Gobernadores, legisladores y representantes del Ejecutivo -durante la reunión de la comisión de Legislación- coincidieron en la necesidad de mejorar el sistema, pero chocaron sobre quién debe administrar el millonario programa de alimentación escolar.
“Pero, con todo respeto, traspasar esto a las municipalidades no te soluciona. Acá hay un problema estructural de producción en Paraguay”, sostuvo el gobernador de Cordillera, Denis Lichi.
Lichi también cuestionó que constantemente se vincule al programa Hambre Cero con corrupción y supuestas coimas, afirmando que esas acusaciones “ofenden e irritan” a los gobernadores.
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“Cuando se habla de Hambre Cero se habla de corrupción y de coima. Y eso muchas veces preocupa, ofende e irrita también a los gobernadores”, expresó.
El gobernador defendió además el modelo centralizado de licitación a través de las gobernaciones, argumentando que permite abaratar costos por volumen y garantizar exigencias técnicas para las empresas proveedoras.
Según indicó, actualmente en Cordillera se paga incluso 470 guaraníes menos por plato que en adjudicaciones anteriores, pese a la inflación registrada en los últimos años.
Denis Lichi afirma que productores aún no tienen capacidad logística
El titular departamental insistió en que el desafío principal sigue siendo la falta de infraestructura y la formalización de la agricultura familiar campesina.
Explicó que muchos pequeños productores no cuentan con facturación ni logística para entregar directamente sus productos a las empresas adjudicadas, situación que termina favoreciendo la intermediación.
“Es muy complicado para un productor que entrega 10 o 15 cajas de tomate llevar hasta el depósito porque ahí ya deja de ganar”, afirmó.
Asimismo, aseguró que la mayoría de los productos frutihortícolas utilizados en el programa son nacionales y defendió que existe un proceso gradual de adaptación del sistema productivo paraguayo.
Soroka cuestiona bajo porcentaje de compra a agricultura familiar
Por su parte, el senador y proyectista Colym Soroka (ANR) justificó la iniciativa legislativa señalando que el programa no está beneficiando suficientemente a la agricultura familiar campesina.
Soroka recordó que existe un decreto presidencial firmado por Pedro Alliana que establecía utilizar al menos el 10% de productos provenientes de la agricultura familiar, pero aseguró que apenas se alcanzó el 8,7%.
“¿Por qué no llegaron ni siquiera al mínimo de lo que exigía el contrato?”, cuestionó el senador.
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También criticó la concentración de contratos en pocas empresas proveedoras y sostuvo que el objetivo del proyecto es ampliar las oportunidades para pequeños productores del interior del país.
“¿Cómo llegamos a que Hambre Cero sea un negocio para la producción de frutas y hortalizas a nivel nacional y para los pequeños productores?”, planteó.
Soroka aclaró además que el proyecto no afectaría contratos vigentes y que la eventual modificación sería aplicada recién para futuras licitaciones.
Nakayama advierte contra decisiones “emocionales”
El senador Eduardo Nakayama (independiente) manifestó dudas sobre el momento político del proyecto y pidió evitar decisiones impulsadas por emociones coyunturales.
Nakayama mencionó el escándalo generado tras la ostentosa fiesta de 15 años vinculada al gobernador de Concepción, señalando que a partir de allí surgieron cuestionamientos generalizados hacia todos los gobernadores.
“No podemos legislar conforme a motivaciones emocionales. No podemos poner a todos en la misma bolsa”, expresó.
El legislador sostuvo que, en caso de existir irregularidades, deben actuar los órganos de control y no modificar toda la estructura del programa por denuncias puntuales.
Celeste Amarilla rechaza transferir recursos a municipios
La senadora Celeste Amarilla (PLRA) también se mostró contraria al proyecto y aseguró que descentralizar el programa podría empeorar los controles. “No estoy de acuerdo. Estamos hablando de comida de niños”, afirmó.
Amarilla criticó además el funcionamiento de la agricultura familiar campesina, asegurando que muchos productores no están formalizados ni cuentan con facturación legal para vender al Estado.
La legisladora sostuvo que el problema de la alimentación escolar debe abordarse como una política nutricional integral y no solamente como un sistema para “llenar la pancita”.
Ignacio Iramain pide mayor análisis técnico
En tanto, el senador independiente Ignacio Iramain (independiente) reclamó mayor información técnica antes de avanzar con cambios estructurales.
Iramain cuestionó si los municipios realmente cuentan con capacidad contable, sanitaria y administrativa para manejar la alimentación escolar sin afectar el calendario educativo.
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También planteó dudas sobre el impacto real de la agricultura familiar dentro del sistema y defendió la necesidad de fortalecer políticas públicas que permitan robustecer la producción campesina. “No es un problema de populismo, es un problema de política de Estado”, remarcó.
Ejecutivo sostiene que Hambre Cero “está funcionando”
Durante la reunión también participó Juan José Galeano, asesor de la Presidencia en asuntos sociales y económicos, quien defendió los resultados actuales del programa.
Según indicó, Hambre Cero ya alcanza a más de 263 distritos y unas 7.000 escuelas públicas en todo el país, movilizando alrededor de 60 millones de dólares en participación de Mipymes y agricultura familiar.
“Creemos que hoy el programa está funcionando correctamente. Obviamente siempre existen espacios de mejora”, afirmó.
Mientras tanto, el director jurídico Justo Domínguez evitó emitir una postura oficial y anunció que presentarán una ponencia por escrito.
Proyecto seguirá en debate
Finalmente, la Comisión de Legislación no logró emitir dictamen sobre el proyecto de descentralización de Hambre Cero, por lo que el debate continuará en próximas reuniones y audiencias públicas convocadas por el Senado.