El vicepresidente primero de la Cámara Baja, el aliado cartista Hugo Meza (ANR, B) había dicho apenas ayer que supuestamente debatirían en mesa directiva - donde se define el orden del día para las sesiones - el tratamiento de los pedidos de desafuero cajoneados en algunos casos desde el 2019; sin embargo, finalmente una vez más se impuso la ley del “ñembotavy”.
“No, no se tocaron ninguno de los pedidos de desafuero de varios colegas diputados que están hace bastante tiempo. Quedamos para la próxima semana seguramente poder tocar eso, porque faltaban algunos líderes de bancada para poder efectivamente tocar esos temas pendientes", alegó Meza tras la reunión de líderes de bancada.
Con ese cuento, el cartista Esteban Samaniego viene siendo blindado por sus colegas desde 2019 y en cuatro causas distintas, tres de ellas vinculadas a violencia física o atropello de residencia y una por presunto daño patrimonial cuando era intendente de Quyquyhó, causa por la cual hoy el juez Osmar Legal reiteró el pedido de desafuero.
Meza se limitó a valorar positivamente el desafuero aprobado ayer del diputado Mauricio Espìnola (ANR, Añeteté), solicitado por él mismo, que actuó “de forma muy responsable y coherente”, virtudes de las que aparentemente carece y no le exigen a Samaniego.
Además de Samaniego, tienen pedidos de desafuero pendiente los diputados liberales Roya Torres y Cleto Marcelino Giménez; el de Yo Creo, Walter García y otro pedido -si controvertido y con dictamen por el rechazo- contra Mauricio Espínola.
Este último caso es el único que se recomendó su rechazo, luego de detectarse vicios de ingerencia política, ya que la causa por supuesta divulgación de secretos en acto de servicio y otros fue abierta en base a una denuncia del titular de la ANR, Horacio Cartes y se filtraron chats donde el abogado de HC, Pedro Ovelar ordenaba diligencias al entonces fiscal del caso, Aldo Cantero.