Un documento confidencial de la Auditoría Interna del Instituto de Previsión Social (IPS), al que se ha tenido acceso, reconfirma lo que también indica el reporte de la Superintendencia de Salud: revela una cadena de negligencias sistémicas que terminaron con la vida del periodista Braulio Antonio Vázquez Giménez (48), en enero pasado. El informe, de 86 fojas, no solo describe una mala praxis médica, sino un estado de abandono administrativo donde los equipos rotos, la falta de insumos y la desidia jerárquica sentenciaron al paciente.
La tragedia comenzó con un error de diagnóstico administrativo. Al ingresar al Hospital Ingavi, el 26 de enero, a las 11:39, Vázquez fue clasificado en el RAC (Recepción, Acogida y Clasificación) como prioridad verde. Pese a manifestar un dolor opresivo en el pecho que se irradiaba al brazo izquierdo —síntomas clásicos de un infarto—, el personal consideró que su caso podía esperar.
Esta decisión obligó al paciente a esperar 1 hora y 17 minutos antes de ser evaluado por un médico. Para cuando se ordenó un electrocardiograma, el hospital se enfrentó a su primera carencia técnica: los tres equipos estaban descompuestos. El diagnóstico de infarto masivo se confirmó dos horas tarde, solo después de trasladar al paciente al servicio tercerizado de Meprotec para un estudio que el IPS debió garantizar en 10 minutos.
IPS y el caso Braulio Vázquez: La odisea del traslado y los médicos ausentes
A pesar de la gravedad, Vázquez permaneció en el IPS Ingavi durante 6 horas adicionales porque en el Hospital Central no había camas disponibles en la Unidad Coronaria. El traslado se gestionó de manera informal, a través de WhatsApp, un método que la auditoría critica duramente por su falta de trazabilidad y formalidad.
Una vez en el Hospital Central, la situación no mejoró. El informe señala que, durante la noche del ingreso, los médicos de guardia de Hemodinamia, Nancy Silvera y Juan Castellano, no respondieron los avisos urgentes enviados por los residentes de la UEMA. Esta omisión de respuesta ante un caso de Código Rojo es calificada por los auditores como una falta grave a la Ley de la Función Pública.
El “gasto de bolsillo”: la familia como proveedora
Uno de los hallazgos más indignantes confirmados por este documento interno es el desabastecimiento de insumos básicos. El IPS tenía stock cero de materiales esenciales para un cateterismo (balones, guías, introductores). El hospital obligó a la familia de Vázquez a contactar a proveedores externos y comprar de su propio bolsillo los insumos. En el documento se menciona también un posible “negociado” debido a que en el pedido de insumos ya estaba anotado de qué proveedor adquirir los elementos quirúrgicos.
El documento confirma que la familia perdió 15 horas vitales gestionando la compra. Irónicamente, tras la muerte del paciente, estos materiales fueron devueltos a los familiares porque el daño era tan severo que los insumos comprados ya no eran útiles; el paciente necesitaba una cirugía de bypass que nunca llegó a programarse por las demoras previas.
Tecnología en ruinas: angiógrafos sin contrato
La auditoría revela que el Servicio de Hemodinamia estaba “en ruinas” mucho antes de que Vázquez ingresara:
- Sin Mantenimiento: El contrato para el mantenimiento de los angiógrafos (equipos para ver las arterias) venció en diciembre de 2025. La Dirección de Recursos Tecnológicos no planificó su renovación.
- Fallas de climatización: Las computadoras del sistema se recalentaban porque el aire acondicionado de la sala de comandos no funcionaba. Esto provocó que el equipo fallara repetidamente los días 27 y 28 de enero, suspendiendo el procedimiento de Vázquez en dos ocasiones.
- UPS inoperativo: Ante parpadeos de tensión eléctrica, el sistema de energía ininterrumpida no protegió al equipo, generando imágenes distorsionadas que impedían a los médicos operar con seguridad.
Manipulación de datos y vacío legal
El informe de auditoría cierra con dos advertencias legales que podrían derivar en causas penales:
- Alteración de registros: Se detectó que, tras la declaración de fallecimiento (20:02 del 28 de enero), el sistema informático del IPS registró inserciones y eliminaciones de datos en la ficha clínica del paciente. Los auditores advierten que la integridad del expediente está comprometida.
- El convenio fantasma: Aunque los jefes médicos justificaron la no derivación de Vázquez alegando que “el plan de contingencia era el Hospital San Jorge”, la auditoría confirmó que no existe un convenio específico firmado para derivar asegurados a dicho centro. El IPS funcionaba bajo una “ilusión de contingencia” que no tenía respaldo jurídico.
Conclusión: un colapso de gestión
Braulio Vázquez no solo murió por un infarto; murió por un cateterismo que se realizó 59 horas tarde cuando el protocolo exige un máximo de 24 horas. El informe, que según fuentes de ABC, fue “cajoneado” subraya que la institución incurrió en un incumplimiento de servicios esenciales y una escasa planificación que expone al IPS a millonarias demandas por responsabilidad patrimonial.
A finales de marzo, la familia de Braulio Vázquez presentó una denuncia penal por presunto homicidio culposo contra personal de salud del IPS. Alegan negligencia médica, falta de insumos y demoras críticas, además de inacción inicial de la Fiscalía, pese a un informe de la Superintendencia de Salud que detectó irregularidades.
El informe presentado por la Superintendencia de Salud en marzo pasado, revela que la muerte del paciente, fue el resultado de una cadena de negligencias médicas y administrativas. En ese documento, ya se revelaba que un infarto fue clasificado erróneamente como “no urgente” y que fueron detectados equipos obsoletos sin mantenimiento, falta de insumos básicos y el abandono de sus puestos por parte de médicos de guardia.