La investigación contra el senador colorado Erico Galeano se extendió durante cuatro años. El caso formó parte de la gran causa contra el narcotráfico conocida como “Operación A Ultranza Py”, que destapó una red internacional vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y al presunto líder del esquema en Paraguay, Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.
La primera vinculación directa de Galeano con la causa derivada de A Ultranza Py se produjo el 26 de marzo de 2022, durante uno de los allanamientos realizados en el marco de la investigación contra Insfrán.
Las sospechas surgieron a partir de los procedimientos efectuados ese mes. En una de las viviendas del complejo Aqua Village, en la ciudad de Altos, los investigadores hallaron documentos que lo vinculaban con el inmueble, entre ellos una factura de la ANDE a su nombre.
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La casa en Altos
A partir de ese hallazgo, los fiscales profundizaron las averiguaciones sobre el origen y las operaciones relacionadas con la propiedad.
Según la investigación del Ministerio Público, Galeano declaró haber vendido la casa por aproximadamente US$ 1 millón a Hugo González Ramos. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que la operación habría sido simulada y utilizada para introducir dinero proveniente del narcotráfico en el sistema financiero.
Aeronave utilizada por narcos
Con el avance de la investigación también surgieron datos sobre el uso de una aeronave vinculada al entonces diputado excartista.
La Fiscalía señaló que una avioneta asociada a Galeano habría sido utilizada para trasladar a integrantes de la estructura criminal dentro de nuestro país.
Esa supuesta colaboración logística reforzó la hipótesis de que el político no solo tenía vínculos financieros con el grupo, sino que también habría facilitado recursos para su funcionamiento.
Polémica por el “doble fuero”
En mayo de 2023, el Ministerio Público imputó formalmente a Galeano por los delitos de lavado de dinero y asociación criminal.
La situación generó polémica porque el proceso judicial avanzaba al mismo tiempo que se oficializaba su proclamación como senador electo.
En ese contexto, el político sostuvo públicamente que contaba con un “doble fuero”: el que tenía como diputado en ejercicio y el que obtendría al asumir como senador.
Dicha interpretación generó un intenso debate jurídico y político, ya que fiscales y diversos sectores señalaron que los fueros parlamentarios no podían convertirse en un obstáculo para la investigación penal.
Desafuero y arresto domiciliario
Para que el proceso avanzara, el Congreso tuvo que tratar su situación. Galeano ya había sido desaforado como diputado y posteriormente también se resolvió su desafuero en el Senado, lo que permitió que el proceso judicial continuara.
Meses después, en septiembre de 2023, el juez penal de garantías Gustavo Amarilla dispuso su arresto domiciliario mientras avanzaba la causa. En ese momento, se convirtió en el único procesado del caso A Ultranza Py que no estaba recluido en una penitenciaría.
Elevación a juicio oral
Durante 2024, la causa entró en una etapa decisiva. El juez Osmar Legal resolvió elevar el caso a juicio oral al considerar que existían elementos suficientes para que un tribunal analizara las acusaciones.
La Fiscalía sostuvo que podía demostrar que Galeano había colaborado con la organización criminal liderada por Insfrán y conectada con Marset, tanto mediante el uso de su aeronave como a través de operaciones inmobiliarias presuntamente utilizadas para lavar dinero.
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La condena a 13 años de prisión
El juicio oral se desarrolló posteriormente ante un Tribunal Especializado en crimen organizado. Durante el proceso, el Ministerio Público presentó documentos financieros, testimonios y otros elementos de prueba para sostener que el senador formó parte de un esquema de apoyo a la red de narcotráfico investigada en A Ultranza Py.
En sus alegatos finales, los fiscales solicitaron una pena de 17 años de prisión por los delitos de lavado de activos y asociación criminal.
El 4 de marzo de 2026, el tribunal dictó sentencia. Los jueces declararon culpable a Galeano por ambos delitos y lo condenaron a 13 años de prisión al considerar que existían pruebas suficientes para establecer su participación en el esquema criminal investigado.
La defensa del excartista anunció que apelará la resolución en las instancias posteriores, pues alega que la sentencia responde a una “presión política”.
