Ministerio Público no movió un dedo para investigar festín de gobernadores

El Ministerio Público a cargo de Sandra Quiñónez no movió un dedo para investigar a los gobernadores del país por el cuestionado uso de US$ 34 millones del fondo covid. El ex jefe departamental de Central, Hugo Javier González, es el único que enfrenta un proceso, mientras que Pedro Díaz Verón, de Caazapá; César “Tigre” Ramírez, de Canindeyú; Juan Carlos Vera, de Guairá y Juan Carlos Baruja, de Paraguarí, siguen campantes.

Horacio Cartes (centro) y Cesar "Tigre" Ramírez, Gobernador de Canindeyú
Horacio Cartes (centro) y Cesar "Tigre" Ramírez, Gobernador de Canindeyú

Plata manejada por exempleado

Uno de los casos más sospechosos sobre el manejo de los fondos de emergencia involucra al gobernador de Canindeyú y aspirante al Senado por el cartismo, César “Tigre” Ramírez. El exfutbolista devenido a político recibió US$ 2.000.000 para la reactivación de la economía de su departamento; sin embargo, gran parte de los recursos terminó en manos de dos ONG integrada por su exempleado.

Ramírez transfirió el dinero a la Asociación Pro Desarrollo del Norte y Asociación Pro Apoyo al Consejo Departamental de Salud, para la realización de obras diversas, como ser empedrados, sistema de agua potable y mejoramiento del puesto de Salud de Yasy Kañy. Lo curioso es que ambas ONG tenían como miembro común a Nolberto Martínez, un joven de 23 años, que era funcionario de la Gobernación de Canindeyú y empleado de la madre del jefe departamental.

Otra cuestión llamativa es que las entidades “sin fines de lucro” elegidas por el jefe departamental recibieron el dinero en cuestión de horas y mediante la presentación de documentos con múltiples errores, según evidenció la rendición de cuentas de Ramírez presentada ante la Contraloría General de la República (CGR).

A pesar de las pruebas, la fiscalía no se animó a abrir una investigación contra Ramírez. Tampoco la Contraloría General de la República (CGR) ordenó alguna auditoría. El gobernador, abrumado por las acusaciones de irregularidades recurrió a los insultos y como para quedar bien con la ciudadanía había anunciado a mediados de enero último que pedirá una verificación a dicho ente de control. Pero solo quedó en promesas.

Entregó dinero a sus hurreros

Otro de los que tuvo un sospechoso manejo de los recursos de emergencia es el jefe departamental de Paraguarí y candidato a senador por el cartismo, Juan Carlos Baruja. Este último transfirió en forma integra los US$ 2.000.000 -alrededor de G. 12.764 millones- que recibió para mejorar la economía del noveno departamento golpeada por las medidas sanitarias decretadas para mitigar la propagación del coronavirus.

Baruja entregó, sin embargo, dinero a ONG que estaban integradas por gente de su entorno político. Es el caso de la Comisión Intersectorial del IX departamento, presidida por Mario Melgarejo, que recibió G. 5.494 millones del total.

Sorpresivamente, Melgarejo consiguió los fondos cuando ocupaba el cargo de intendente de La Colmena siendo del correligionario y también del equipo liderado por el “significativamente corrupto” para EE.UU, Horacio Cartes.

Baruja igualmente entregó la plata pública al Consejo Regional de Salud Departamental, representado por Luis Carlos Ledesma, y al Club Sud América, presidido por Óscar Ferreira. La primera recibió G. 6.370 millones, mientras la segunda G. 900 millones, según los documentos adjuntos a la rendición de cuentas presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR).

En el caso de Ledesma lo llamativo es que firmó el contrato por la recepción de la plata pública cuando también ocupaba su primer periodo como intendente del distrito de María Antonia. Llegó justamente a ese cargo de la mano del cartismo y con el apoyo de Baruja, según nuestras fuentes.

Por otra parte, el candidato a senador Juan Carlos Baruja, en su rendición de cuentas presentó gastos sospechosos como G. 400 millones por técnicos y proyectos. Además, gran parte de los trabajos hechos con la plata pública usó como propaganda proselitista, según sus publicaciones por redes.

Pese a todos estos hallazgos, el Ministerio Público no hizo nada para abrir una investigación contra Baruja, quien ya fue denunciado por supuesta lesión de confianza cuando estaba al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), durante el gobierno de Cartes.

