Tres de los 14 concejales de Asunción contra los que la diputada Johanna Ortega anunció acciones penales por supuesta lesión de confianza, tras la aprobación de un préstamo ilegal de US$ 28 millones, en diciembre pasado, rechazaron la denuncia. Los ediles defendieron la supuesta legalidad del crédito, solicitado por el intendente, Luis Bello (ANR-cartista) y aseguraron que la legisladora tiene motivaciones electorales.
El concejal Miguel Sosa (ANR-cartista), uno de los señalados por la denuncia, la calificó como una movida “irresponsable” y carente de sustento jurídico. Afirmó que la figura del déficit temporal de caja es una herramienta legal contemplada en la Ley Orgánica Municipal. Para el edil, la legisladora utiliza este tema financiero para potenciar su actual campaña proselitista en la capital.
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César “Ceres” Escobar (ANR-cartista), quien es otro de los señalados, dijo que las manifestaciones de la diputada Ortega deben leerse bajo una óptica electoral. Aseguró estar orgulloso de su postura política y de cada voto emitido, los cuales están debidamente documentados en actas. Escobar dijo que él fue el primer colorado en solicitar una intervención a la gestión anterior.
El 17 de diciembre pasado, Bello había logrado que una mayoría de 14 concejales colorados -nueve cartistas y cinco disidentes- aprobaran el crédito, pese a las advertencias de exconcejales de la capital sobre su dudosa legalidad. El préstamo, bajo la figura del “déficit temporal de caja”, sirvió para cubrir los aguinaldos del personal municipal y millonarias deudas “heredadas” del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista).
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Prometieron control
El concejal Javier Pintos (ANR-cartista), otro de los señalados en la denuncia, justificó su voto a favor y dijo que, a su solicitud, la ordenanza incluyó mecanismos de control estricto que garantizan que el dinero se gastaría en los objetivos prometidos por el intendente.
Pintos se refirió también al cuestionamiento de ilegalidad del plazo del préstamo, atendiendo a que la Ley N° 3966, Orgánica Municipal, en su artículo 196, requiere que el préstamo por déficit temporal de caja sea honrado dentro del ejercicio fiscal correspondiente, es decir hasta el 31 de diciembre de 2025.
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El edil indicó que las deudas presupuestarias pueden pagarse hasta febrero. Consideró que, si el cronograma establece pagos en los primeros meses del año, se ajusta al presupuesto del ejercicio anterior.
Federico Franco Troche y Julio Ullón, exconcejales de Asunción, habían coincidido en señalar que el préstamo aprobado por la Junta no cumpliría con los requisitos de la norma para ser considerado un “déficit temporal de caja”, por lo que debería ser considerado un “crédito público”, cuya utilización para el pago de “gastos corrientes” está expresamente prohibida en el artículo 197 de la misma norma".
Concejales cómplices
La diputada Johanna Ortega (PS) acusó a los concejales que aprobaron el préstamo en estas condiciones de ser “cómplices de un esquema fraudulento que fraguó este tipo de préstamos para fines que no están admitidos por la ley” para pagar a “planilleros” del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), cuya administración fue intervenida por presuntas irregularidades que lo llevaron a ser imputado penalmente.
Los concejales denunciados son:
1. Juan C. Ozorio (ANR-HC)
2. Marcelo Centurión (ANR-HC)
3. Nasser Esgaib (ANR-HC)
4. Mariano Cáceres (ANR-HC)
5. René Calonga (ANR-HC)
6. Karina Acuña (ANR-HC)
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7. Javier Pintos (ANR-HC)
8. César Escobar (ANR-HC)
9. Miguel Sosa (ANR-HC)
10. Juan J. Arnold (ANR-disidente)
11. Jesús Lara (ANR-disidente)
12. Daniel Ortiz (ANR-disidente)
13. Carlos González (ANR-disidente)
14. Arturo Almirón (ANR-disidente), presidente de la Junta Municipal.
Agravantes
Además de su ilegalidad, el préstamo de G. 184.000 millones fue criticado por concejales de la oposición por el alto costo financiero que acarrearía a la comuna. Solo en intereses, la comuna pagará alrededor de G. 5.000 millones y en un plazo de apenas 60 días. Esto representa unos G. 3,5 millones por hora.
Además, el préstamo estableció un mecanismo fiduciario sobre los tributos como garantía de pago. El concejal Humberto Blasco (PLRA) había advertido que esto causaría un grave estrés financiero a la municipalidad.
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Como mecanismo de presión para aumentar la recaudación y pagar el crédito, el Gabinete de Bello había propuesto la utilización de “drones para detectar construcciones no declaradas o ampliaciones ilegales”, medir la cartelería publicitaria, terrenos baldíos y así actualizar los valores fiscales”.
Siguiendo el ejemplo de su antecesor, Bello propuso otros mecanismos de coerción a los contribuyentes como la venta de cartera de deudas “incobrables”, la “exposición pública de morosos”, así como su inclusión en “listas negras”, además de embargos, acciones judiciales y remates contra “grandes evasores”.