La lista es extensa, pero todos los caminos conducen a Roma o, en este caso, a Honor Colorado. Los aliados de Santiago Peña, durante estos primeros 100 días de mandato fueron ubicados en instituciones públicas con jugosos salarios, mientras paralelamente se realizaban rescisiones masivas.
En Petropar, por ejemplo, llegaron a descontratar a 500 empleados y se embanderaron con ello para bajar el precio del combustible. Sin embargo, poco después contrataron a unos pocos funcionarios pero con jugosos salarios, de entre G. 15 millones y G. 30 millones. Solamente 10 personas designadas por Eddie Jara costarán al Estado más de G. 3.000 millones en un año y la lista total es superior.
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Esa práctica se replicó en varias instituciones, como las entidades binacionales Yacyretá e Itaipú, además del Ministerio de Trabajo, por mencionar algunas.
Uno de los casos más sonados es el de “Joselo” Ocampos, quien había sido denunciado por planillerismo, pero Peña lo premió nombrándolo presidente de Cañas Paraguayas SA (Capasa). También tuvo “suerte” el apoderado de la ANR Eduardo González Báez, quien fue nombrado como asesor jurídico de Yacyretá.
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La conocida exdiputada De Pilar Medina es otra de los que ya “están mejor”, pues la nombraron como directora de Coordinación de Yacyretá. Ella es recordada por haberse calificado como “la perrita de Horacio Cartes”.
La lista es bastante larga y hay nombramientos llamativos y ascensos de personas siempre ligadas a la ANR y también exfuncionarios de la era Cartes, sin importar antecedentes de planillerismo o denuncias de todo tipo. Los correligionarios de Peña fueron premiados con jugosos salarios de entre G. 20 millones y G. 80 millones.
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Aumentazo fallido de Peña
Pero Santi Peña no se conformó solamente con ubicar a los correligionarios en todas las instituciones; también intentó subir el salario de sus ministros, el del vicepresidente Pedro Alliana e inclusive el suyo.
Lejos de la “austeridad” anunciada desde un principio, el Gobierno realizó varios pedidos de aumentos salariales en el marco del estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024. La “aplanadora” colorada buscó incluir varias modificaciones, incluyendo la reasignación de fondos para crear más cargos.
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El presidente de la República solicitó a los legisladores que aprueben “a libro cerrado” el PGN, pero estos a cambio le pidieron un aumento salarial. Luego del escándalo, legisladores negaron el pedido y Peña alegó que fue la alternativa que encontró para que los legisladores no incluyan otros aumentos, “un mal peor”. Finalmente, tanto el Ejecutivo como el Legislativo recularon.
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