28 de marzo de 2026

La uruguaya Gianina García, pareja del presunto meganarco Sebastián Marset, supuestamente fumaba marihuana en el penal militar de Viñas Cue, donde ocupaba dos celdas y en las que se encontraron preservativos sin uso, machetillo, cosméticos y productos de belleza y hasta zapatos de tacos altos.

Sebastián Marset, ahora procesado en Estados Unidos por conspiración de lavado de dinero, ingresó por primera vez a Paraguay el 8 de abril de 2018 y salió por última vez de nuestro país el 7 de junio de 2021. En ese periodo, montó la estructura de tráfico de cocaína más importante jamás descubierta, pero que fue desmantelada en la histórica operación A Ultranza, ejecutada el 22 de febrero de 2022. Los ministros del Interior y la Senad ratificaron que actualmente ya no tenía conexiones aquí.

El juez Osmar Legal dispuso el inmediato traslado de Alexis González, exsecretario del capturado Sebastián Marset y procesado en el caso Nexus, al penal de máxima seguridad “Martín Mendoza” de Emboscada. La Fiscalía pidió esta medida en vista a que el mismo, supuestamente, seguía operando un esquema criminal estando privado de libertad.

La captura de Sebastián Marset da paso a la pregunta sobre qué pasará con la custodia de su pareja, Gianina García, quien se encuentra recluida desde hace casi un mes en el penal de máxima seguridad “Martín Mendoza” de Emboscada. El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, hizo algunas precisiones al respecto.
Personas vinculadas al caso A Ultranza estarían buscando apartar por las vías judiciales y si es necesario, extrajudiciales a los intervinientes lo que pone en riesgo la seguridad del fiscal Deny Yoon Pak y la jueza Rosarito Montanía. Tras la captura de Sebastián Marset, la situación se torna incierta en relación a cómo podrían actuar los involucrados.

La estructura de narcotráfico internacional, que según la Fiscalía lideraban Sebastián Marset y Miguel “Tío Rico” Insfrán Galeano, contó con el apoyo logístico de Erico Galeno Segovia para continuar la actividad ilícita en el año 2020. Esto demuestra un “vínculo de confianza y funcionalidad” con los presuntos criminales, según la sentencia que condenó a 13 años de cárcel al legislador.