Según el Presupuesto de Gastos de la Nación del 2026, el Ministerio de Obras Públicas tiene 3.421 funcionarios actualmente. Paralelamente, dicha cartera destina altas cifras a trabajadores del sector privado y los contratos abarcan principalmente servicios vinculados con fiscalización de obras, asistencia técnica, gerenciamiento y otros servicios profesionales relacionados con proyectos de infraestructura.
Según datos disponibles en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la cartera de obras a cargo de la ministra Claudia Centurión ya firmó contratos por G. 253.200 millones en ese concepto. El monto más elevado destinado a un consultor independiente fue de G. 250 millones por fiscalizar una obra.
Un solo proyecto puede llegar a tener múltiples fiscalizadores. Por ejemplo, el más costoso en materia de consultores es la “Ruta de la Soberanía” (PY17), que adjudicó G. 51.959 millones a cuatro proveedores, con financiamiento de la CAF y FONPLATA. Los beneficiados fueron Ingeneg, Dynatest Engenharia LTDA - Sucursal Paraguay, Electropar Ingenieros Consultores SRL, HYTSA Estudios y Proyectos SA Sucursal Paraguay.
Otro contrato de elevado monto corresponde a la fiscalización del diseño, construcción y mantenimiento por niveles de servicio de la ruta PY-15, tramo Mariscal Estigarribia-Pozo Hondo. En este llamado aparecen dos adjudicaciones: una por G. 22.590.767.789 al Consorcio Chaco y otra por G. 17.678.155.000 al Consorcio Consultor Bioceánico.
Cabe resaltar que varias de estas obras son realizadas con préstamos de entidades internacionales que establecen la obligatoriedad de contar con consultores externos. No obstante, existen mecanismos de selección previstos por contrato, que establecen como prioridad que el monto adjudicado sea el más beneficioso para el Estado, pese a que el presupuesto sea alto. Además, los procesos deben ser siempre difundidos en el portal.
Los que más contrataron
Los datos muestran que el gasto no está distribuido de manera uniforme. En segundo lugar, después del MOPC, está la ANDE, que acumuló G. 104.690 millones en estos conceptos. Ambas instituciones concentran los contratos de mayor monto (75% del total), que están sobre todo relacionados con proyectos de infraestructura, fiscalización y asistencia técnica.
En tercer puesto se encuentran la Corte Suprema de Justicia, que en 11 llamados adjudicó unos G. 14.585 millones y el Ministerio de Salud Pública, que firmó contratos por G. 12.110 millones para consultores privados.
En cuarto lugar se encuentra el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, con G. 9.080 millones y, en quinto puesto, está el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, con G. 7.544 millones.
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Cuestionado llamado del MEC
Un caso sonado dentro de este listado guarda relación con un llamado del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que registró cinco contratos por un total de G. 7.100.000.000 para “servicios de relevamiento de infraestructura de locales escolares”, es decir, para ver el estado de las escuelas.
Las adjudicaciones fueron para Tomás Robert Sosa Aguilera, por G. 1.505.350.000; Red de Ingeniería de Servicios SA (REDINSA), por G. 1.437.900.000; Control SA, por G. 1.437.250.000; Consultora de Ingeniería Alto Paraguay SA, por G. 1.370.500.000; y Técnico Consultores SA, por G. 1.349.000.000.
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Consultores que más cifras acumularon
Al ver el listado de proveedores, los más beneficiados en este periodo de tiempo se encuentran mayoritariamente en Obras Públicas. El principal es el Consorcio Inel Consultores, con G. 37.055 millones, que fiscaliza los “Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País”, realizados por la ANDE.
En segundo puesto está el Consorcio Binacional Yguazú, que fue adjudicado con G. 36.096 millones para realizar consultorías para el Proyecto de Construcción de la LT 500 KV Yguazú. En tercer lugar está Ingeniería Alto Paraguay SA, con G. 32.794 millones en un total de siete contratos distintos y, en cuarto, Dynamus Marketing Promocional SA (DYSA), por G. 26.030.581.320, para “apoyo técnico y fiduciario”.
En quinto orden se encuentra el Consorcio Chaco, que recibió G. 22.590 millones del MOPC, por la fiscalización de las obras de la Ruta PY -15 Tramo Mariscal Estigarribia, Pozo Hondo y el acceso a Mariscal Estigarribia.
En cuanto a los consultores independientes, quien se llevó la mayor cifra, muy por encima del resto, es Clara Antonia Benítez Díaz, por “servicio de consultoría para trabajos sociales” con pueblos originarios. Recibió de parte del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat G. 2.613.333.333 en el año 2024.
Le sigue el consultor Robert Sosa Aguilera, quien recibió G. 1.505.350.000 por servicios de relevamiento de infraestructura de locales escolares, adjudicado por el Ministerio de Educación y Ciencias. Paralelamente, también se vio beneficiado en estos años con otros tres contratos más, totalizando así la suma de G. 2.215.005.350, en concepto de fiscalización de obras de varias instituciones públicas.
Cifras que van desde los G. 100 millones hasta incluso casi G. 1.000 millones para consultores independientes figuran también en gobernaciones y municipalidades.
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