La iniciativa fue presentada por el senador Colym Soroka (ANR), quien solicita conocer el listado de empresas adjudicadas para la provisión de alimentos escolares y, además, la nómina de productores de la agricultura familiar campesina que abastecen a esas firmas.
El pedido cobra especial relevancia luego de que el proyecto de ley del propio legislador, que plantea modificar el esquema de administración del programa Hambre Cero, permaneciera sin tratamiento durante varios meses.
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El proyecto de resolución establece que el Ministerio de Desarrollo Social, presidido por Tadeo Rojas, deberá remitir, en un plazo máximo de 15 días, un informe físico y digital con dos datos específicos:
- El listado de las empresas adjudicadas del programa Hambre Cero en el departamento Central.
- La nómina de productores de la agricultura familiar campesina que proveen alimentos a esas empresas.
Soroka sostiene que la información permitirá conocer con mayor precisión cómo se ejecuta el programa y cuál es el nivel de participación real de los pequeños productores dentro de la cadena de abastecimiento.
La propuesta para descentralizar Hambre Cero
El pedido de informes se da en paralelo al estudio de un proyecto de ley que busca modificar el modelo de gestión del programa de alimentación escolar.
La propuesta plantea que el Ministerio de Desarrollo Social continúe administrando Hambre Cero únicamente en Asunción, Central y Presidente Hayes, mientras que en el resto del país la ejecución pase directamente a las municipalidades, dejando atrás el esquema actualmente administrado por las gobernaciones.
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Según la exposición de motivos, el objetivo es fortalecer la agricultura familiar campesina mediante una compra más directa a productores locales, reducir la intermediación comercial, dinamizar las economías distritales y garantizar alimentos más frescos para los estudiantes.
Controles y mecanismos de fiscalización
El proyecto también incorpora mecanismos de control sobre el uso de los recursos públicos. Entre ellos se incluyen la obligación de presentar informes semestrales a la Contraloría General de la República, la posibilidad de intervención del Ministerio de Desarrollo Social cuando existan deficiencias en la administración municipal y la responsabilidad patrimonial directa de los funcionarios en casos de malversación de fondos.
Con el pedido de informes, Soroka busca obtener un panorama detallado sobre quiénes ejecutan actualmente el programa en el departamento Central y cuál es la participación efectiva de los productores de la agricultura familiar, un aspecto que considera central dentro del debate sobre una eventual descentralización de Hambre Cero.