El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú elevó a juicio oral la causa que afronta la ex jueza de Paz de San Roque, Liliana González de Bristot, por presunto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso; y otros acusados como integrantes del esquema de la mafia de los pagarés en dicho juzgado.
El magistrado admitió la acusación ratificada por los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero; y rechazó los incidentes de sobreseimiento definitivo y exclusión de los testimonios del Abg. Jorge Rolón Luna y los ex ujieres del Juzgado de Paz de La Encarnación, Alfredo Benítez y Nicolás Antúnez; y admitió la exclusión de la declaración del ex ujier Líder Rodrigo Benegas.
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Por otra parte, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos no admitió el testimonio del ex ujier Líder Benegas, quien también está procesado en la presente causa, aunque pendiente de que se le conceda la suspensión condicional del procedimiento a pedido del Ministerio Público.
Además, a pedido de la defensa Otazú aceptó incluir como prueba para el juicio oral, el informe sobre los movimientos bancarias de la exmagistrada, pero rechazó la inclusión del informe bancario sobre el ex ujier Líder Rodrigo Benegas, quien en su declaración ante el Ministerio Público había afirmado que llegó a llevarle, hasta en una caja de zapatos, la suma de G. 25 millones a González de Bristot, cuando la misma ocupaba el cargo de jueza de Paz de San Roque.
Otras decisiones sobre mafia de los pagarés
En atención al pedido del Ministerio Público el juez de Garantías también elevó a juicio oral a los actuarios Miguel Ángel Rolón, Gloria Mariel Martínez y Liz Ortiz. En estos casos Otazú rechazó los incidentes de sobreseimiento definitivo que plantearon las defensas durante la audiencia preliminar.
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Otros acusados que afrontarán juicio oral son los abogados Cynthia Raquel Gaona Acuña, de la firma Litoral Trading SRL; Aníbal Cino Isnardi y Gerardo Stockel Duarte, representantes de la firma Nexo SA; Mario Gabriel Rojas Ayala, por la Cooperativa San Cristóbal Ltda.; Fátima Viola Ojeda González, en representación de Mi Paraguay SA; Eliana Rodríguez, de la firma Carsa; y la Abg. Marta Martinessi Culzoni, representante de la firma Chacomer SAE.
Por otro lado, Otazú imprimió trámite de oposición a la suspensión condicional del procedimiento para el ex ujier Líder Rodrigo Benegas, la oficial de Justicia Paola Vargas, el Abg. Carlos Agüero León, de LAB SA; Abg. Félix Óscar Gill, representante de la firma Cobranzas Eficientes y Oportunas SA.; y el Abg. Pedro Olmedo Cano, representante de la empresa Serfin SA.
En relación al oficial de Justicia Óscar Frutos, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú hizo lugar a la aplicación del procedimiento abreviado y condenó al encausado a 2 años con suspensión de la ejecución de la pena, por el plazo de 3 años. En concepto de reparación social del daño, el mismo debe donar la suma de G. 1.000.000 mensual, por 36 meses, a una entidad de beneficencia.
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Acusada en el caso “mafia de los pagarés”
La ex jueza de Paz del distrito de San Roque, Liliana Mabel González de Bristot, está acusada por presunto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso en el caso “mafia de los pagarés”. Junto a la ex magistrada están procesados actuarios judiciales, ujieres notificadores y oficiales de Justicia de dicho Juzgado de Paz, además de profesionales abogados.
Según la acusación fiscal cuando era jueza de Paz de San Roque, Liliana González de Bristot dictó resoluciones judiciales supuestamente “violando el derecho y para favorecer a las partes actoras (empresas de cobranzas)”, y que pese a que habría sabido que las notificaciones para reconocer firmas y oponer excepciones no se realizaban, igual avanzó en el proceso, llegando en muchos casos al dictamiento de sentencias definitivas de remate y luego, los descuentos compulsivos de salarios como parte de los embargos dispuestos.
La investigación relacionada a este caso inició en diciembre de 2024 y prosiguió en enero de 2025, a través de comunicaciones hechas por la Corte Suprema de Justicia al Ministerio Público, así como por denuncias hechas por abogados y por víctimas, que exponían irregularidades supuestamente cometidas en los Juzgados de Paz, en aparente confabulación con empresas de cobranzas teniendo como instrumentos hojas de pagarés.
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A través del análisis minucioso a los expedientes incautados, la Fiscalía pudo determinar el modus operandi consistente en una suerte de acuerdo entre jueces de Paz, actuarios, ujieres notificadores, oficiales y abogados demandantes, representantes de diferentes empresas de cobranzas. En el marco de este pacto, se realizaban procesos de preparación de acción ejecutiva.
Esquema de la “mafia de los pagarés”
La acusación fiscal detalla que entre los años 2022 y 2024, las empresas de cobranzas, a través de sus representantes legales, promovieron demandas de acción preparatoria de juicio ejecutivo y juicios ejecutivos con títulos de crédito que servían de base para la ejecución, consistentes en pagarés sin indicación del beneficiario.
El Ministerio Público agrega que en los procedimientos de preparación de acciones ejecutivas, en cumplimiento a las resoluciones judiciales dictadas en los diversos expedientes, los ujieres notificadores debían notificar a los deudores a los efectos de comparecer a reconocer las firmas estampadas en los pagarés; así también, los demandados debían ser intimados al pago por medio de los oficiales de justicia.
Más adelante, dentro del juicio ejecutivo propiamente, debían ser notificados a fin de que se presentaran a oponer excepciones; y luego debía disponerse el embargo ejecutivo de los bienes suficientes para cubrir el monto reclamado. Sin embargo, estas notificaciones e intimaciones de pago, así como los mandamientos de embargo, no eran diligenciadas por los ujieres y oficiales de justicia conforme a las constancias acreditadas por ellos en los documentos.
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Según el esquema que revela la acusación fiscal, dentro del proceso ejecutivo las intimaciones de pago y embargos ejecutivos eran también informados falsamente como realizados por los oficiales de justicia, consignando en muchos casos la misma fecha (e incluso hora) en lugares distantes unos de otros en los diversos expedientes pertenecientes a la misma empresa de cobranzas demandante por quienes habían sido contratados.