El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que juzga a Miguel Prieto y otros 10 acusados, por presunta lesión de confianza y asociación criminal en el caso “Tía Chela”, advirtió en base al Artículo 400 del Código Penal que los hechos objetos del juicio oral también podrían subsumirse en los tipos penales de estafa y producción de documentos no auténticos en su modalidad de uso.
En el caso de Miguel Prieto, las juezas Ana Rodríguez Brozón (presidenta del tribunal), Yolanda Morel y Karina Cáceres advirtieron la posible coautoría en el hecho de estafa, prevista en el artículo 187, inciso primero, del Código Penal. También advirtieron sobre la producción de documentos no auténticos, en la alternativa de uso, contemplada en el artículo 246, inciso 1°, también en calidad de coautor.
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Con relación a los demás acusados, el colegiado también advirtió sobre la posible inclusión de los hechos punibles de estafa y producción de documentos no auténticos, en su modalidad de uso, con diferentes grados de participación. Es decir, algunos como coautores y otros en calidad de cómplices.
Junto a Miguel Prieto afronta juicio oral los acusados Nelson Segovia, Félix Cáceres, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Sebastián Martínez Insfrán, Maggi Fariña Almada, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Fermín Ávalos Britos y Emilia Vanessa Florentín Páez.
Defensa de Miguel Prieto cuestiona “omisión” de Fiscalía
En la última audiencia del juicio oral, realizada este martes 13 de octubre, el Ministerio Público presentó varias pruebas documentales ofrecidas como sustento de la acusación del presunto desvío en la compra de kits de alimentos de la empresa “Tía Chela”.
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Una de las documentales producidas por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca, Verónica Valdez y Yeimy Adle fue un informe de agosto de 2021 de la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), actualmente Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), sobre la empresa Tía Chela.
Luego de la audiencia del juicio oral el Abg. Guillermo Ferreiro, defensor de Miguel Prieto, cuestionó que fiscal Silvio Corbeta haya leído de manera íntegra el informe, excepto la conclusión. “¿Error? No, omisión intencional ¿Por qué? Porque lo que dice, no le conviene”, resaltó el letrado en una publicación en la red social X.
La conclusión del informe resalta que “del análisis de lo arrimado por Tía Chela S.R.L. no se hallaron inconsistencias, considerando la regularización en la presentación de la Declaración Jurada de IVA, incluyendo las ventas de la adjudicación por la suma total de G. 2.949.650.000, que los gastos se encuentran sustentados, los proveedores consistentes y el pago resultante en ese periodo, de G. 6.109.028, se encuentra abonado.”
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Según lo programado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, el juicio oral continuará el lunes 19 de octubre, desde las 9:00, con la producción de otras pruebas ofrecidas por el Ministerio Público.
Supuesto desvío de G. 2.130 millones en caso “Tía Chela”
Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción ratificaron en los alegatos finales que en el presente juicio oral quedará probado que entre marzo y julio del año 2020 Miguel Prieto encabezó un esquema integrado por funcionarios a su cargo para el desvío de recursos municipales, que resultó en un perjuicio patrimonial de G 2.130.036.160.
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De acuerdo con lo remarcado por los agentes, existen inconsistencias en las facturas, ya que las compras de los kits de alimentos fueron realizadas con posterioridad a las fechas de recepción que figuran en la documentación oficial de la Municipalidad de Ciudad del Este.
En consecuencia, la fiscalía asegura que la empresa Tía Chela no contaba con la capacidad financiera, técnica ni experiencia para proveer los 25.000 kits de alimentos a la Municipalidad de Ciudad del Este, aún así fue adjudicada por la institución que estaba a cargo de Prieto.
El Ministerio Público apunta a los acusados por supuestamente ejecutar la adjudicación de forma indebida por la vía de la excepción, cuando la compra de alimentos no revestía la urgencia argumentada, por lo que debió adjudicarse mediante licitación pública.
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“Miguel Prieto encabezó el esquema de desvío de recursos, mediante la licitación por la vía de excepción para la compra de veinticinco mil kits de alimentos, que fue adjudicada a la empresa Tía Chela, por un monto total de dos mil novecientos cuarenta y nueve millones seiscientos cincuenta mil guaraníes, al inicio de la pandemia por covid 19”, expresó la fiscala Verónica Valdez en parte de los alegatos iniciales.