La protesta está prevista para el próximo 13 de julio, con un encadenamiento simbólico frente al Palacio de Justicia y una posterior marcha hasta el Juzgado de la Encarnación, donde entregarán un petitorio colectivo respaldado por abogados.
Desde la organización sostienen que la denominada “mafia de los pagarés” opera mediante juicios promovidos con documentos presuntamente falsificados y procesos judiciales que derivan en embargos masivos.
“Nos roban el salario, los bienes y las casas con firmas falsas y juicios armados”, señala el manifiesto difundido por la Coordinadora.
Un esquema que movería US$ 92 millones al año
En una reunión realizada meses atrás, los representantes de la Coordinadora expusieron ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional el impacto económico y social del fenómeno.
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Según los datos presentados por la organización, el esquema de embargos y cobros judiciales genera una recaudación estimada en más de US$ 92 millones anuales.
Los afectados sostienen que miles de trabajadores, jubilados y familias han visto comprometidos sus ingresos debido a descuentos judiciales que consideran abusivos o irregulares.
Reclaman sanciones a ministros de la Corte
Uno de los principales reclamos del colectivo es el avance de medidas políticas y judiciales contra autoridades del sistema de justicia. La Coordinadora reiteró su pedido de enjuiciamiento de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia, a quienes responsabilizan de no haber adoptado acciones contundentes para frenar los casos denunciados.
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Además, cuestionan lo que describen como un sometimiento del Poder Judicial a intereses económicos y grupos de poder. “Nos encadenamos para romper el silencio y defender nuestros derechos”, expresaron los organizadores de la movilización.
Las exigencias de las víctimas
Entre los principales pedidos que serán presentados durante la marcha figuran:
- El levantamiento colectivo e inmediato de los embargos considerados abusivos.
- La aprobación de una ley de emergencia para el traslado de expedientes e indemnización a las víctimas.
- El juicio político y la destitución de jueces, fiscales y funcionarios señalados como responsables o cómplices de los esquemas denunciados.
Los organizadores esperan una amplia participación de afectados de distintos puntos del país y sostienen que la movilización busca visibilizar una problemática que, según afirman, ha provocado graves consecuencias económicas y sociales para miles de familias paraguayas.