Mientras los pacientes de los hospitales públicos continúan clamando por insumos, medicamentos y suministros oncológicos, una nueva barrera administrativa se levanta desde el Ministerio de Economía hacia el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) por orden del Poder Ejecutivo.
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Un documento firmado por Carlos Fernández Valdovinos, indica que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha emitido instrucciones rigurosas que limitan la capacidad de maniobra del Ministerio de Salud para el ejercicio fiscal 2026, condicionando cualquier compra a la disponibilidad inmediata de fondos.
Cero flexibilidad ante la urgencia
A través de la Circular D.G.A.F. N° 004/2.026, el Ministerio de Salud ha comunicado a todos sus directores de hospitales y regiones sanitarias que no se podrá mover un solo guaraní sin el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) previo.
Esta medida, aunque busca la “responsabilidad fiscal”, choca de frente con la realidad de los centros asistenciales, donde la falta de stock obliga frecuentemente a gestiones de emergencia para salvar vidas.
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El documento del MEF (Nota N° 71) con fecha de enero del 2026 es tajante: “no podrán, en ningún caso, generar ni ser reconocidas como deudas válidas del Estado” aquellas entregas de bienes o servicios que no cuenten con la debida certificación previa. Esto implica que, si un hospital recibe medicamentos de urgencia para un paciente en estado crítico sin haber completado el farragoso proceso administrativo, el Estado no pagará al proveedor.
Un sistema de salud en cuidados intensivos
La crisis de suministros médicos, considerada la mayor deuda pendiente del sistema sanitario, enfrenta ahora un escenario de mayor rigidez. Actualmente, las familias deben recurrir a polladas o préstamos para costear insumos que el Estado debería garantizar y, las recientes directrices del MEF establecen un filtro burocrático que podría ralentizar aún más la llegada de insumos críticos.
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Con estas nuevas reglas, ninguna licitación o ampliación de contrato puede iniciar sin el CDP, lo que podría retrasar meses el reabastecimiento de farmacias hospitalarias.
Además, se advierte sobre responsabilidades civiles y penales en caso de priorizar la necesidad médica sobre la formalidad presupuestaria. Incluso, en casos excepcionales de urgencia, se requerirá un informe técnico previo y la autorización del Equipo Económico Nacional (EEN) para recibir insumos anticipadamente.
El documento dice: “En aquellos casos excepcionales en que resulte necesaria la entrega anticipada de bienes o la prestación de servicios sin contar aún con el CDP del ejercicio fiscal vigente, la Entidad deberá solicitar previamente la autorización del Equipo Económico Nacional (EEN), acompañando un informe técnico que fundamente la situación de urgencia, la imposibilidad de postergar la ejecución al ejercicio siguiente, la identificación de los recursos financieros requeridos y el impacto institucional y financiero de una eventual no autorización”.
Previsibilidad vs. humanidad
Si bien la intención del Ministro de Economía es asegurar la “sostenibilidad financiera”, la rigidez del decreto reglamentario y la Ley de Presupuesto 2026 parecen ignorar que en salud, la previsibilidad es un lujo que los pacientes en terapia intensiva no tienen.
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La orden de “extremar los recaudos” emitida por Salud Pública es motivo de preocupación del personal de salud. Directores de diversos hospitales públicos de referencia afirmaron a ABC que se sienten “atados de manos” ante las necesidades diarias.
“Va a ser un caos hasta junio. Ni recursos de amparo no están aceptando más las farmacéuticas por la falta de pago”, mencionó uno de los directores, que pidió omitir su nombre.
Otro de los profesionales, director médico de uno de los hospitales de referencia de Central, también se mostró preocupado por la disposición de Salud Pública. Sin embargo, afirmó que “se trata de una circular” y, que “todavía no hay una resolución” al respecto.
Pacientes denuncian carencias en hospitales
“Hay que comprar hasta algodón para que te atiendan. Hay que recorrer los hospitales para ver la realidad, salir de las oficinas”, lamentó Hugo Acosta, quien contó que acudió recientemente hasta el Hospital Barrio Obrero por una herida en el pie y, además de esperar por demasiado tiempo, debió comprar casi todos los insumos para recibir atención.
Sonia Villagra, paciente oncológica que regularmente atraviesa la falta de fármacos clamo: “señora ministra, necesitamos de medicamentos, queremos vivir un poquito más, tenemos hijos que nos necesitan”.
Otra de las quejas de los pacientes es la falta de estudios de diagnóstico, obligando al enfermo a tener que trasladarse a kilómetros de distancia para acceder a un estudio clínico.
En servicios del interior del país, las condiciones son aún peores. En puestos de salud como el de Humaitá, los funcionarios organizan rifas y hasta carreras de caballos para recaudar dinero destinado a la compra de insumos básicos. Las autoridades locales denuncian que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud, a cargo de María Teresa Barán, no dan respuesta a sus necesidades.
Deuda con farmacéuticas supera los US$ 800 millones
Esta disposición nace de la deuda que acumula el Ministerio de Salud con las empresas farmacéuticas por la provisión de medicamentos, que ronda los US$ 814 millones. En la última reunión de las autoridades del Ministerio de Economía con referentes farmacéuticos realizada el pasado 27 de enero, se acordó que solo se autorizarán "compras de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y que no se van a emitir órdenes de compra sin respaldo".
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Durante la reunión, el MEF informó que el presupuesto aprobado para salud en 2026 es de US$ 490 millones, una cifra superior a la del año pasado, pero muy inferior al monto total de la deuda acumulada con el sector.
A este complejo escenario se suma ahora la incertidumbre de los proveedores de servicios de estudios de diagnóstico tercerizados por el Ministerio de Salud. Estos prestadores manifestaron su profunda preocupación debido a fuertes rumores sobre una posible reducción en el número de atenciones que se brindan en los hospitales para estudios de alta complejidad, como resonancias magnéticas, diálisis, ecografías, endoscopias, esterilización y otros diagnósticos especializados a fin de reducir costos.
Esta potencial restricción en los cupos de atención tercerizada representaría un nuevo golpe para los pacientes que ya enfrentan largas esperas, limitando aún más el acceso a diagnósticos oportunos en el sistema público.