Gustavo Canatta, presidente de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP), confirmó que el gremio prepara una movilización para el lunes 11 de mayo frente a la sede del Instituto de Previsión Social (IPS). Uno de los objetivos es expresar su adhesión a la gestión del actual titular, Isaías Fretes, quien en los últimos días expuso una serie de irregularidades administrativas en la previsional.
Sin embargo, la ocasión también será aprovechada para manifestar el rechazo a la continuidad de tres miembros del Consejo de Administración que provienen de la gestión de Jorge Brítez.
“No es ético que permanezcan personas que aprobaron contrataciones mal llevadas, algunas con sobrefacturaciones y otras que ni siquiera se cumplieron. ¿Qué confiabilidad podemos tener?”, cuestionó Canatta.
¿Qué consejeros deben salir según los jubilados?
El dirigente apuntó primeramente a José Jara Rojas, quien integra el consejo como representante de los jubilados y pensionados, pero quien según Canatta, jamás los respaldó en ninguna de sus reivindicaciones.
“En dos o tres años hemos hecho más de 20 o 25 manifestaciones frente al IPS. Jamás se bajó nuestro representante a acompañarnos o a darnos una voz de aliento para lograr nuestros objetivos”, dijo.
Otro nombre señalado por Canatta es el de Víctor Eduardo Insfrán Dietrich, representante de los trabajadores aportantes y quien sigue aferrado al cargo pese a las críticas.
La otra cabeza que piden es la de José Emilio Argaña Contreras, quien representa a los empleadores dentro del consejo de la previsional. Cabe señalar que este -al igual que Carlos Pereira- había puesto su cargo a disposición en febrero de este año luego de las irregularidades reveladas en torno a la muerte del asegurado Braulio Vázquez. Sin embargo, Argaña finalmente continuó desempeñándose como consejero.
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Reforma de la Carta Orgánica
Canatta también brindó detalles sobre la campaña de recolección de firmas para presentar un proyecto de ley por iniciativa popular que modifique la Carta Orgánica del IPS.
Al respecto, precisó que actualmente cuentan con cerca de 20.000 firmas de las 53.000 que necesitan y que esperan alcanzar en un plazo de entre 60 y 90 días.
Una vez que estas firmas (que se recogen de forma física y virtual) sean validadas por la Justicia Electoral, el proyecto será remitido al Congreso Nacional para su estudio.
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