La investigación que derivó en la condena a la extitular de la Unidad Fiscal N° 1 de San Lorenzo, Ana Girala a siete años y tres meses de cárcel por extorsión y otros delitos, se inició a partir de una denuncia de “apriete” presentada por Alcides Hermosilla, padre de Richard Hermosilla.
Richard Hermosilla fue detenido en setiembre de 2022, durante una barrera policial, donde se enteró que tenía una orden de captura dictada por la fiscala Girala. La medida restrictiva de libertad se dictó en el marco de una causa abierta por supuesta tentativa de homicidio doloso, asociación criminal y producción de riesgos comunes.
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“El tema con él es que tenía una ferretería y vino un amigo y le pidió dejar cosas en su depósito para que le guarde y había sido era un arma de fuego con la que se realizó el asalto. Posteriormente se hizo un allanamiento y se encontró el arma en su depósito. Él siempre negó haber participado del asalto. Hecho que se comprobó con varias pruebas que ofrecimos más la pericia del Ministerio Público que confirmó que el no era el participante del asalto”, explicó abogada Silvia Frers Martí.
Víctima de “apriete” estuvo más de 6 meses en la cárcel
El caso de Hermosilla fue el primero que tomó la abogada Frers luego de jubilarse de la magistratura, donde se desempeñó como jueza de Paz en Emboscada, fiscala en Villeta y jueza Penal en Villa Hayes. Cuando la letrada asumió la defensa, Hermosilla ya llevaba cuatro meses en prisión.
“El hijo de don Alcides estuvo más de 6 meses preso, pedimos varias veces que se aplicaran medidas pero la fiscala siempre se oponia Se llegó a hacer una pericia física y ahí se determinó que no era el quien participo del robo que la Fiscalía investigaba”, comentó.
El prolongado encierro y las dificultades económicas derivadas de esta situación, obligaron a su defendido -padre de dos hijos menores de edad- a cerrar su ferretería.
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“Era muy llamativo el actuar de la Fiscalía. Todo lo que nosotros presentamos no era tenido en cuenta, inclusive había ido a declarar una persona que era mecánica dental con quién (Richard) estuvo consultando el día y hora del asalto y aún así no nos dieron las medidas”, resaltó Frers.
Dinero y abogada amiga, condiciones para “ayuda” en la Fiscalía de San Lorenzo
“Y llamaba la atención por qué cuando nos ibamos a la fiscalía el trato era bastante áspero, bastante raro era todo. Después entendimos que había profesionales que tenían afinidad con esa unidad”, comentó.
Luego de que el padre de su cliente le comentara el pedido de dinero que le hicieron desde la Fiscalía y que la condición para que Girala “ayudara” a su hijo era que pagara G. 25 millones, previo nombramiento de la abogada Liz Martínez como su defensora, Frers lo animó a realizar la denuncia ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea), con el resultado ya conocido.
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“Dije que si así comenzaba mí trabajo de pasillera iba a terminar mal”, comentó Frers, tras recordar que fue el primer caso que tomó al regresar al ejercicio de la profesión.
Tras la salida de Girala, el caso pasó a cargo del fiscal Julio Ortiz, quien solicitó la suspensión condicional del sobreseimiento por el hallazgo del arma en su local y con relación al asalto, planteó sobreseimiento definitivo, otorgado por el juzgado penal de Garantias N° 1 de San Lorenzo.
“Para toda la familia fue un gran perjuicio; la ferretería tuvo que cerrar y ahora trabaja haciendo muebles de cocina y súper bien está trabajando en la actualidad, destacó la profesional, quien dio su testimonio en el juciio oral y público a la exagente fiscal.
Condena a la exfiscala Ana Girala, abogados y funcionarios de la Fiscalía
El lunes 6 del corriente, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Yolanda Morel e integrado por Karina Cáceres y Ana Rodríguez sentenció a la exfiscala Ana Girala a 7 años y 3 meses de pena privativa de libertad por prevaricato, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado (coima), extorsión acabada y extorsión en grado de tentativa.
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También fueron condenadas a 6 años y 6 meses de prisión Griselda Acha, exsecretaria fiscal; y a 4 años de pena privativa de libertad Christi Ortega, asistente de la entonces agente fiscal.
El colegiado condenó a los abogados Liz Elena Martínez Robles, a 3 años y 6 meses de cárcel y a Marcos Aurelio Velazco Mendoza, 2 años y 6 meses de privación de libertad. Por otro lado, Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín fue absuelta de culpa y reproche por duda razonable.
