La funcionaria de la sección Estadística del Poder Judicial de San Lorenzo, Antonia Galeano, seguirá cumpliendo la medida de arresto domiciliario, pero a partir de ahora sin tener colocada la tobillera electrónica, así lo determinó el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, a través de su Auto Interlocutorio (AI) N° 170.
La procesada por presunto cohecho pasivo agravado (coima), enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, solicitó una audiencia de revisión de medidas a través de su abogado defensor Alexis Pimentel, la cual se llevó a cabo el 11 de junio y tras la cual, el magistrado resolvió levantar el uso de la tobillera electrónica para la misma.
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En la diligencia el abogado Pimentel había solicitado que se prescinda del uso de la tobillera electrónica para su cliente, porque “su defendida se encuentra con la imposibilidad de seguir costeando el monto mensual a ser abonado al uso de la tobillera electrónica, situación que afecta a su defendida en razón a que la misma ha sido suspendida de sus funciones por la Corte Suprema de Justicia sin goce de sueldo conforme a la resolución N° 160 del 19 de mayo del 2026”.
Cabe mencionar, con relación a esta situación, que en los casos de aplicación de la tobillera electrónica es el procesado quien debe abonar la suma de poco más de G. 2.000.000 mensualmente, para cubrir el costo del monitoreo. Solo en caso de que el encausado demuestre su insolvencia, el Estado se encarga de los gastos.
Exigió dinero a cambio de intermediar para obtener tobillera
La funcionaria judicial, Antonia Galeano, se desempeña como funcionaria de la Sección Estadística del Palacio de Justicia de San Lorenzo, Circunscripción Judicial de Central. La misma fue imputada por cohecho pasivo agravado (coima)y tráfico de influencias.
De acuerdo con los datos de la imputación fiscal, la funcionaria judicial Antonia Galeano se habría ofrecido como intermediaria ante los funcionarios del juzgado penal de garantías N° 1 de San Lorenzo, a cargo de María Elena Cañete, para que Marcelo Fabián Peña Mancuello, procesado por la Ley N° 1.340/88 sea beneficiado con la tobillera electrónica.
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La funcionaria de Estadística intervino porque es vecina de la casa donde se debía cumplir el arresto domiciliario.
En ese contexto, Galeano habría exigido la suma de G. 7.000.000 al padre de Marcelo Peña, Concepción Peña, bajo la promesa de que obtendría una medida más leve y el informe favorable por parte de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), para que el mismo pueda contar con la tobillera electrónica.
El 27 de abril, Concepción Peña denunció un pedido de suma de dinero por parte de una funcionaria judicial, a cambio de que su hijo obtenga medidas menos gravosas a la prisión preventiva. Es así que, por medio del abogado Vicente Rodríguez, habían solicitado revisiones en las cuales se les negó el cambio de medida cautelar en varias ocasiones, y una nueva diligencia se fijó para el 21 de abril.
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Fue antes de que se lleve a cabo la primera audiencia de revisión que Galeano se ofreció para mediar. Por esta razón el padre del procesado fue hasta el domicilio de la funcionaria y le consultó si “eso tendría un costo” a lo que la mujer le dijo “nadie trabaja gratis”, pero que aún no sabía el precio. Al día siguiente, vía telefónica le indicó que debía entregar la suma de G. 6.000.000.
Funcionaria insistió en entrega de dinero
Un día antes de la audiencia, el denunciante le indicó a Galeano que no alcanzó a juntar el dinero requerido, que solo tenía G. 3.000.000, a lo que la funcionaria le habría aceptado el monto y manifestado que a la gente del juzgado les diría que a la tarde se les entregaría el saldo.
Sin embargo, el día de la diligencia, Antonia Galeano citó al padre del encausado a las 7:00, en un estacionamiento cercano al juzgado de San Lorenzo, al lado de una capilla para la entrega del dinero. Al llegar al lugar, Concepción Peña entregó a Galeano el dinero que estaba en una bolsa de colores con la inscripción “Feliz Cumpleaños”.
Luego de eso, Peña fue hasta la oficina del juzgado. En la ocasión el abogado pidió el arresto domiciliario de Marcelo Peña, quien estaba en Tacumbú y la colocación de la tobillera electrónica. La jueza libró el oficio Nº 857 a la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC) para la evaluación técnica de factibilidad, informe que debía remitirse en 24 horas.
Luego Antonia Galeano se comunicó nuevamente, vía telefónica, con el padre del procesado para pedirle la suma de G. 1.000.000 más para el personal técnico funcionarios del OMDEC, a cambio de enviar un informe positivo, de lo contrario la jueza rechazaría el pedido.
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Al día siguiente, a las 11:24, se remitió al Juzgado el informe de la OMDEC por Nota N° 404/26 del 22 de abril, y el abogado defensor pidió una nueva audiencia de revisión de medidas que se fijó para el 24 de abril, cuando el juzgado otorgó el arresto domiciliario a Marcelo Peña.
Desde entonces, Antonia Galeano insistió al denunciante que entregue el saldo, es decir, los G. 4.000.000, de los cuales G. 3.000.000 eran para el juzgado y el G. 1.000.000 para funcionarios del Ministerio del Interior, supuestamente y según refiere el escrito de imputación.
Estas conversaciones habrían sido vía telefónica, a través de llamadas realizadas entre Antonia Galeano y el denunciante, quien con ayuda de sus familiares habría grabado las llamadas con uso de otros celulares. En base a esto se realizó el procedimiento de entrega vigilada.