La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el mes pasado su informe 2025 sobre el panorama integral de Derechos Humanos y la Justicia interamericana. Ante la presencia e influencia de estructuras criminales como el PCC y el Clan Rotela, en esta entrevista exclusiva con ABC, el presidente de la alta instancia, Stuardo Ralón Orellana, subraya que el combate a la penetración del crimen organización en distintos ámbitos institucionales, y el fortalecimiento de la independencia judicial, junto con la revisión de las medidas que restringen la participación ciudadana, son tareas urgentes para frenar la impunidad y preservar la institucionalidad democrática en Paraguay.
- Al decir el informe 2025 de la CIDH, que en Paraguay “persisten desafíos en temas de corrupción, impunidad, independencia judicial y espacio cívico”, ¿qué grado de responsabilidad se les puede atribuir a las autoridades del Congreso Nacional, al Poder Ejecutivo?
Quisiera comenzar agradeciendo a ABC Paraguay por el espacio. La CIDH mantiene con el Estado paraguayo una relación de diálogo constructivo y técnico, y al mismo tiempo escucha y dialoga de manera permanente con la sociedad civil paraguaya, cuya labor de monitoreo y documentación es indispensable para el trabajo de la Comisión.
El Informe Anual 2025, presentado por la CIDH el 23 de abril, no se concibe como un instrumento para atribuir responsabilidades individualizadas a poderes u órganos del Estado. Su naturaleza es distinta: documenta hechos relevantes y describe tendencias en materia de derechos humanos, conforme al mandato técnico de la Comisión.
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Dicho esto, conviene recordar un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos: todos los poderes del Estado—Ejecutivo, Legislativo y Judicial—tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, y sus acciones u omisiones impactan directamente en la vigencia efectiva de esos derechos. En el caso de Paraguay, el capítulo correspondiente del Informe recoge información pública sobre desarrollos normativos e institucionales que diversos actores—organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y otros sectores—han identificado como áreas de atención. Entre ellos figuran la aprobación de la Ley N.º 7363/24, debates en torno al voto secreto en la Corte Suprema, y el veto a la iniciativa de juzgados especializados en violencia de género.
Conforme al principio de complementariedad y subsidiariedad que rige al Sistema Interamericano, corresponde en primer término al propio Estado paraguayo—con la participación activa de su sociedad civil y de las personas titulares de derechos—evaluar y, cuando sea necesario, ajustar estas medidas. Desde la Comisión seguiremos acompañando técnicamente ese proceso.
- Actores políticos actuales cuestionaron el modelo de elección por listas desbloqueadas y que esto incidió negativamente en la selección de congresistas, sin el perfil para legislar y tener independencia respecto a sus responsabilidades como autoridades. ¿La CIDH tiene una evaluación respecto la calidad de las leyes aprobadas y el tenor de las normativas?
La CIDH no realiza evaluaciones generales sobre el diseño de los sistemas electorales internos ni sobre la calidad sustantiva del trabajo legislativo de los Estados. El diseño de estos sistemas pertenece a las propias instituciones democráticas paraguayas y, en última instancia, a la ciudadanía.
La Comisión reconoce la soberanía de los Estados para diseñar sus sistemas electorales y sus procesos legislativos de acuerdo con sus tradiciones constitucionales y su realidad histórica, política y social. Eso no significa, sin embargo, que estas decisiones sean ajenas al escrutinio interamericano: el rol de la CIDH es complementario y consiste en monitorear, desde una perspectiva de derechos humanos, los efectos que determinadas reformas puedan tener sobre los derechos políticos, la participación, la transparencia y otros derechos protegidos por la Convención Americana.
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En ese marco, la Comisión continuará atenta al desarrollo de las reformas electorales y normativas en Paraguay, prestando especial atención a su impacto en los derechos humanos, y manteniendo el diálogo tanto con el Estado como con las organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento a estos procesos.
- La CIDH advierte en el reporte que, si bien hay avances en la “institucionalidad democrática”, también los órganos de Justicia y las instancias de poder político se han visto permeados por facciones criminales, principalmente vinculadas al narcotráfico, además de existir reclamos por riesgos de persecución a entidades críticas al gobierno debido a la Ley 7363, y hubo protestas contra la corrupción y actos de represión policial. ¿Cuál es el riesgo de que, a partir de todos estos hechos, en conjunto, la “institucionalidad democrática” comience a retroceder?
El Informe Anual presenta una lectura equilibrada: reconoce avances del Estado paraguayo en materia de institucionalidad democrática y, al mismo tiempo, identifica señales de alarma que la propia Comisión considera necesario atender de manera oportuna.
Entre esas señales, el informe documenta preocupaciones serias: la infiltración del crimen organizado, particularmente vinculado al narcotráfico, en distintos ámbitos institucionales—incluido el sistema de justicia—con un impacto directo en la lucha contra la impunidad; la presencia e influencia de estructuras como el PCC y el Clan Rotela; situaciones de intimidación y presión sobre operadores judiciales; el esquema de fraude conocido como “Mafia de los Pagarés”; las restricciones al espacio cívico introducidas por la Ley N.º 7363/24, identificada por organizaciones de la sociedad civil como una de las medidas más restrictivas adoptadas en la región durante 2025; y los episodios de represión policial registrados durante protestas contra la corrupción.
