Unos G. 39.140.484 son los que llevan cobrado solo en “extra” en concepto de “bonificación por responsabilidad” en lo que va del año la mayoría de los ministros del Gobierno de Santiago Peña, gracias a que la Cámara de Diputados viene dilatando lo máximo posible un proyecto de ley para prohibir este escandaloso beneficio, y para colmo, que solo regiría con suerte para el último semestre del año y ni siquiera para los posteriores.
En marzo pasado estalló el escandaloso dato de que altas autoridades del Gobierno de Santiago Peña y el presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, se habían asignado millonarios sobresueldos a sus ya abultados salarios, mediante la figura de “bonificación por responsabilidad”, con el descaro además de que en ese entonces planteaban imponer una “economía de guerra” a la ciudadanía.
Ante esto, acorralado por ser el que mayor monto se había autoasignado y las críticas consecuentes, el presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez además de verse forzado a renunciar a cobrar su “mega bono” de G. 21.100.950, tuvo que acompañar el proyecto de ley “que suprime durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política”.
En el caso de “Bachi”, el escándalo fue mayúsculo, ya que esos G. 21 millones se sumaban a su dieta y gasto de representación (G. 42.201.900), es decir, al mes cobraba G. 63.302.850, hasta que fue pillado.
Los que no se ruborizaron ni un poco fueron los ministros del Gobierno de Santiago Peña que pese tener la misma posibilidad de “Bachi” de tomar la decisión administrativa (sin necesidad de una ley que obligue), siguen aferrados al cobro de esta “bonificación por responsabilidad”, con la salvedad de que además de su elevado salario (G. 22.000.000) ellos ya cobran un importante monto en concepto de “gastos de representación” (G. 4.093.655).
Todos los ministros del Ejecutivo -incluida la “bonificación por responsabilidad”- cobran al mes G.32.617.055, por lo que el monto adicional del beneficio acumulado en estos seis meses representa más de un “aguinaldo extra” (G. 39 millones).
Según se constata en las planillas disponibles mediante la ley de acceso a información pública, el cobro se mantiene en el caso de los del Ejecutivo.
Como observación, dicho monto extra acumulado es menor -pero aún así lo mantuvieron- en el caso de los ministros que asumieron este año: Marco Riquelme reemplazó al actual jefe de gabinete civil de la Presidencia, Javier Giménez en el Ministerio de Industria y Comercio y el ahora ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera sustituyó a Carlos Fernández Valdivinos.
El proyecto de ley que figura como 4° punto del orden del día de la sesión ordinaria de Diputados de este martes 30, pese a haber ingresado en abril ni siquiera cuenta aún con dictamen de comisiones.
Salvo que el martes antes de sesión ordinaria la Comisión de Presupuesto dictamine este proyecto, su estudio podría postergarse hasta la próxima semana, al filo de la sanción automática, ya que tiene como fecha límite para su tratamiento el jueves 9 de julio.
Que ministros “estén mejor” importa más que remedios para la gente
Como ya se comentó, este proyecto surgió ante el aluvión de críticas por el escandaloso beneficio, con el agravante de que evidenciaba que este gobierno priorizaba que sus ministros “ya estén mejor”, mientras acumulan millonarias deudas con farmacéuticas por la provisión de medicamentos y con empresas constructoras por parte de Obras Públicas.
Puntualmente este proyecto de ley plantea que lo que “ahorre” en estas bonificaciones, sea destinado al pago de la millonaria deuda con las farmacéuticas proveedoras del Estado.
El artículo 2° del proyecto de ley establece que “las partidas presupuestarias afectadas por las limitaciones establecidas en la presente ley, deberán ser reorientadas al pago de las deudas reconocidas, devengadas o exigibles, en el marco de los contratos con los proveedores de medicamentos, productos e instrumentos quÍmicos y medicinales, reactivos, dispositivos médicos, insumos hospitalarios, equipamientos, bienes de consumo sanitario, servicios de apoyo diagnóstico, terapéutico, logístico, tecnológico y demás bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del sistema público de salud”.
El proyecto también plantea que la prohibición alcance a autoridades de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) así como entes descentralizados, pero solo para PGN 2026, es decir, si durante el estudio del presupuesto del próximo año lo quieren restituir, pueden hacerlo tranquilamente.