En una sesión extraordinaria, el jueves a las 8:30, la Cámara de Diputados planea debatir la modificación de la ley que regula el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo (Caja Parlamentaria), antes de otra sesión extra de la Cámara Baja prevista esa misma mañana para estudiar la reforma de la Caja Fiscal, que afectará a varios gremios de funcionarios públicos.
Según admitieron los impulsores del pedido –los diputados Jorge Ávalos Mariño (PLRA) y Hugo Meza (ANR)– el objetivo de modificar las jubilaciones parlamentarias, que son vistas por gran parte de la ciudadanía como privilegiadas, es dar al Congreso “autoridad moral y política” para luego tomar medidas que afectarán a las jubilaciones de funcionarios públicos como docentes o fuerzas de seguridad, a cuyas cajas deficitarias el Poder Ejecutivo planea introducir cambios impopulares como el establecimiento de edades mínimas de jubilación.
En cambio, el diputado opositor Raúl Benítez (independiente) -junto con su colega Johana Ortega (País Solidario)– ha propuesto la eliminación de la Caja Parlamentaria y advirtió que, aún con reformas, esta será insostenible sin aportes del Estado más allá del año 2040.
Inclusión de funcionarios permanentes del Congreso en la Caja
En conversación con ABC Cardinal este miércoles, el diputado Benítez reiteró sus cuestionamientos a las medidas contempladas en el proyecto legislativo que sería utilizado como referencia durante la sesión de mañana, una propuesta de modificación de la Caja Parlamentaria que presentó el año pasado el diputado José Domingo Adorno (ANR).
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Señaló que el proyecto propone integrar a la Caja Parlamentaria a los más de 3.400 funcionarios permanentes del Congreso Nacional, sin exponer un cálculo actuarial o estudio de impacto financiero que sustente de esa medida.
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Resaltó también “cambios más estructurales” como el prolongamiento del periodo de funciones de los coordinadores de la Caja Parlamentaria, que pasaría de tres a cinco años.
“Falta de sinceridad” sobre aporte estatal
El diputado Benítez centró sus críticas principalmente en lo que considera una “falta de sinceridad” con respeto al aporte del Estado a la Caja Parlamentaria y dijo que se busca presentar la reforma como una solución que prohibirá que el Estado aporte a la jubilación de los parlamentarios cuando, en realidad, eventualmente ese aporte sería inevitable.
“Con la reforma, (la Caja Parlamentaria) explota en 2040 en vez de en 2035”, dijo, y agregó que los cambios planteados solo dan “oxígeno por unos años” y que eventualmente el Estado deberá asumir los costos de pagar la jubilación de los afiliados a la Caja que ya tengan derechos adquiridos.
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Explicó que el patrimonio actual de la Caja Parlamentaria es de unos 264.000 millones de guaraníes y señaló que, según proyecciones, si no se realiza ninguna modificación a la jubilación parlamentaria, en 2034 ese patrimonio se habrá reducido a alrededor de 81.000 millones.
Si se introducen los cambios, estos serían estudiados mañana en la Cámara Baja, sin embargo, el patrimonio de la Caja Parlamentaria en 2034 sería de unos 150.000 millones de guaraníes, según una proyección que el diputado dijo considerar optimista. Pero esa cifra bajaría a alrededor de 90.000 millones para 2040.
“La Caja tiene una tendencia a caer sola y cuando caiga vas a tener un montón de afiliados ya cobrando”, subrayó. “Alguien va a tener que hacerse cargo y evidentemente va a tener que ser el Estado”.
Abrogación
El legislador opositor insistió en que “el único camino es la abrogación (de la Caja Parlamentaria), o que se sincere y digan que es insostenible sin aporte estatal”.
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Sin embargo, enfatizó que la idea no es eliminar de forma repentina la Caja Parlamentaria, sino “pensar en un periodo de transición” que puede durar varios años y lleve a soluciones como el establecimiento de una asociación o mutual privada para administrar la jubilación de los parlamentarios.