La firma de un convenio de cooperación entre la Comisión Especial que investiga los títulos universitarios presuntamente falsos y la Contraloría General de la República desató fuertes cuestionamientos dentro del propio organismo legislativo.
Las senadoras Esperanza Martínez (PPC) y Celeste Amarilla (PLRA) instalaron la duda sobre un eventual “blanqueo” a universidades privadas y reclamaron que la investigación deje de concentrarse en instituciones públicas para avanzar sobre las casas de estudio señaladas en las denuncias.
La reunión, encabezada por el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, tenía como objetivo formalizar el acuerdo que permitirá a la Contraloría colaborar en el análisis de la abundante documentación remitida por organismos del Estado y universidades.
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El presidente de la comisión, senador Patrick Kemper (ANR-HC), explicó que recibieron respuestas de varias instituciones, aunque el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) todavía no remitió la información solicitada.
Agregó que existen expedientes de entre 600 y 900 páginas y que el apoyo técnico de la Contraloría será clave para procesar ese volumen documental.
Temen que la investigación termine “encerrada” en el Gobierno
La senadora y vicepresidenta de la comisión especial, Esperanza Martínez (PPC), fue la primera en expresar su preocupación por el rumbo que está tomando la investigación.
Advirtió que la participación exclusiva de la Contraloría podría limitar el alcance del trabajo y reclamó que la comisión incorpore otros actores independientes, incluyendo al Ministerio Público, para garantizar una investigación transparente.
“Estamos a más de un mes del inicio de la comisión y hasta ahora no vino la Universidad Sudamericana. La Contraloría toca los temas públicos, pero este problema está principalmente en el sector privado. De unas 60 universidades, entre el 60 y 70% pertenecen al ámbito privado”, cuestionó.
La legisladora sostuvo que existen indicios de estafa y recordó que, según el propio ministro de Educación, Luis Ramírez, incluso habría médicos con títulos irregulares.
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“Yo no quiero entregar este trabajo a los auditores de la Contraloría y esperar pasivamente un informe. Quiero llegar a la verdad y resolver el problema. Acá hay personas con títulos sin haber pisado un aula”, afirmó.
Martínez insistió en que la ciudadanía merece una investigación amplia debido a los enormes intereses económicos involucrados.
“Si no nos controlamos entre todos, habrá desconfianza. Esta comisión debe ocuparse del problema y no terminar haciendo un informe para que todo siga igual”.
Incluso planteó que, si las irregularidades se comprueban, la comisión debería impulsar el cierre de universidades. “Hay universidades que son solamente papeles y ni siquiera existen sus sedes. Si no tomamos medidas drásticas es porque no investigamos a fondo”, manifestó.
Celeste Amarilla: “Puro show, estamos dando vueltas”
La senadora Celeste Amarilla (PLRA) fue aún más dura y cuestionó directamente la estrategia impulsada por la presidencia de la comisión.
Recordó que integró la comisión bicameral que investigó el caso Darío Messer, cuyos trabajos derivaron en la presentación de 14 denuncias ante la Fiscalía, y sostuvo que la actual comisión también tiene amplias facultades para actuar.
Por ello preguntó cuál es el sentido de convocar nuevamente al fiscal general Emiliano Rolón si ya existen elementos suficientes para presentar denuncias penales.
También planteó que el Congreso tiene facultades para impulsar incluso el cierre de universidades creadas por ley cuando existan indicios de hechos punibles.
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Amarilla pidió dejar de concentrar la investigación en el MEC, el Cones y la Aneaes y enfocarse directamente en las universidades privadas denunciadas.
“Necesitamos asesores jurídicos. Dejemos que Cones, Aneaes y el MEC hagan su trabajo. Vayamos sobre las privadas, sobre los alumnos que compraron su título. Puro show es lo que estamos haciendo acá”, lanzó.
La legisladora insistió en que la comisión está perdiendo tiempo. “Estamos perdiendo tiempo con el ministro de Educación. Estamos dando vuelta. Vamos a comenzar por la Universidad Sudamericana y Da Vinci”, reclamó, al exigir además que sean convocados Euclides Acevedo y Óscar Rodríguez Kennedy, vinculados a la Universidad Sudamericana.
Bachi Núñez promete llegar “hasta el final”
Ante las críticas, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, aseguró que el Senado pondrá todos los recursos humanos y presupuestarios que sean necesarios para esclarecer los hechos.
Afirmó que la intención del Legislativo es llegar “hasta la verdad” y garantizó que, si el plazo de seis meses resulta insuficiente, impulsarán una prórroga del mandato de la comisión.
“Vamos a prestarle toda la estructura presupuestaria que se merece. Si en seis meses no llegamos al final, podemos prorrogar el mandato para llegar hasta las últimas consecuencias”, expresó.
Contraloría advierte sobre miles de funcionarios con títulos falsos
El contralor general, Camilo Benítez, explicó que la institución actuará como apoyo técnico dentro de las limitaciones legales que establece la Constitución.
Recordó que la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) ya presentó denuncias relacionadas con decenas de títulos emitidos por carreras sin acreditación o habilitación válida.
Benítez alertó que el problema tiene una dimensión nacional. “Existen miles de funcionarios que accedieron a cargos superiores con títulos que no deberían estar habilitados. Eso constituye un problema de Estado y del país”, afirmó.
Por su parte, Patrick Kemper buscó llevar tranquilidad a las legisladoras y aseguró que la comisión agotará todas las instancias institucionales antes de adoptar medidas.
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“No se preocupe, senadora Esperanza. Vamos a hacer el trabajo y, si tenemos que sugerir el cierre de 15 universidades, lo vamos a hacer”, respondió.
Sin embargo, las críticas de Martínez y Amarilla dejaron instalada una preocupación de fondo: que la investigación termine concentrándose en la burocracia estatal mientras las universidades privadas señaladas por las denuncias permanezcan al margen del escrutinio parlamentario.
Finalmente, la comisión resolvió convocar a los representantes de las universidades Sudamericana y Leonardo Da Vinci.