El contralor general del Estado, Camilo Benítez, presentó dos anteproyectos de ley que buscan fortalecer el control público y el régimen de prevención de conflictos de intereses.
Sin embargo, esta presentación llegó tarde, cuando el daño por la flexibilización de la ley “contra puertas giratorias” llevaría al país a la crisis financiera.
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Dos anteproyectos de ley fueron presentados hoy por el contralor Camilo Benítez, y el subcontralor Armindo Torres, al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.
Uno de ellos propone derogar la Ley N.º 7236/2024 que había sido impulsada por el oficialismo colorado para mutilar la Ley N.º 7089/2023 “Que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”.
La CGR propone ahora restablecer el texto original recuperando dos salvaguardas esenciales: las restricciones posteriores al cese en el cargo y la inclusión del grupo familiar en la prevención de conflictos de intereses.
En abril de 2023, durante la gestión de Mario Abdo Benítez, fue promulgada la ley contra puertas giratorias, pero lamentablemente fue mutilada en el 2024.
Apenas llegó al poder Santiago Peña, el oficialismo en el Congreso Nacional mutiló la ley, lo que facilitó que profesionales ligados a “empresas amigas” lleguen a la función pública y accedan a documentación privilegiada del Estado.
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Ahora se busca nuevamente establecer un plazo de dos años para los miembros del Directorio del Banco Central del Paraguay, y los Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Valores para que no puedan ejercer cargos de dirección, gerencia, sindicatura o asesoría en las entidades supervisadas ni en empresas pertenecientes a su mismo grupo económico.
Nueva ley para la CGR
El segundo proyecto plantea una nueva Ley Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República para poder reaccionar de manera más temprana ante las denuncias de corrupción y contar con más herramientas legales.
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La Contraloría alega que, en el ejercicio de las atribuciones legales, siempre se dispusieron las actividades de control. Sin embargo, durante su desarrollo, encontró limitaciones derivadas de la normativa legal vigente, que restringen el alcance y la eficacia de su labor.
Para tratar de minimizar las críticas, Camilo Benítez dijo que el actual momento de crisis nacional convoca a todas las instituciones de la República a adoptar medidas urgentes y coordinadas para esclarecer lo acontecido, deslindar las responsabilidades y promover las acciones contra los funcionarios públicos responsables.
Por lo cual, propone varias mejoras a la carta orgánica como, por ejemplo, el acceso a los datos del Estado en tiempo real, no solo de manera documental, sino también digitalizado.
Además, propone el cobro de multas y el uso de inteligencia artificial con garantías para habilitar el uso de analítica de datos para la detección temprana de anomalías, con supervisión humana obligatoria, trazabilidad y derecho de explicación.
Asimismo, se buscan declaraciones juradas sin vacíos, lo que permitirá el examen de correspondencia incluso con una sola declaración jurada y durante el ejercicio del cargo, sin necesidad de esperar al cese del funcionario.
Se busca consolidar también la rectoría del Régimen Nacional de Integridad y el régimen de conflictos de intereses. Además, se busca incorporar la remisión a la Procuraduría General para la persecución civil orientada al recupero de los recursos públicos.