El diputado Diosnel Aguilera que integra el movimiento Frente Radical del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) señaló que hace tiempo vienen advirtiendo que la licitación de las máquinas de votación para el gobierno de Santiago Peña es un “botín” y que no existe un interés real en garantizar unas elecciones transparentes.
Lea más: Cajonean indicios de anomalías del proveedor de máquinas de votación
“Desde nuestro movimiento político fijamos de manera categórica que mientras persistan las dudas, decimos no a las máquinas y planteamos volver a la votación con papeletas”, señaló Aguilera.
Desde hace bastante tiempo, el legislador incluso propuso un sistema mixto que permita un control cruzado, donde las listas unipersonales (presidente, intendente, gobernadores, etc) se voten mediante papeletas, mientras que las listas plurinominales (Senadores, diputados, juntas municipales y departamentales) se hagan con las máquinas de votación.
Sin embargo, todos sus reclamos han sido ignorados hasta ahora, pese a que hasta un dictamen de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) recomendó un sumario, ante posibles faltas graves, al Consorcio Comitia - MSA, adjudicado con el contrato de alquiler de las máquinas de votación.
“No pedimos modificación de la ley electoral pero no podemos ir al matadero con unas máquinas que te pueden robar las elecciones”, enfatizó Aguilera.
El legislador insistió en que incluso antes de este pedido de investigación a Comitia - MSA, que pasó de eliminada en una primera licitación de compra de máquinas de votación a adjudicada en segundo proceso para el alquiler de dichas máquinas, ellos ya tenían sus dudas sobre los procesos licitatorios.
“Existe una fundamentada duda sobre la confiabilidad de las máquinas de votación que los técnicos del TSJE no pudieron refutar. Desde el mismo inicio del proceso licitatorio, para la compra primero y para el alquiler después, estuvieron empañados por denuncias de distintos sectores que señalaban groseras maniobras para direccionar la adjudicación", recordó Aguilera.
Sin embargo, para ellos, lo que les genera total desconfianza es el hecho de que “el verdadero interés es el botín, los millones de dólares de recursos públicos para los amigos del poder y no la transparencia del proceso”, y sobre todo “las dudas fueron confirmadas cuando se concreta el alquiler de las máquinas de votación al grupo económico ligado al Presidente Peña”.
Lea más: TSJE adjudica máquinas de votos a única oferta vinculada a Peña y Ueno
Esto ya que posteriormente se conoció que entre los representantes legales de Comitia - MSA fueron designados los abogados Pablo Debuchy y Franco Boccia, que integran el estudio jurídico Gross Brown, ligado a Eduardo Gross Brown Costa, director suplente y accionista de Ueno bank.