“Aproximadamente G. 31.500 millones”, respondió de forma tajante el 22 de abril de 2024 el entonces director jurídico del IPS, José “José’i” González Maldonado. Fue ante la consulta de una periodista de la 970 AM sobre la deuda acumulada hasta ese entonces por el Consorcio Hotelero Sudamericano SA, representado por Jorge López Moreira.
En aquel momento, González Maldonado cuestionó duramente un acuerdo extrajudicial de 2018, calificándolo de “misterioso” por haber otorgado un “descuento” de casi el 50% a la empresa: se le perdonaron G. 5.224 millones de una deuda de G. 10.781 millones que ya tenía sentencia firme de la Justicia.
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Apuntando a la cercanía del Consorcio con el gobierno de Mario Abdo Benítez, el director anunció que el IPS reclamaría la totalidad de la cifra original establecida en las resoluciones judiciales más lo acumulado hasta la fecha.
El giro sorpresivo del IPS
Sin embargo, apenas tres meses después, la postura combativa se desvaneció. El 30 de julio de 2024, basándose en un dictamen de la propia Dirección Jurídica a cargo de González, el IPS aceptó que el Consorcio pagara apenas G. 7.500 millones.
El pacto incluyó el desembolso previo del 5% sobre ese monto más IVA en concepto de honorarios profesionales, equivalente a G. 412.500.000.
Según la Resolución Nº 054-034/2024, la previsional ignoró sus propias denuncias previas. Tomó como base la cifra cuestionada y establecida en el Gobierno anterior (G. 5.557 millones) y calculó apenas G. 1.942 millones en intereses compensatorios.
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En la práctica, el IPS volvió a perdonar G. 3.281 millones, contradiciendo su repetitivo discurso de defensa. Pero el dato más alarmante es el “olvido” contable: existe una diferencia abismal de G. 24.000 millones entre lo que González Maldonado reclamaba en abril de 2024 y lo que aceptó en julio de ese mismo año.
El exprocurador general, Marco Aurelio González Maldonado, salió en defensa del pacto, calificándolo como “mucho mejor” que el de 2018.
No obstante, el actual miembro del Banco Central del Paraguay (BCP) en su análisis omite un detalle matemático: la supuesta mejora para el IPS es de apenas G. 1.942 millones, una cifra insignificante frente a la quita millonaria y del beneficio que recibió su hermano como único facturador de honorarios, cuyo cobro se hizo a través de una sospechosa triangulación usando una cuenta bancaria oficial del IPS para privilegiar a José González.
Esto es, sin contar la diferencia de G. 24.000 millones con respecto a la cifra denunciada en abril de 2024.
Registros de la previsional a los que accedió ABC revelan que, tras un pago posterior de más de G. 1.200 millones a inicios de 2025 por periodos fuera del reclamo judicial, la empresa actualmente ya figura “al día”.
¿Reunión en las sombras?
La Procuraduría General de la República (PGR), bajo el mando de Marco González, tuvo una intervención sugestiva. Apenas siete días antes de la firma del acuerdo, el 22 de julio de 2024, el ahora miembro del Directorio del BCP y vicedecano de la Facultad de Derecho de la UNA se presentó en carácter de Procurador General al juicio como tercero coadyuvante.
Tras esa movida, no hay rastros de dictámenes oficiales a favor o en contra del acuerdo; la PGR desapareció y solo reapareció seis meses después, el 5 de mayo de 2025, una vez que el caso ya estaba cerrado y finiquitado.
Fuentes de este diario señalan que, tras esa presentación inicial, se habría gestado una reunión clave en el edificio de la Caja Central del IPS. Según los informantes, en dicha mesa se sentaron el exprocurador, su hermano y los representantes del Consorcio Hotelero Sudamericano.
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Al consultársele al exprocurador negó rotundamente el encuentro con los empresarios. Con respuestas evasivas, admitió haber estado en el IPS por diversos juicios, pero insistió en que nunca se reunió con los responsables del consorcio beneficiado por la millonaria quita. Por su parte, el exdirector jurídico no atiende nuestras llamadas telefónicas.