Ayer miércoles, el presidente Santiago Peña confirmó que su mentor político, el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), estuvo presente en la reunión que mantuvo recientemente con seis de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia en la residencia presidencial, Mburuvicha Róga.
Esa reunión se realizó en secreto, sin que fuera comunicada al público por la Presidencia de la República o la Corte Suprema. Recién una semana después uno de los ministros de la Corte admitió que la reunión tuvo lugar – alegando que solo se trataron temas “administrativos” y de presupuesto para el Poder Judicial-, y solo ayer se confirmó la participación del expresidente Cartes.
En conversación con ABC Color, el abogado constitucionalista Hugo Estigarribia hizo un análisis de la situación, de las múltiples irregularidades institucionales que se observan en la realización de esa reunión secreta y las consecuencias jurídicas y políticas que podría acarrear.
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“La reunión fue secreta, no fue informada con anterioridad, no se tuvo una agenda establecida”, señaló Estigarribia. “Solo una semana después un ministro (de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón) hizo referencia a ella con una escueta explicación. De la Presidencia ni de la Corte hubo comunicación institucional, recién ante la divulgación en medios periodísticos y la inminencia de la divulgación de alguna grabación o prueba esto se difundió”.
Señaló que, en condiciones normales, reuniones entre poderes del Estado de ese tipo deben ser comunicadas al público a través de canales institucionales.
Además, señaló como llamativo que solo seis de los nueve ministros de la Corte - Jiménez Rolón, César Diésel, César Garay Zuccolillo, Carolina Llanes y Luis María Benítez y Alberto Martínez Simón - fueron invitados, mientras que el ministro Gustavo Santander fue invitado a último momento y rechazó la invitación; y los ministros Víctor Ríos y Manuel Ramírez Candia no fueron convocados.
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Estigarribia señaló también como sugestivo el hecho de que la reunión tuvo lugar en Mburuvicha Róga, la “sede del poder político”, y no en un local “neutral” o en el Palacio de Justicia.
¿Qué pudieron haber pactado en la reunión?
Agregó que la confirmación de la participación de Horacio Cartes en la reunión genera aún más desconfianza sobre la reunión, teniendo en cuenta no solo el hecho de que la presencia de una autoridad de un partido político en una reunión de poderes del Estado es irregular, sino también el hecho de que el presidente de la ANR tiene en la Justicia una denuncia contra el expresidente Mario Abdo Benítez que podría acabar siendo deliberada por la Corte Suprema.
Además, bancos cercanos al expresidente Cartes tienen juicios en curso y la Corte Suprema tiene pendiente decidir sobre una acción de inconstitucionalidad presentada contra la expulsión del Senado de la exlegisladora opositora Kattya González, cuya pérdida de investidura fue impulsada por la facción cartista de la ANR en la Cámara Alta del Congreso.
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Por otro lado, Estigarribia señaló el “interés tácito” de los ministros de la Corte en la aprobación de un proyecto de ley que iba a ser tratado en la Cámara de Diputados y permitiría que los ministros vuelvan a poder ocupar las presidencias de las distintas circunscripciones judiciales del país por tiempo indefinido, lo que facilitaría la formación de “feudos” en los que los ministros pueden eternizarse.
Ese proyecto de ley fue tratado en Diputados poco después de la reunión secreta y fue sancionado con votos de la mayoría cartista en la Cámara Baja. Está pendiente de promulgación o veto por parte del Poder Ejecutivo.
“Hay que ver qué consigue el oficialismo” de parte de la Corte Suprema a cambio de la aprobación de esa ley, dijo el abogado, y especuló que la consecuencia podría ser el rechazo de la acción de inconstitucionalidad de la exsenadora Kattya González o de las acciones judiciales promovidas contra bancos cercanos a Horacio Cartes.
La Justicia rechazó pedido de informes sobre visitantes a Mburuvicha Róga
Estigarribia apuntó también al reciente rechazo de parte de la Justicia de un amparo constitucional presentado por abogados para exigir que se revele la lista de visitantes a Mburuvicha Róga, presentada luego de que una exempleada de la residencia presidencial denunciara la supuesta aparición de sobres con miles de dólares en efectivo y afirmara que el presidente Peña solía recibir fuera de agenda a empresarios vinculadas a importantes contratos con el Estado.
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El abogado señaló que desde hace ya varios periodos presidenciales Mburuvicha Róga ha dejado de ser solo la residencia del presidente, sino que también es donde hace oficina.
“Lo que pasa ahí adentro interesa a la investidura presidencial” y, por lo tanto, debe ser público, subrayó, y añadió que al no divulgarse la lista de visitantes “aumenta la sospecha sobre el actuar del Poder Ejecutivo y se genera casi convicción en la gente de que hay algo irregular”.
Lo que se interpreta de la reunión secreta, seguida de la aprobación del proyecto de ley favorable a los ministros de la Corte y el rechazo en la Justicia del pedido de información sobre Mburuvicha Róga que debería ser pública es que el Poder Judicial está “arrodillado” ante el Poder Ejecutivo y Horacio Cartes, enfatizó. “Se confirma para la ciudadanía que esto es un acto de sumisión del Poder Judicial”.
Y argumentó que esa relación de sumisión entre la Justicia con el poder político resulta en una sensación de inseguridad jurídica que podría echar por tierra los esfuerzos del gobierno por presentar a Paraguay como un destino atractivo para inversiones internacionales.
“Las grandes inversiones no vienen si no hay tribunales locales confiables, por más grado de inversión que se tenga”, advirtió.
¿Juicio político?
Finalmente, Estigarribia opinó que la oposición en el Congreso no debe quedarse de brazos cruzados, sino que debe impulsar procesos de juicio político contra los ministros de la Corte que participaron de la reunión secreta e incluso contra el presidente Peña, a pesar de que no existan los votos suficientes para que esos pedidos sean aprobados en cámaras parlamentarias donde el oficialismo cartista es mayoría.