Las fricciones para llegar a acuerdos con respecto a la reforma de la Caja Fiscal, planteada por el gobierno de Santiago Peña a fin de evitar el colapso de la misma, siguen presentándose en los diferentes sectores que serían afectados. Estos son las fuerzas públicas (policías y militares), docentes y magistrados.
Ante el déficit que el año pasado cerró en US$ 380 millones, el Poder Ejecutivo planteó una reforma en la que modificarían los años de aporte, establecerían una edad mínima para jubilarse, cambiarían la tasa de sustitución y los años de aporte.
La misma ya cuenta con media sanción y modificaciones de la Cámara de Diputados y podría tratarse en cualquier momento en la Cámara de Senadores, tras ser postergada dos veces, de la cuales la primera postergación se dio luego de una manifestación masiva de docentes.
Hoy los funcionarios del sector de justicia realizaron una manifestación en la explanada del Palacio de Justicia para reclamar que sus pedidos de modificaciones a la propuesta del gobierno sean introducidas al proyecto de ley. Confirmaron que se reunieron con el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR-HC) pero lamentaron que la Comisión de Hacienda no les haya recibido.
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“Así como está planteado el proyecto, no soluciona más que por un periodo de 7 años, conforme al análisis que hicimos, para que esto vuelva a ocurrir y volvamos a tener el mismo problema. La mala administración es clara”, denunció Adrián Arévalos, representante de los gremios de operarios de justicia y de los defensores públicos.
Reforma afecta a las familias
Los operarios de justicia sostienen que la reforma no solo afecta a los funcionarios, sino que a todas las familias, quienes tendrán variaciones en uno de los ingresos de sus hogares para sostenerlos económicamente, además de que varios de los cambios planteados colisionan con las leyes vigentes y con la Constitución Nacional.
Debido a esto, desde los gremios de funcionarios judiciales piden que debe aplicarse el principio de gradualidad para que todos los miembros de la comunidad que va a ser afectada tengan la oportunidad de evitar el impacto de la reforma en cuanto a los requisitos y parámetros que están estableciendo desde el Gobierno.
Sin embargo, para Arévalos el problema no radica solo en la falta de fondos, sino en la falta de control y la mala administración de la Caja Fiscal.
“Creemos que por parte del Estado necesitamos establecer una mesa de diálogo y un canal serio, no así ser atendidos brevemente para tratar algunos puntos. Los puntos que nosotros estamos solicitando que se puedan atender son evidentemente un capítulo especial para el sector magistrado, que puedan ser atendidos también la carrera judicial, que no sean afectados los derechos ya adquiridos, los derechos en expectativa y los derechos en proceso de conciliación, que son los que están realmente sufriendo esta reforma y van a soportar”, sostuvo.
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Paro total de la justicia
Entre los puntos, citó la equiparación de algunos funcionarios dentro del rango actuario, el cual el Ministerio de Economía y Finanzas ya estaba analizando y que implica a más de 900 personas que van a incorporarse al sector, el cual históricamente nunca estuvo en déficit, pero ahora sufrirán cambios que afectarían sus derechos.
Esto implicaría un crecimiento gradual de 22% y también ayudaría a que no se aplique la tasa que el Gobierno presenta con respecto al aporte del 19% , sino mantener el 16%, así como exigir que el Estado aporte al menos 6%.
“También creemos que los que están ya con ese derecho adquirido de ya estar jubilado, evidentemente tiene también la necesidad de sostener el ingreso total, no poner el tope del 25%, como así lo están haciendo, porque eso lo exige la Constitución en su artículo 103”, agregó.
Dijo que lo que menos quieren es perjudicar, pero advirtió que si se establece de que el estudio va a ser conforme lo analizó y sancionó Diputados, el perjuicio sería prácticamente un paro total del sistema judicial, no por la convocatoria de los gremios, sino que por el colapso mismo del sistema.
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“Habría una renuncia masiva de los operadores de justicia y esto implicaría perjudicar el acceso a la justicia y la eficiencia y la eficacia dentro del sistema”, concluyó.