En la sesión ordinaria de la Junta Municipal, este miércoles, la concejala Rosanna Rolón (ANR-independiente) propuso, mediante una minuta verbal, la interpelación al intendente Luis Bello (ANR-cartista). El pedido buscaba obtener directamente del jefe comunal las explicaciones sobre el retraso en cuatro obras de desagüe pluvial paralizadas: Abasto, San Pablo, Santo Domingo y General Santos.
La mayoría cartista y sus aliados lograron bloquear el pedido, impidiendo que el tema fuera siquiera discutido en el pleno. La solicitud no alcanzó los trece votos necesarios para convocar al jefe comunal. Salvaron a Bello los cartistas Juan Carlos Ozorio, Mariano Cáceres, Nasser Esgaib, Miguel Sosa y Gabriel Calonga.
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Algunos concejales, presentes en la sesión, se retiraron justo en el momento de la votación, lo que fue clave para proteger al intendente. Ellos fueron los liberales Augusto Wagner, Ramón Ortiz y Félix Ayala, el cartista Marcelo Centurión y los colorados disidentes Jesús Lara y Juan José Arnold. El único ausente en toda la sesión fue el concejal César “Ceres” Escobar.
A favor de la interpelación votaron, además de la propia Rolón, Javier Pintos (ANR-independiente), Daniel Ortiz (ANR-disidente), Carlos González (ANR-disidente), Humberto Blasco (PLRA), Fiorella Forestieri (PLRA), Pablo Callizo PPQ), Paulina Serrano (PPQ), Álvaro Grau (PPQ) y Jazmín Galeano (PPQ). El voto llamativo fue el de Karina Acuña (ANR-cartista), quien llegó a la Junta como suplente del intendente.
¿A dónde fue la plata?
La intención de convocar a Bello se dio luego de que los concejales Álvaro Grau (PPQ), Humberto Blasco (PLRA) y Javier Pintos (ANR-independiente), lograran la aprobación de un pedido de informe al intendente. La minuta establece que, en un plazo de una semana, Bello conteste cuál es el estado de estas obras inconclusas y los pagos que se hicieron a las contratistas.
En particular, cuestionan la paralización de la obra del Abasto, donde días atrás volvieron a registrarse inundaciones. El concejal Grau reclamó que “el problema para que la obra avance es nada más que G. 4.000 millones. O sea, ni el 1% de lo recaudado durante el mes de enero -G. 500.000 millones-, para que el calvario que está viviendo el vecino de San Pablo comience a terminar”, dijo.
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“No podemos dejar de preguntarnos qué pasa con tanta plata que el vecino aporta”, cuestionó. Recordó que en Lambaré “murieron dos oficiales de la Escolta Presidencial que iban en una camioneta blindada”, mientras que en San Lorenzo, recientemente, falleció un niño de 12 años.
Grau remarcó que el problema de fondo sigue siendo el mal gasto. “El intendente debe salir a decir, ‘recaudamos G. 500.000 millones, pero a esto se fue a parar’, porque eso es lo que realmente le importa al vecino”, dijo. “Ahora en abril o mayo, cuando se acaben las recaudaciones, quiero ver qué es lo que va a hacer. Los avances no se pueden pagar a cuentagotas“, reclamó.
Encomiendan pagar lo que se debe
Humberto Blasco recordó que “en la sesión anterior habían informado que se había honrado la deuda con las contratistas y que las obras avanzaban, pero la mentira tiene patas cortas, ahora la contratista dice que se le deben G. 4.000 millones”.
El edil lamentó incluso haber solicitado al exintendente Rodríguez estas obras, que “al final, las gestiones que hemos realizado de buena fe, terminaron siendo un azote para los vecinos. Da pena haber puesto la cara para que estas obras sean tenido en cuenta en el presupuesto, sean adjudicadas y arranquen”, agregó.
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Blasco recordó que siendo apenas un barrio de la capital, San Pablo tiene 50.000 habitantes, más que ciudades enteras del área metropolitana, como Mariano Roque Alonso o Itá. Además, agregó que sigue siendo un barrio familiar, con instituciones educativas importantes. Pidió además que la minuta encomiende al intendente a provisionar el dinero que exige la contratista para que la obra continúe.
El desagüe pluvial del Abasto fue adjudicado por Rodríguez al Consorcio Pluvial Abasto (Covipa y Chaves Construcciones), representado legalmente, entre otros, por Óscar Antonio Rubiani. El costo total de la obra es de G. 71.393 millones, de los cuales, según consta en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), se habrían pagado G. 23.792 millones.
Desvío e intervención
Estos proyectos habían sido prometidos por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) con los bonos G8 (2022), de G. 360.000 millones. De las ocho cuencas prometidas, Nenecho empezó cuatro, pero no terminó ninguna.
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Carlos Pereira, interventor de su gestión, documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones de esa emisión, que debía ser para obras, a gastos corrientes.
Rodríguez renunció en agosto del año pasado, ante la inminencia de su destitución y de la presentación de un contundente informe de la intervención. Contra su administración pesan al menos 8 procesos penales, entre ellos una acusación por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”.
Responsabilidad de Bello
Pero Bello no está exento de responsabilidad. Como concejal y presidente de la Junta, avaló junto a una mayoría cómplice, la misma que lo salvó de ser interpelado, la gestión de Nenecho, aprobando consecutivamente los balances 2023 y 2024, pese a que ya era de público conocimiento la denuncia de ABC sobre el desvío de los bonos.
Como intendente, sigue acumulando cuotas vencidas de los bonos, emitidos en su mayoría por Nenecho. Hasta febrero, estas cuotas impagas alcanzan la suma de G. 130.369 millones, lo que al cambio actual supera los US$ 20,5 millones.
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En diciembre de 2025, Bello obtuvo un préstamo de US$ 28 millones, con los que prometió, entre otras cosas, pagar una cuota de intereses vencidos de los bonos, pero no cumplió. Según altas fuentes municipales, su gestión pretende postergar un año más el pago de intereses que vencen en 2026. Nenecho ya había comprometido a la comuna hasta 2035.