La Cámara de Senadores analizará mañana, a las 9:30, el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, durante el gobierno de Santiago Peña, que modifica artículos del Estatuto Agrario y de la ley que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
La iniciativa enfrenta cuestionamientos de la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), quien advierte sobre una eventual habilitación para disponer de tierras y bienes públicos.
La legisladora, presidenta de la Comisión de Reforma Agraria, calificó la propuesta como un posible “Ueno 2.0”, pero esta vez con tierras del Paraguay. “Es el mismo esquema, pero con tierras del Paraguay. No es poca cosa lo que vamos a discutir mañana”, manifestó.
Paredes sostuvo que en el Indert se habría montado un esquema de venta de tierras públicas a terceros y cuestionó que el proyecto pretenda dar respaldo legal a esas operaciones, en contradicción, según su interpretación, con los principios del Estatuto Agrario.
Entre los puntos que considera innegociables mencionó las atribuciones que se pretende conceder al titular del Indert para vender bienes del Instituto a personas que no son beneficiarias de la reforma agraria y la posibilidad de que el propio presidente determine las dimensiones de las Unidades Básicas de Economía Familiar (UBEF).
“Esto es muy delicado, pudimos cortar el tema del dinero de Ueno Bank, pero el tema de las tierras públicas es el próximo objetivo”, expresó.
El proyecto corresponde al Mensaje N° 372 del Poder Ejecutivo, remitido al Senado el 16 de abril de 2026. Plantea modificaciones a los artículos 52 y 56 del Estatuto Agrario y al artículo 14 de la ley orgánica del Indert.
El Gobierno de Peña había sostenido que la reforma busca facilitar la titulación de tierras para familias campesinas, eliminando trabas económicas y habilitando un esquema de pago diferido.
El tratamiento de la iniciativa ya había sido frenado antes de las elecciones municipales, luego de las advertencias de las senadoras Esperanza Martínez (PPC) y Yolanda Paredes (CN).
La legisladora cuestionó que el proyecto otorgue al presidente del Indert amplias facultades para decidir sobre la distribución de tierras en el país. También alertó sobre una eventual extranjerización de tierras y reclamó una discusión más profunda antes de que el Congreso tome una decisión.
Yolanda Paredes habla de la “gran mentira” del Gobierno
La senadora Yolanda Paredes rechazó que el principal objetivo del proyecto sea facilitar la titulación de tierras para los campesinos. “La gran mentira. Este proyecto no se trata de darle la facilidad de darle título al campesinado”, afirmó durante la sesión.
Paredes sostuvo que el punto central de la reforma es ampliar las atribuciones del presidente del Indert, actualmente Francisco Ruiz Díaz, para disponer de bienes del Instituto.
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“Este proyecto se trata específicamente de dar más atribuciones al presidente del Indert para vender tierras públicas a personas no sujetas a la reforma agraria. Ese es el caracú de esta cuestión”, manifestó.
La legisladora calificó el planteamiento como parte de un supuesto “gran negociado” y cuestionó a quienes sostienen que la iniciativa beneficiará exclusivamente a los campesinos.
“Hay mucho más detrás de este gran negociado que una vez más quieren hacer a través del INDERT”, agregó. También afirmó que se busca darle más atribuciones a Ruiz Díaz para que, según su interpretación, el esquema de ventas pueda concretarse.
Proyecto de Peña versus propuesta de Yolanda Paredes: ¿cuáles son las diferencias?
Una de las principales controversias está en el artículo 14 de la ley orgánica del Indert, que establece las atribuciones y funciones del presidente del Instituto.
El proyecto del Ejecutivo incorpora dos facultades específicas que no figuran en la legislación vigente: resolver la venta de bienes institucionales a personas que no sean beneficiarias del Estatuto Agrario y definir las Unidades Básicas de Economía Familiar.
La propuesta planteada por Paredes apunta a limitar esas atribuciones y establecer parámetros directamente en la legislación agraria.
Venta de bienes del Indert a terceros
El proyecto del Ejecutivo incorpora el inciso t al numeral 2 del artículo 14. Este habilita al presidente del Indert a resolver la venta de bienes muebles e inmuebles del Instituto a personas que no sean beneficiarias del Estatuto Agrario.
La iniciativa establece que las operaciones deberán realizarse a precio de mercado, respetar el mejor derecho de los beneficiarios y destinar los recursos obtenidos a programas de desarrollo rural, fortalecimiento institucional e infraestructura agraria.
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Paredes cuestiona que esta facultad específica quede en manos del presidente del Indert. Su planteamiento es mantener el régimen general vigente, que contempla el acuerdo y dictamen vinculante de la Junta Asesora y de Control de Gestión para la venta de bienes institucionales.
¿Quién definirá las Unidades Básicas de Economía Familiar?
Otro punto de controversia es la definición de las Unidades Básicas de Economía Familiar (UBEF), que determinan la superficie de tierra considerada necesaria para el desarrollo de una unidad productiva familiar.
El Ejecutivo propone incorporar el inciso u) al numeral 2 del artículo 14, otorgando al presidente del Indert la facultad de definir esas dimensiones.
Paredes plantea que los parámetros sean establecidos directamente en el Estatuto Agrario, mediante disposiciones legales, y no queden exclusivamente sujetos a la decisión del titular del Instituto.
La senadora propone las siguientes superficies:
- Región Oriental: entre 10 y 30 hectáreas para actividades agroganaderas y hasta 50 hectáreas para actividades exclusivamente ganaderas.
- Región Occidental (Chaco): entre 100 y 300 hectáreas para actividades agroganaderas y hasta 500 hectáreas para actividades exclusivamente ganaderas.
La discusión es relevante porque las dimensiones de las UBEF inciden en la distribución y adjudicación de tierras destinadas a la reforma agraria.
El patrimonio público y las facultades del presidente del Indert
Los principales cuestionamientos se concentran en tres aspectos: la posibilidad de vender bienes institucionales a personas que no son beneficiarias de la reforma agraria, la concentración de atribuciones en la Presidencia del Indert y la falta de parámetros legales específicos para determinar las dimensiones y el precio de las tierras.
Mientras el Ejecutivo sostiene que la reforma busca facilitar la titulación para las familias campesinas, Paredes advierte que las nuevas atribuciones podrían habilitar operaciones de venta de bienes públicos a terceros y reclama que las condiciones y los controles queden establecidos expresamente en la ley.