Una lista selecta de altas autoridades logró, a partir de enero de 2025, inflar sus remuneraciones mensuales con el pago de bonificaciones por “responsabilidad”, un rubro que hasta 2024 no figuraba en las respectivas planillas. El esquema colisiona frontalmente con el discurso de “economía de guerra” pregonado desde el Poder Ejecutivo.
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El principal beneficiado con esta maniobra es el titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, quien sumó G. 21 millones a su dieta y gastos de representación. Con este incremento, el Estado paraguayo pasó a costear una remuneración total que supera los G. 63 millones mensuales para el legislador colorado cartista.
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Este esquema de privilegio igualmente incluye a la totalidad de los ministros de Santiago Peña y a varios directores de entes descentralizados como la Diben, el Indi y la DNCP. Estos funcionarios añadieron montos superiores a los G. 6,5 millones a sus haberes, elevando sus ingresos mensuales por encima de los G. 32 millones.
