La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley “De Seguros”, el cual pretende sustituir a la actual legislación vigente del mismo nombre y que data de 1996, introduciendo actualizaciones, aunque del más de centenar de artículos, un par fueron cuestionados y algunos modificados.
El presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Cooperativismo, el peñista Héctor “Bocha” Figueredo defendió el proyecto tal cual vino del Senado y que fue defendido por autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), ente rector a través de la Superintendencia de Seguros.
Sin embargo, diputados opositores como Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), Pedro Gómez (PLRA, Nuevo Liberalismo) y Johanna Ortega (Partido País Solidario) plantearon modificaciones que fueron propuestas por gremios de agentes de seguros de nuestro país, sobre todo ante el temor de castigos excesivos y abusivos y el riesgo de monopolio por parte de ciertas empresas del sector.
Vallejo mencionó que recibieron en la comisión de Legislación tanto a las autoridades de la Superintendencia de Seguros como a los representantes de empresas de seguros, ante lo cual plantearon modificaciones a fin de clarificar la ley y evitar “superpoderes” al BCP para castigar incluso sin cumplir todos los pasos previos.
“La ley no dice que de forma obligatoria se deban tomar las medidas preventivas. Entonces, ponerle que el día de mañana venga, no sé, alguien totalmente dictatorial o autoritario y diga: ‘No, acá ya no se aplican las medidas preventivas. Directo nos vamos a sumario y pena máxima’. Entonces, eso queremos precautelar para un sector tan delicado”, explicó Vallejo sobre la reforma que finalmente introdujeron a artículos como el 132.
El diputado Pedro Gómez se sumó a argumentar los pequeños cambios propuestos, remarcando que están conscientes de la importancia de esta reforma para la actualización a los estándares modernos, pero también están obligados a dar la mayor claridad posible a la Ley sobre todo porque con las sanciones se puede jugar con el futuro de las empresas aseguradoras.
Previamente a la votación en general, los opositores habían perdido en la moción de tratar el proyecto con modificaciones, pero hicieron un segundo intento durante el tratamiento en particular, donde, por aparente desatención de la mayoría peñista, se aprobaron un par de modificaciones.
“Quisiera agregar esta pequeña salvedad puede en el futuro quedar como una cuestión que pueda salvar muchas empresas paraguayas. Nuevamente en el 132, presidente, agregar el párrafo: ‘las medidas preventivas o correctivas en los casos en que pueden ser aplicables, tendrán carácter previo a la instrucción del sumario administrativo’”, dijo Gómez.
Acotó que este era “un último intento a ver si podemos hacerle entrar en razón a algunos colegas”, ante lo cual no tuvo objeciones y se aprobó el proyecto.
Cualquiera pensaría que se logró sensibilizar a los peñistas; sin embargo, más tarde el peñista “Bocha” Figueredo se dio cuenta de lo acontecido y pidió anular esa decisión.
El presidente de la Cámara de Diputados, el también peñista Raúl Latorre, constreñido por el reglamento, le recordó que esos puntos ya se habían aprobado y que para revertirlos, se debía plantear una reconsideración de votos que debía ser aprobada por mayoría absoluta, número que no tuvieron, por ende, los cambios quedaron firmes.
Recurrieron la VAR
Otro punto en controversia fue el planteado por la diputada Johanna Ortega (PPS) sobre el monto de las multas, que consideraba excesivas y que afectaban principalmente a las aseguradoras que no estaban ligadas a bancos o entidades financieras.
A fin de aclarar si su propuesta de modificación también pasó como la de Pedro Gómez o si “Bocha” Figueredo se dio cuenta antes, Latorre tuvo que solicitar a la sala técnica ver ante todo el pleno la repetición de la sesión.
“Vamos a llamar al VAR, vamos a pasar la filmación”, dijo Latorre, pasando in extenso esa parte del debate y confirmando que esa moción no se aprobó.
La crítica de Ortega fue sobre el monto de las multas a ser aplicadas, que van de 101 hasta 5000 (salarios mínimos) para personas jurídicas y de 51 hasta 500 para personas físicas, que consideró son excesivas y tendrán un impacto letal para aseguradoras que no tengan respaldo de bancos.
“¿Qué es lo que van a hacer con esta propuesta en particular o en qué se va a traducir?. En una protección mayor de la concentración de las compañías de seguros que están manejadas por bancos y una posible multa que podría distorsionar el funcionamiento de la oferta en el mercado hacia las compañías de seguro que son independientes de los bancos", dijo Ortega.
Acotó que, al final, con esta multa excesiva “es una medida que busca monopolizar el negocio en pocas manos”. Pese a estos argumentos, su propuesta fue rechazada.
El proyecto ahora vuelve al Senado, donde se necesita mayoría absoluta (23 votos) para ratificarlo en su versión original, de lo contrario, quedará sancionada la versión aprobada hoy en Diputados.