El tratamiento del proyecto de ley fue reflotado casualmente después que el intendente saliente, Nelson Cano (ANR, HC) perdiera la interna contra Oscar “Melli” González (ANR, Hernandarias se Levanta), por lo que se interpreta como un apriete al aspirante a jefe municipal que no responde al oficialismo. Meses atrás, Cano había expresado al Senado que el dinero de la “venta” ya fue utilizado.
El expediente además generó un prolongado debate en la Cámara de Senadores sobre la doble moral de perseguir a pequeños invasores de tierras mientras que las ocupaciones ilegales por parte de empresas e industrias se defienden como un incentivo a las inversiones y las fuentes de trabajo.
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El tratamiento no reunió los 23 votos necesarios para ratificar la primera aprobación del Senado y quedó firme el rechazo de la Cámara de Diputados. Por ende fue remitido al archivo.
El expediente buscaba desafectar del dominio municipal y transferir a título oneroso la finca N° 15649 y fue presentado por los senadores liberocartistas José Ledesma y Edgar López.
Senadores opositores denunciaron que dicha empresa ofreció a la comuna US$ 500.000 durante la gestión del fallecido Mario Castillo (PLRA), de los cuales la intendencia saliente, a cargo del cartista Cano, ya gastó la mitad sin tener una ley y no tiene cómo devolver ese monto, según justificaron sus autoridades.
Edgar López dijo que el proyecto busca regularizar una situación de hecho desde hace 20 años y que tanto la intendencia como la Junta Municipal dieron su aprobación. Agregó que la empresa también cedió un terreno a cambio del trato.
Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) dijo que cuando hay invasiones se habla de “meter presa” a la gente pero con una “empresa potentada de capital brasilero” se habla de “inversores” y de “regularizar una situación de hecho”.
Colym Soroka (ANR) defendió el proyecto argumentando que las calles tomadas dan a la reserva de Itaipú o que están rodeadas por la empresa, de manera que no obstruyen el tráfico a nadie.
Rafael Filizzola (PDP) dijo que la ocupación fue ilegal y que en tal caso la empresa puede demandar a la comuna por el daño sufrido.
Líder Amarilla (PLRA) dijo que los municipios no pueden tener carta blanca para andar vendiendo o regalando calles.