Agustín Encina, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), negó que en la actualidad exista un uso desmedido del mecanismo de excepción por parte de diversos entes estatales para sortear licitaciones tradicionales.
Según detalló, durante los primeros tres años del actual gobierno las contrataciones concretadas bajo esta modalidad alcanzaron un 5,24 % del total, un número mínimamente inferior respecto a los primeros años de los dos periodos presidenciales anteriores.
“En este gobierno se tiene un número inferior a los dos periodos anteriores (...), por ende, no se puede hablar de un abuso”, dijo Encina.
Contrataciones frenó cientos de procesos sin justificación
Respecto a las solicitudes tramitadas, el titular de la DNCP precisó que la entidad recibió 1.066 avisos de intención para ejecutar procedimientos por vía de la excepción. De ese total, el 55,4 % (591 procesos) fue abandonado por las propias convocantes sin llegar a perfeccionarse.
Por su parte, la DNCP retuvo 178 procesos al constatar que las instituciones no demostraron formalmente la urgencia alegada, obligándolas a encauzar sus adquisiciones mediante licitaciones convencionales. Únicamente 297 procesos lograron concretarse en dicho lapso.
“El primer criterio es que efectivamente la urgencia tiene que estar demostrada. Si la urgencia no está demostrada, un proceso no puede ser por vía de la excepción”, remarcó el director. Asimismo, aclaró que las evaluaciones no se enfocan en el producto o servicio solicitado: “Nosotros no medimos por el bien que se va a contratar, medimos por la necesidad”, dijo.
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Situación de Petropar, Salud Pública y reclamos
Ante los cuestionamientos vertidos sobre compras de entes específicos como Petropar o el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el funcionario indicó que la empresa petrolera estatal registra solo un 4,44 % de compras por excepción dentro de la plataforma, dada su operativa especial como empresa pública. En el caso de Salud, afirmó que las excepciones no alcanzan el 2 % de sus licitaciones.
Consultado sobre presuntas irregularidades en contratos de transporte para kits escolares del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) o contrataciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic), aclaró que la DNCP no actúa sobre especulaciones mediáticas sino sobre denuncias o protestas formales.
“Nosotros no podemos verificar ese tipo de situaciones si no son denunciadas efectivamente a través de los módulos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Son cuestiones circunstanciales que se discuten o se debaten dentro del ámbito mediático”, expresó.
Mecanismos de control, precios y alertas
Para evitar sobreprecios y direccionamientos, el titular de la DNCP aseveró que las convocantes están obligadas a respaldar el cálculo de sus costos de acuerdo con la guía de precios referenciales de la institución. En caso de protestas o denuncias, incluso anónimas, los procesos son suspendidos de forma inmediata para su fiscalización.
Finalmente, Encina destacó la implementación de herramientas tecnológicas dentro de la Ley 70/21, señalando que la Dirección de Normas y Control opera actualmente con “46 sistemas de banderas rojas funcionando y cinco de inteligencia artificial que ayudan al verificador a que efectivamente se detecten este tipo de casos”. Estos mecanismos permiten congelar los trámites de contratación hasta garantizar la trazabilidad y transparencia requeridas, explicó.
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