millones al año y, en contrapartida, los proyectos que modifican los impuestos representarán una disminución en la recaudación de US$ 422 millones. Economistas y empresarios ya habían advertido la semana pasada sobre el peligro de abrir la canilla de los recursos públicos para la repartija de beneficios en un año electoral, un panorama muy similar al que se vivió en 2002 y que llevó al Estado a una cesación selectiva de pagos.
Entre los primeros pedidos resalta lo aprobado por Diputados de incremento del 63% para los actuarios judiciales que tendrá un costo adicional de US$ 6,4 millones al año. Además, el proyecto de ley que otorga suba para los funcionarios administrativos de Salud significará US$ 24,8 millones más, y si aprueban los aumentos para los funcionarios administrativos, implicarán otros US$ 111,7 millones más. También están en la fila de pedidos los propios funcionarios de Hacienda y Tributación que ya hicieron saber sus pretensiones salariales.