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No corresponde a la CIDH formular pronósticos sobre la trayectoria democrática de un Estado. Sí corresponde señalar, con claridad, que estos elementos en su conjunto demandan una respuesta firme y sostenida. El fortalecimiento de la independencia judicial, el combate efectivo a la infiltración criminal en las instituciones y la revisión de las medidas que restringen el espacio cívico son tareas urgentes para preservar la institucionalidad democrática y la vigencia de los derechos humanos en Paraguay. La CIDH acompañará técnicamente ese proceso, en diálogo tanto con el Estado como con la sociedad civil.
- Si bien el Congreso avanzó el análisis del proyecto de ley que crea un mecanismo nacional de protección para periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos, el oficialismo, en el Congreso, quiere aprobar la ley para garantizar ese mecanismo solo para periodistas, dejando de lado a las personas defensoras de Derechos Humanos. Eso, de concretarse, ¿violaría la sentencia por el caso Leguizamón y las obligaciones internacionales?
Permítame primero destacar que el avance legislativo hacia un mecanismo nacional de protección es una noticia positiva, expresamente reconocida como tal en el Informe Anual.
Como práctica institucional, la CIDH no se pronuncia sobre proyectos de ley en trámite ni anticipa juicios sobre normas que aún no han sido aprobadas. Será el propio Estado paraguayo, a través de su Congreso y en diálogo con la sociedad, quien defina los alcances finales del mecanismo.
Lo que sí puedo señalar, con base en los estándares interamericanos consolidados, es que tanto periodistas como personas defensoras de derechos humanos cumplen funciones esenciales y diferenciadas en una sociedad democrática, y ambos grupos requieren protección efectiva por parte del Estado. Esta obligación deriva de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Paraguay en 1989, y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, vinculante para Paraguay como Estado miembro de la OEA. La sentencia Leguizamón Zaván y otros, de la Corte Interamericana, contiene parámetros específicos sobre la protección de quienes ejercen el periodismo en contextos de riesgo, parámetros que el Estado paraguayo está implementando.
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Esta consideración cobra particular relevancia en el contexto descrito en el propio Informe Anual, que documenta dinámicas de cierre del espacio cívico. Mantener a ambos grupos—periodistas y personas defensoras—dentro del mecanismo de protección es coherente con los estándares interamericanos y con las obligaciones internacionales asumidas por Paraguay. La CIDH ofrece su asistencia técnica para acompañar este proceso.
- Atendiendo el cierre de la sede del Indi en Asunción y el eterno retraso en el cumplimiento completo de las recomendaciones y sentencias en favor de los pueblos indígenas por parte del Estado Paraguayo, ¿cuánto cree que se retrocedió en Paraguay en materia de derechos humanos de pueblos originarios? ¿O cree que más que un retroceso sería un estancamiento?
La situación de los pueblos indígenas es una de las prioridades históricas del trabajo de la CIDH con Paraguay, e incluye varios casos y sentencias del Sistema Interamericano de relevancia bien conocida.
El Informe Anual 2025 documenta tanto avances como áreas de seria preocupación. Entre los avances, registra la creación de la Dirección de Defensa de Pueblos Indígenas y de la Red Nacional por los Derechos de los Pueblos Indígenas, pasos institucionales positivos. Entre las áreas de preocupación, el informe identifica como una señal de alarma el cierre de la sede del INDI como instancia autónoma de gestión territorial y diseño de políticas públicas, decisión adoptada sin consulta previa con los pueblos indígenas. A ello se suman los impactos de la deforestación—con especial gravedad para la supervivencia del pueblo Ayoreo en el Chaco—, las protestas reiteradas de comunidades del Bajo Chaco, del Pueblo Ava Guaraní Paranaense y del Pueblo Maká, los desalojos vinculados a un modelo extractivista que ha generado persecución penal y hostigamiento, y los efectos diferenciados sobre niñas, niños y adolescentes indígenas que se han visto forzados a desplazarse hacia zonas urbanas.
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No corresponde a la Comisión calificar esta realidad con etiquetas como “retroceso” o “estancamiento”; lo que sí afirma con claridad es que existen estándares interamericanos consolidados—incluida la consulta previa, libre e informada, y la protección territorial—que orientan la actuación estatal, y que el Estado paraguayo debe seguir desplegando el mayor de sus esfuerzos para garantizarlos plenamente.
Respecto al cumplimiento de recomendaciones y sentencias, los mecanismos de seguimiento se desarrollan en sede del Sistema Interamericano y a través del diálogo con el Estado, lo cual no impide—más bien exige—que la CIDH continúe monitoreando atentamente la evolución de la situación, en estrecho contacto con los pueblos indígenas, sus organizaciones representativas y la sociedad civil.
- Mensaje final
La CIDH valora la relación de diálogo constructivo y técnico que mantiene con el Estado de Paraguay, así como la interlocución permanente con las organizaciones de la sociedad civil paraguaya, los pueblos indígenas, las personas defensoras de derechos humanos y los medios de comunicación. Ese conjunto de espacios—que se ha traducido en visitas, mesas de trabajo y procesos de seguimiento—seguirá siendo privilegiado por la Comisión. Estamos convencidos de que, a través de la cooperación, del enfoque técnico y del respeto al principio de subsidiariedad, se contribuye de mejor manera a la plena vigencia de los derechos humanos en las Américas.