El estado de cuenta de la senadora Zenaida Delgado (ANR, oficialista), con datos acumulados hasta octubre, registra tres cifras principales: aportes totales, deuda propia y obligaciones en las que aparece como codeudora.
Según la información facilitada por la exsenadora y presidenta del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo, Blanca Lila Mignarro (PLRA), Delgado figura como codeudora en dos operaciones crediticias correspondientes a dos personas distintas.
Los datos permiten dimensionar las obligaciones financieras vinculadas a la legisladora, aunque no detallan por sí solos el origen, las condiciones ni el estado de cada préstamo.
Funcionarias denunciaron presuntos cobros por nombramientos
La situación financiera de Delgado surge en medio de las denuncias de funcionarias que trabajaron bajo su órbita en el Congreso Nacional. Lorena Gauto y Leonarda Vera la señalaron por supuestamente exigir sumas de dinero a cambio de acceder a nombramientos o mantener sus puestos laborales.
Vera relató que ingresó al Congreso en 2023 por pedido de la senadora y que llegó a entregarle G. 50 millones. Según su testimonio, consiguió G. 30 millones mediante un préstamo del Banco Nacional de Fomento (BNF) y otros G. 20 millones del Fondo Parlamentario.
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La denunciante sostuvo que Delgado figuró como codeudora de esta última operación y que entregó el dinero en efectivo dentro de la camioneta de la legisladora, después de una sesión del Congreso.
Vera afirmó, además, que percibía un salario de G. 7.500.000 y que le descontaban mensualmente alrededor de G. 2 millones para pagar sus préstamos.
Lorena Gauto denunció otro préstamo y nuevos pedidos de dinero
Gauto, por su parte, contó que ingresó como contratada en octubre de 2023 y que el pedido de dinero surgió cuando comenzó a gestionar su nombramiento permanente.
Según su versión, inicialmente le solicitaron G. 50 millones, pero solo pudo conseguir G. 15 millones mediante un préstamo del Fondo Parlamentario. La funcionaria afirmó que una persona de su entorno laboral intervino como codeudora porque Delgado ya no podía ofrecer su aval en otra operación.
Gauto también denunció que, posteriormente, la legisladora le habría reclamado otros G. 100 millones, divididos en dos pagos: G. 50 millones en ese momento y otros G. 50 millones en diciembre.
Ambas denunciantes vincularon las supuestas exigencias económicas con sus posibilidades de acceder a un nombramiento y con posteriores conflictos laborales. Sus relatos forman parte de las acusaciones que deberán ser investigadas y contrastadas con las pruebas correspondientes.
Pedido de pérdida de investidura y causa penal
En paralelo, la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, junto con otros legisladores, presentó un pedido de pérdida de investidura contra Delgado por presunto uso indebido de influencias, con base en el artículo 201 de la Constitución Nacional.
Además, el Ministerio Público abrió una causa penal a partir de la denuncia presentada por el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, según los antecedentes proporcionados.
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El caso plantea interrogantes sobre el uso de préstamos del Fondo Parlamentario por parte de funcionarios legislativos, las obligaciones asumidas por quienes figuran como codeudores y la eventual relación entre esas operaciones y las denuncias de presuntos cobros por nombramientos.
La existencia de deudas y la condición de codeudora no prueban por sí mismas la comisión de un delito. La investigación deberá determinar si las operaciones crediticias guardan relación con los hechos denunciados.