A finales de enero de 2024 se iniciaron oficialmente las obras de construcción de la denominada Ruta del Progreso, diseñada para unir la capital del departamento de Misiones con el cruce Yvyraty, sobre la Ruta PY04, en el departamento de Ñeembucú.
Con una extensión de 50 kilómetros, el proyecto nació como una esperanza económica y social para toda la zona. No solo prometía mejorar la conectividad vial, sino también fortalecer uno de los principales corredores productivos del sur del país.
La relevancia de la obra es considerable: atraviesa una de las regiones con mayor producción arrocera y ganadera de Misiones, donde operan importantes establecimientos productivos.
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Su culminación permitiría mejorar el transporte de mercaderías, reducir costos logísticos y facilitar la circulación entre ambos departamentos.
Además, representaría un atajo estratégico para transportistas y usuarios que se dirigen hacia Pilar, capital de Ñeembucú, disminuyendo tiempos y distancias de recorrido.
El proyecto cuenta con una inversión total de G. 184.290.707.079, provenientes del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
La obra fue dividida en tres lotes o tramos, adjudicados a diferentes empresas:
Lote 1: Con una extensión de 18,62 kilómetros, desde el cruce Yvyraty hasta el puente sobre el arroyo Aguaray, fue adjudicado a la empresa Construpar SA., cuyos representantes legales son Carlos Antonio Benítez Céspedes, Guillermo Luis Mas Metz y Sergio Rubén Samudio Báez, por G. 77.203.161.628. Hasta el momento se desembolsaron G. 68.070.710.300.
Lote 2: Comprende el tramo desde el puente del arroyo Aguaray hasta el kilómetro 38,69, en la comunidad de Loma Perõ. Fue adjudicado a Tecsul SAE, representada legalmente por Joaquín Fernández Solano López, Luisa Adela Solano López de Fernández y Marcelo Piñeiro Flecha por G. 66.271.072.646, con desembolsos de G. 59.605.714.852.
Lote 3: Corresponde al tramo final en la comunidad de Loma Perõ, con una extensión de 5,35 kilómetros e incluye además una variante de 6,2 kilómetros.
Inicialmente fue adjudicado a Caldetec Ingeniería SRL por G. 40.816.472.805, representada por Jorge Humberto Ozuna Limas. En este último tramo solo se desembolsaron G. 4.542.181.306 antes de que, en octubre de 2024, los trabajos quedaran totalmente paralizados. Desde entonces, la obra no registra avances.
Incumplimientos y cambios de empresas
De acuerdo con informes del MOPC, la paralización del lote tres se produjo debido a incumplimientos por parte de la empresa adjudicada.
La institución señaló retrasos en los plazos establecidos y la falta de presentación de documentos administrativos, tributarios y técnicos necesarios para continuar con los trámites y desembolsos correspondientes.
Ante esta situación, la cartera estatal resolvió rescindir el contrato e inició el proceso legal de finiquito. Por su parte, la empresa sostuvo que había cumplido con los requisitos exigidos, aunque la decisión del MOPC se mantuvo firme.
Posteriormente, el tramo fue adjudicado a la siguiente firma mejor posicionada en el proceso licitatorio: MM Constructora cuyo representante legal es Jorge Antonio Moreno Mereles. El nuevo contrato fue firmado en julio de 2025 y establecía un plazo de ejecución hasta enero de 2027, con una inversión de G. 37.552.735.858.
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Hasta el momento se abonó un monto parcial de G. 5.217.903.344, pero la empresa no inició actividades en la zona. La preocupación de los pobladores aumentó tras conocerse que la nueva contratista también atraviesa dificultades financieras.
Según informaciones recabadas, la firma se habría declarado en situación de quiebra e iniciado negociaciones con acreedores, lo que vuelve a poner en duda la conclusión del tramo tres.
El reclamo de las comunidades afectadas
Desde la paralización de los trabajos, hace más de 18 meses, los habitantes de la comunidad de Loma Perõ, mantienen constantes reclamos ante las autoridades.
Cerca de 500 personas viven en esta área, considerada actualmente una de las más perjudicadas por la falta de avance de la obra. Líderes vecinales como José Ortiz y Humberto Caballero se convirtieron en voceros permanentes del pedido ciudadano.
“Nos prometieron soluciones, las autoridades visitaron la zona, tuvimos reuniones y fechas de reinicio, pero todo queda en palabras. Seguimos esperando y sufriendo las consecuencias de la falta de respuestas”, expresaron.
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Las promesas de reactivación no faltaron. Incluso, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, aseguró en su momento que el tramo tres sería una prioridad para reiniciar las tareas. Sin embargo, hasta la fecha, esas declaraciones no se han traducido en acciones concretas.
De progreso a dificultades
La paralización del tramo tres no solo afecta a una comunidad específica. También pone en riesgo el objetivo integral de la Ruta del Progreso, concebida para fortalecer la integración regional, dinamizar la economía y mejorar las condiciones de conectividad entre Misiones y Ñeembucú.
El caso refleja además problemas recurrentes en la ejecución de obras públicas en el país: retrasos administrativos, incumplimientos contractuales, falta de controles eficientes y cambios constantes de empresas adjudicadas que terminan afectando directamente a la ciudadanía.
Mientras los plazos se extienden, las comunidades continúan enfrentando caminos deteriorados, dificultades de traslado.
Lo que en un principio fue presentado como símbolo de crecimiento y modernización hoy representa, para muchos pobladores, un ejemplo de cómo las promesas estatales pueden quedar atrapadas entre trámites, conflictos contractuales y falta de respuestas concretas.
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Los vecinos mantienen su postura: anuncian que seguirán con sus medidas de fuerza, bloqueos y reclamos hasta que vean la obra concluida.
Para ellos, la Ruta del Progreso no es solo una vía más: es la esperanza de un mejor futuro, que depende de la voluntad política de las autoridades para velar por el cumplimiento de los compromisos y convertir las promesas en una realidad concreta.