Indicios de doble transferencia

El gobernador de Caazapá y aspirante a la Cámara Alta por el cartismo, Pedro “Pipo” Díaz Verón es otro salpicado en el supuesto mal uso de los fondos covid. Y es que el jefe departamental aparece entregando parte de los G. 12.764 millones, unos US$ 2.000.000, para la remodelación de la exestación del ferrocarril en el distrito de Moisés Bertoni; sin embargo, la obra nunca se realizó porque no estaba autorizada por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa).

Díaz Verón, en un intento por defender esa transferencia habló de un redireccionamiento para el mejoramiento de locales sanitarios. Sin embargo, al parecer “olvidó” que meses antes ya entregó otra gran parte de la plata pública para esos mismos trabajos, de acuerdo a la documentación adjunta en su rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República (CGR).

Estos hallazgos hicieron que una comitiva del Ministerio Público encabezada por el fiscal anticorrupción Osmar Legal realice un allanamiento en la sede departamental, el 14 de enero de 2022. Entonces, se procedió a incautar documentos sobre este y otros desembolsos del dinero por la emergencia sanitaria, de acuerdo a anuncios de la fiscalía.

A partir de ahí, la intervención del Ministerio Público no avanzó más y para más sorpresa coincidió con el pase el 25 de enero de 2022 de “Pipo” Díaz Verón a las filas del movimiento liderado por el “significativamente corrupto” para EE.UU, Horacio Cartes.

Custodios y leales

En el caso de “Pipo” también aparecieron que los recursos terminaron en manos de ONG integradas por personas cercanas a él. Una de ellas es la Comisión de Desarrollo y Fomento Caazapá, presidida por Jorge Andrés Segovia, un efectivo policial activo y jefe de la comisaría de Caazapá. Esta recibió G. 367 millones para construir empedrados.

Esa entidad “sin fines de lucro” también tenía como miembro a otro efectivo policial, Julio César Segovia Benítez. Este último, sorpresivamente, resultó ser custodio del gobernador Pedro “Pipo” Díaz Verón, según confirmó a el propio jefe departamental en una entrevista con ABC meses atrás.

Funcionarios y beneficiarios

El titular de la Gobernación del Guairá -actualmente intervenida-, el cartista Juan Carlos Vera Báez, es otro que apareció con denuncias sobre presunto mal uso de G. 12.764 millones (US$ 2.000.000) del fondo covid. Vera, que también aspira a una banca en el Senado, entregó la plata pública a 17 entidades “sin fines de lucro”, según la rendición de cuentas presentada ante la Contraloría General de la República (CGR).

En el caso de Guairá, informes de la CGR, Senac y denuncias de concejales departamentales evidenciaron que el jefe departamental justificó el uso del dinero público con obras de dudosa calidad, además los pagos no coincidían con los desembolsos realizados.

A estas acciones, de por sí groseras, se sumaron situaciones más graves como ser que el jefe departamental guaireño entregó G. 3.749 millones del total de los recursos recibidos a una ONG presidida e integrada por sus subordinados. Se trata de la Comisión Directiva del Consejo de Emergencia Departamental, a cargo de Carlos Augusto Ramos.

Ramos figuraba como encargado de Acción Social cuando recibió el dinero público. Actualmente ocupa el cargo de asesor de gabinete con un salario mensual de G. 4.500.000, según la planilla de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Además de Ramos, la ONG tenía como miembros a otros funcionarios; Rigoberto Marín Fariña y Aarón Menzel. Este último incluso aparece como presidente de otra ONG beneficiada con plata pública, la Comisión de Fomento y Desarrollo San José, que recibió G. 614 millones.

Las famosas luces

El jefe departamental presentó en su rendición de cuentas que transfirió G. 750 millones a la Liga Guaireña de Fútbol para la lumínica del estadio. Sin embargo, el trabajo ya se realizó un año antes, con una empresa totalmente diferente a la factura presentada por la gobernación.

Sobre este hallazgo, Vera Báez ensayó la excusa de que el dinero transferido era para cubrir un “préstamo” que se había utilizado por esa inversión.

La gestión de Vera está intervenida. Sin embargo, en el ámbito de la fiscalía no existen rastros de una investigación en su contra, pese a las denuncias de concejales departamentales.

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