Mientras el Ministerio Público avanza con allanamientos a institutos irregulares, ABC accedió a la nómina de los primeros funcionarios estatales acorralados por el escándalo de los títulos universitarios falsos. Al cruzar los más de 300 legajos derivados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a la Fiscalía, con los registros de la Función Pública, detectamos a empleados ubicados en áreas críticas de ministerios, municipalidades y el sistema de justicia.
Este jueves la Fiscalía intervino un curso de posgrado supuestamente irregular realizado por el denominado Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales (Isics), que ya habría emitido títulos universitarios “fantasma” en años anteriores, pese a que funciona de manera irregular, como indicaron las autoridades.
Pero paralelamente, el MEC derivó más de 300 casos de títulos falsos al Ministerio Público para la investigación penal. En principio, pensaban que en su mayoría se trataba de diplomas en Ciencias de la Educación y profesorados, pero luego descubrieron que afecta a todas las áreas del saber. Así lo afirmó el ministro de Educación, Luis Ramírez.
El equipo fiscal conformado para indagar en esta causa está compuesto por la fiscala Teresa Sosa Laconich, como agente encargada del caso, y el fiscal Juan Leonardi Guerrero, coordinados por el fiscal Augusto Salas Coronel.
Radiografía del fraude: Los funcionarios estatales bajo la lupa judicial
ABC accedió a la lista de los primeros 145 casos de títulos falsos, que el MEC derivó a la Fiscalía. Al cruzar los datos de las personas que tendrían los documentos no auténticos, con información de la Secretaría de la Función Pública (SFP), pudimos constatar que aparecen al menos 21 funcionarios de importantes entidades, como el Instituto de Previsión Social (IPS), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
A continuación, la “lista negra” de los primeros 21 funcionarios públicos que están en la mira de la Justicia por tener títulos que serían apócrifos:
Datos clave de la nómina investigada por la Fiscalía
- 3 municipios afectados en Alto Paraná: Funcionarios investigados en las comunas de Minga Guazú, Juan E. O’Leary y Domingo Martínez de Irala.
- 1 municipio afectado en San Pedro: Empleados bajo sospecha en la Municipalidad de Capiibary.
- 2 funcionarios del IPS: Personal que depende directamente del Instituto de Previsión Social.
- 2 funcionarios del Ministerio de Salud: Trabajadores que figuran en la nómina activa de la cartera sanitaria estatal.
- 10 docentes del MEC: Asignados a escuelas y colegios públicos del interior del país, incluyendo el caso agravante de personal en una escuela indígena de Canindeyú.
- Más de 300 casos derivados: Es el volumen total de títulos universitarios sospechosos que el MEC ya entregó a la Justicia para la persecución penal.
- 283 funcionarios educativos sumariados: La cifra de empleados del MEC bajo investigación administrativa interna, la cual el ministro Luis Ramírez calificó como un “récord”.
El doble discurso del MEC: Premian a exdirectora en medio del escándalo por diplomas apócrifos
El ministro de Educación, Luis Ramírez, se ufanó también de separar de sus cargos a 13 directores y jefes que estaban en puestos clave para el registro de títulos en la cartera educativa.
Sin embargo, premió a una de las “desvinculadas” con el cargo de directora de Gabinete del Viceministerio de Educación Superior (VES), a cargo de Hermenegildo Cohene.
Se trata de Natalia Ortiz, funcionaria con fuerte influencia partidaria dentro de la entidad, quien era directora de Universidades y pasó a ser directora de gabinete en el mismo viceministerio. Mantiene un sueldo superior a G. 18 millones.
Los títulos falsos y el esquema internacional: Imputan a empresario por posgrados fantasma
Entretanto, el fiscal Aldo Cantero, encargado de la investigación al Isics, imputó esta mañana por presunta estafa y producción de documentos no auténticos, al empresario brasilero Ismael Fenner, quien había montado todo un esquema para supuestamente brindar posgrados “mau” a estudiantes brasileros.
La imputación se da luego de un allanamiento en el Hotel Crowne Plaza de Asunción, donde el agente fiscal ordenó suspender un seminario y clases que se estaban desarrollando en un piso entero del edificio. Había más de 100 ciudadanos brasileros capacitándose en esta actividad que no estaba autorizada ni por el MEC ni por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).